El texto no tiene carácter sistemático en su valoración, análisis y planteamiento de propuestas en relación al Sistema Universitario Madrileño (SUM). Su contenido no está respaldado documentalmente: no se aporta un estudio de presupuestos y evolución de la financiación, avance de una memoria económica, estado actual y evolución de las plantillas de PAS y PDI, ni se aporta el mapa actual de titulaciones, ni se hace un análisis de la carga docente, de la evolución del número de estudiantes, de su empleabilidad, de la tasa de abandono, de la dotación de becas, la evolución de los precios públicos, etc.
Como grandes ejes, podríamos contemplar los siguientes:
1. Financiación y recursos. Se parte de la asunción de los recortes y pérdidas del SUM sufridos en los últimos años como algo irreversible, cuando el planteamiento debería ser el contrario: se tendría que partir de dicha realidad con el objetivo de recuperar la situación previa al inicio de dichos recortes.
El documento no refleja un compromiso real de financiación específica e independiente del SUM. Resulta evidente que se debe definir un marco general y estable de financiación, pero resulta igualmente necesario que la presente ley tenga una presupuestación específica, toda vez que plantea cuestiones que van más allá de la financiación general y ordinaria de las universidades.
Se apuesta por un modelo de financiación en el que el peso de la búsqueda de recursos propios por parte de las universidades (en convocatorias competitivas de financiación) o como contrapartida a la consecución de unos objetivos fijados por la Comunidad de Madrid (financiación variable) es cada vez mayor en la financiación universitaria, en detrimento de la financiación general asociada a su carácter de servicio público.
2. El documento plantea un criterio más incentivador que regulador, ofertando una batería de posibilidades a las universidades por las que estas deberían optar en virtud de las posibles ventajas asociadas (financiación, recursos humanos y técnicas, acreditación institucional, etc.). Y para lograr esta adhesión voluntaria se plantean dos opciones:
Un sistema de incentivos, tanto personales (reconocimiento de complementos y currículos al PDI, fundamentalmente al que desarrolle labores de investigación) como institucionales (reconocimientos regionales para acreditaciones institucionales a otros niveles).
Un modelo de financiación básica que se articularía con una financiación por objetivos.
CCOO defiende que la Comunidad de Madrid debería apostar por regular un marco general común y no dejar la participación a la puesta en marcha de unos incentivos “voluntarios” que finalmente adoptarán la fórmula de “requisito de obligado cumplimiento” al vincularse a la financiación de las universidades y al reconocimiento profesional y retributivo del PDI.
3. Docencia frente a investigación. La modernización se centra fundamentalmente en la actividad investigadora, olvidando en gran medida todo lo que no es investigación pero sí actividad universitaria. Este protagonismo de la investigación se refleja en diferentes medidas:
CCOO defiende que la Comunidad de Madrid debería apostar por regular un marco general común y no dejar la participación a la puesta en marcha de unos incentivos “voluntarios”
La especialización de la actividad docente mediante la posibilidad de elección de “la actividad preferente”, docente o investigadora. Siendo necesario potenciar la investigación, defendemos que no se puede disociar de la docencia. La clave reside en la necesidad de una racionalización de las tareas docentes, investigadoras y de gestión de carácter generalista. Este debe ser el punto de partida y no la generación de un grupo selecto de investigadores desconectados de la docencia y centrados en la transferencia de conocimiento como vía para generar nuevos recursos que reviertan en la investigación y no en la propia universidad.
Se contempla la creación de estructuras estables para la investigación dentro de las universidades y a iniciativa de estas, con distintas gradaciones de autonomía y peso institucional, partiendo de unas unidades distintas de los departamentos hasta llegar a la creación de centros de investigación con personalidad jurídica propia; es decir, con autonomía total para su gestión pero vinculados a la universidad de turno para la utilización de sus recursos humanos y materiales, financiación, etc. La Comunidad de Madrid favorecería su creación mediante una financiación adicional en oferta competitiva.
Desde CCOO hemos planteado que la única personalidad jurídica a considerar es la de la universidad en la que se ubiquen los distintos grupos y centros de investigación. El gobierno regional debería dotar presupuestariamente a todas y cada una de las universidades de una partida dentro del marco general de financiación, y éstas deberían presentar las distintas propuestas que se formulasen dentro de su ámbito para optar a la misma.
4. Mapa de titulaciones: La Comunidad de Madrid plantea tener capacidad previa para la autorización de las titulaciones que se pueden ofertar o crear en la región. Sin negar la necesidad de coordinación y racionalización del mapa autonómico de titulaciones, su diseño debe ser el resultado del consenso y no de la imposición de criterios en muchos casos de sesgo puramente económico o empresarial.
5. No compartimos el criterio de que el Consejo Social añada estas tres funciones a las que ya tiene:
Generar recursos no sólo para la universidad a la que pertenezca, sino para el mismo en tanto que órgano.
Crear un consejo académico que ofrecerá una opinión sobre los distintos aspectos de su actividad y organización: la evaluación de la investigación y la docencia; de los centros de la universidad; los proyectos de implantación de nuevas líneas investigadoras o docentes; la adecuación de su estructura organizativa, incluyendo su personal, funcionamiento interno.
Efectuar de manera no pública recomendaciones a los órganos de gobierno, debiendo estos dar cuenta de su cumplimiento o no.
Lo que realmente se plantea es una clara modificación de la estructura de gobierno de la universidad, superando el marco establecido por la LOU.
Desgraciadamente, no se prevé la apertura de un proceso de negociación con los agentes sociales en relación al anteproyecto de ley que en estos momentos se está redactando. En todo caso, CCOO ha puesto en marcha un proceso participativo del conjunto de la comunidad universitaria que supuso el punto de partida para la elaboración del documento de contestación a las propuestas de la Consejería y que se remitió a la misma. Ese documento nos permitirá articular la respuesta que sea precisa en relación a los desarrollos futuros de este proyecto legal.
