Pues bien, desde mi punto de vista, lo que el Gobierno está haciendo con la formación para el empleo de los y las trabajadoras es realmente indignante. Nos intentaron convencer de que la nueva ley mejoraba la anterior e impedía cualquier irregularidad relacionada con la financiación pública. Sin embargo, con la primera convocatoria regida por la nueva regulación pudimos comprobar que su única finalidad era dificultar la presentación de planes sectoriales que respondan a las necesidades formativas de los y las trabajadoras.
Es importante saber que los fondos de formación que no son gastados no se reinvierten en periodos sucesivos
Parece que el objetivo sea que los fondos, de 250 millones de euros, no lleguen a gastarse en formación, como evidencia el hecho de la que las dos convocatorias estatales para jóvenes en situación de desempleo hayan sido un sonoro, grave y estrepitoso fracaso. Entre julio de 2015 y julio de 2016 el número de empresas que programan formación para sus trabajadores se ha reducido un 18,54 %, y el de permisos individuales de formación, un 62 %. Y esto solo va en directo detrimento de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores. Es importante saber que los fondos de formación que no son gastados no se reinvierten en periodos sucesivos.
A la vista de estos datos deduzco que la intención no es la de mejorar la formación, darle calidad y favorecer el acceso al empleo, sino la de poder manejar una cuantía a discreción, sin agentes sociales ni testigos directos que puedan ejercer un control. Esto redunda en la imposibilidad de ejercer un derecho que nos permite aumentar nuestra cualificación, posibilitándonos que seamos cada vez mejores.
