Sin embargo, se sigue deteriorando la protección social y crece el número de personas sin empleo ni prestaciones. En el último mes ya son 2.007.600 los desempleados sin derecho a prestación y sigue en aumento, a pesar de la reducción del paro: hasta 2011, el número de personas paradas con prestación se ha reducido en 650.000, mientras que el paro registrado sólo bajó en 272.000.
La tasa de cobertura ha pasado del 68% en 2011 al 54% en 2015, lo que supone un 20% menos. El sistema excluye cada vez a más personas desempleadas y las prestaciones son de peor calidad. Las contributivas ya son menos del 39%, por lo que la mayoría son asistenciales, con una cuantía que se sitúa en torno a 426 euros al mes.
El aumento del paro de larga duración y los recortes en el sistema que impuso el Gobierno, con el RDL 20/2012, son las razones de fondo del deterioro del sistema, tanto en términos de cantidad (personas protegidas) como de calidad (cuantía de las prestaciones). La cuantía media de la prestación contributiva en octubre de 2015 es de 801 euros al mes en doce pagas, mientras que en 2011, antes de los recortes del Gobierno, alcanzaba los 858 euros.
Además de que el sistema no estaba preparado para una crisis tan larga, el Gobierno, en lugar de adaptarlo a esta realidad, lo ha recortado más con la intención de reducir el gasto en prestación por desempleo. El carácter antisocial de la política de ajuste que aplica el Ejecutivo, ahora en funciones, tiene su mejor ejemplo en el mayor recorte del gasto que se ha aplicado en la protección a quienes pagan el precio más alto de la crisis, aquellos que perdieron su empleo.
Reconstruir el sistema de protección al desempleo debe ser una de las prioridades en la próxima legislatura
En octubre de 2015, el gasto en prestaciones fue de 1.629 millones de euros; en 2011 alcanzaba los 2.461 millones de euros. Se ha reducido un 33% en cuatro años. De los 30.000 millones que se gastaron en prestaciones en 2011 (una tasa de cobertura del 68% y cerca de tres millones de personas protegidas) se pasará en 2015 a poco más de 20.000 millones de euros, es decir, 10.000 millones menos.
Reconstruir el sistema de protección al desempleo debe ser una de las prioridades en la próxima legislatura, con actuaciones en sentido contrario a las que se aprobaron en los últimos años.
A pesar de estas mejoras, el sistema aún dejaría al margen a un número creciente de personas con muchas dificultades para acceder a un empleo y cotizar el tiempo suficiente para generar una prestación. Son jóvenes que aún no han tenido su primer empleo, personas paradas de larga duración que agotan prestaciones o quienes, por su edad y formación, están excluidas del retorno a una carrera profesional y de cotización normalizada.
Para combatir estas situaciones, que colocan a las personas en un estado de angustia y exclusión social, hace falta ampliar la protección estableciendo una nueva prestación: una renta mínima estatal que unifique y amplíe las rentas sociales que, a día de hoy, dependen de las comunidades autónomas, dándole una lógica estatal y dotándola de los recursos suficientes.
