Una plantilla menguante

DESDE ENERO DE 2010 HASTA ENERO DE 2017, se han perdido en la educación pública no universitaria 13.583 puestos de trabajo docentes según datos del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública (Minhafp).

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José María Ruiz

Secretario de Pública no Universitaria

Este boletín recoge el número de contrataciones que se hacen durante el año sin distinguir el tipo de jornada o si una persona ha tenido más de un contrato. Por tanto, si tenemos en cuenta el aumento de las jornadas parciales, la pérdida de empleo sufrida por este colectivo es aun mayor.

La pérdida de profesorado por séptimo año consecutivo en la educación pública consolida los recortes que se han venido realizando desde el inicio de la crisis y, para CCOO, muestra que la supuesta recuperación económica que anuncia el Gobierno del Partido Popular no llega a la educación pública.

Si en enero de 2010, justo antes de iniciarse los primeros recortes, había en el sistema 513.464 docentes contratados, en enero de 2017 (últimos datos publicados) la educación pública contaba con 499.881.

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La reducción del número de docentes ha venido acompañada de una llamativa destrucción de empleo fijo (funcionariado de carrera), a razón de unos 10.000 profesores y profesoras al año desde 2013. El año pasado, se eliminaron un total de 11.400 plazas.

Paralelamente a esta destrucción de empleo, entre 2011 y 2015 se ha producido un aumento de la temporalidad como consecuencia de la limitación de la tasa de reposición, que en 2011 fue del 30 % y en el resto del periodo de tan solo un 10 %.

Tomando como referencia enero de 2011, año en el que más personal funcionario de carrera estaba en activo, se observa una pérdida total de 56.272 plazas fijas y un aumento de 49.981 puestos de personal temporal. Actualmente, hay 130.030 contratos temporales, lo que supone el 26,01 % del personal docente. En 2011 esta cifra era de 80.049, el 15,81 %. Por tanto, la realidad de los centros educativos en 2017 es que uno de cada cuatro docentes es personal interino con peores condiciones de trabajo.

Como muestra de la precariedad que sufre el colectivo docente, podemos señalar el deterioro en el empleo que el MECD señala en sus estadísticas. Los datos publicados recientemente sobre tipo de jornada del profesorado nos muestran que, en el periodo 2011/2016, las jornadas parciales han aumentado en el ámbito del Estado en 8.299, un 30,20 % respecto a 2011. Además, este tipo de jornadas, que en el año 2011 eran en su mayoría medias jornadas o superiores, han pasado a ser en 2016 en gran parte inferiores a la media jornada, registrándose jornadas de cuatro e incluso tres horas lectivas a la semana.

El Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas contabiliza el número de contratos que se han producido, con independencia de su jornada. Teniendo esto en cuenta, la pérdida de profesorado que hemos indicado sería mayor. El caso más favorable sería que las nuevas 8.299 jornadas parciales registradas entre 2011 y 2016 correspondiesen a medias jornadas, lo que representaría 4.149 jornadas completas. Por tanto, la diferencia de cupo de plantillas entre 2010 y la actualidad ascendería a 17.732 docentes menos, y casi 19.000 plazas menos si tuviésemos en cuenta otros tipos de jornada (tercios o cuartos de jornada).

El aumento de la jornada parcial lesiona gravemente las condiciones laborales del profesorado interino y está estrechamente ligado al RD 14/2010, que debe ser derogado. El personal interino se ve condenado a un trabajo a tiempo parcial y precario que no puede rechazar para no ser excluido de las listas de interinos, con el agravante de que, en muchos casos, tiene que trasladarse a muchos kilómetros de su residencia y donde el sueldo apenas cubre el desplazamiento o los gastos de vivir en otra localidad.

En definitiva, se destruye empleo público y aumenta el porcentaje de docentes temporales y precarios, dificultándose la organización de los centros y la elaboración de proyectos educativos, que requieren de profesorado estable.

En marzo de 2017 se firmó el Acuerdo para la mejora del empleo en la función pública, que tiene como objetivo reducir la temporalidad al 8 % en las administraciones públicas, que en la función pública docente es del 26 %. Para cumplir el acuerdo firmado, debería aprobarse una oferta de empleo público de 117.027 plazas.

Además, es necesario que a esa oferta de empleo público se le sumen las jubilaciones que cada año se hacen efectivas. De mantenerse la tendencia de jubilaciones de los últimos años, que se han situado por encima de las 10.000, estaríamos hablando de 151.227 plazas para las próximas tres convocatorias y de 190.000 si las convocatorias se extendiesen hasta 2022.

Conclusiones

Por séptimo año consecutivo, el curso 2017/2018 empieza con menos plantilla que respecto a 2010. En total, estimamos que el sistema educativo público cuenta con en torno a 20.000 docentes menos, lo que evidencia la consolidación en el tiempo de los recortes. La recuperación económica que el Gobierno predica debe venir acompañada en educación de un plan de empleo negociado con las organizaciones sindicales que permita, por un lado, recuperar el empleo perdido, y, por otro, aumentar las plantillas, de forma que se garantice la reducción de las ratios y la jornada lectiva.

La aplicación de la tasa de reposición ha aumentado el número de personal interino en la educación pública, situándose por encima del 26 %, lo que supone que uno de cada cuatro docentes es temporal.

En total, respecto a 2011 se han destruido 56.272 empleos docentes fijos, un 13,21 % de la plantilla funcionaria. Durante el mismo periodo, el personal temporal ha aumentado en 49.981 personas, un 62,44% respecto a 2011. La realidad es que las plantillas de profesorado tienen condiciones laborales más precarias y sufren mayor temporalidad. El Ministerio de Educación tiene registrados 35.775 contratos a jornada parcial, que en muchos casos pueden ser de un cuarto de jornada.

A la vista de la evolución de los datos sobre empleo, así como de los efectos que siguen causando los Reales Decretos 14/2012 y 20/2012, se puede afirmar que la recuperación económica que se anuncia desde el Gobierno no está llegando al sistema educativo.

El RD 14/2012 sigue afectando al profesorado, a pesar de que se están revirtiendo sus efectos a través de la negociación colectiva en las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la negociación colectiva ha permitido que, con excepción de en Castilla-La Mancha, el profesorado interino esté recuperando el cobro del verano. A pesar de ello, para este colectivo la situación dista bastante de la que existía con anterioridad al RD 20/2012.

Es imprescindible recuperar la negociación colectiva a nivel estatal, algo que el MECD no parece tener en su agenda, ya que solo se han convocado dos reuniones de la mesa de negociación de docentes desde su constitución en 2015.

La firma del Acuerdo para la mejora del empleo público en marzo de 2017 abre la posibilidad de estabilizar y consolidar las plantillas. La oferta extraordinaria de empleo público debe venir acompañada de un modelo transitorio que permita que el profesorado interino, que no ha podido consolidar su situación laboral como consecuencia de la falta de empleo público y que ha sufrido la mayor precarización de las condiciones laborales, pueda estabilizar su situación, a la vez que las personas recién tituladas puedan acceder al empleo público.

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