Sin inversión no hay equidad ni inclusión

EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR (PP) volverá a recortar la inversión en educación, protección social y sanidad. Esta rebaja que ya se apuntó en el Programa de Estabilidad 2017-2020 –no es, por tanto, un pronóstico de lo que podría pasar, sino un compromiso político adquirido– ha sido recogida por el Gobierno en el Plan Presupuestario para 2018, que ha remitido recientemente a la Unión Europea.

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Pedro Badía

Secretario de Política Educativa de CCOO

Las políticas de recortes del PP achican cada vez más el espacio social para millones de personas que se encuentran en una situación de exclusión, inédita en cuanto al número de afectados, como a las perspectivas de futuro de tantas personas abocadas a engrosar las listas de los desposeídos y excluidos de los sistemas educativo y de protección social.

Organizaciones sociales de distinta procedencia han presentado durante los últimos meses informes sobre la inversión social y educativa en España y su impacto en la ciudadanía. Es muy interesante observar que todas ellas hacen especial hincapié en la gran fractura social que el Gobierno está provocando en la sociedad española a causa de las políticas de recortes en capítulos tan importantes como los destinados a garantizar la equidad de los sistemas educativos y de protección social. Cada euro que se ha invertido en los últimos años en la contrarreforma educativa de la LOMCE y en los recortes de los programas sociales relacionados con el bienestar de las personas, ha servido para generar más exclusión, más segregación y más desigualdad y todo esto es, sin duda, lo más caro y lo más perjudicial para el futuro de un país.

El número 3 del Observatorio social de “la Caixa”, publicado en septiembre de 2017 por la Obra Social, proporciona un contexto general que nos ayuda a entender mejor los problemas del sistema educativo a la hora de afrontar retos tan importantes como incrementar y sostener las políticas educativas necesarias para garantizar la equidad y avanzar hacia una escuela inclusiva; reducir el abandono escolar temprano; y mejorar el rendimiento de todo el alumnado. A la pobreza le gusta el fracaso y la exclusión. Según el capítulo dedicado a La desigualdad en la distribución de la renta, medida por el coeficiente Gini, “el aumento de la desigualdad ha sido especialmente importante en España, con un coeficiente de Gini que ha pasado de un valor del 46 al 51 entre los años 2005 y 2015”. En el capítulo dedicado a Personas en riesgo de pobreza y exclusión social, evolución de los componentes del indicador AROPE, se afirma que “en 2016, un 5,8% de la población española sufría privación material severa; un 14,9% vivía en hogares con baja intensidad de trabajo; y un 22,3% vivía en riesgo de pobreza”. Otros datos de gran interés recogidos en el capítulo Desempleo como factor clave en las situaciones de pobreza y de exclusión nos revelan que la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años en 2016 era del 63,9% en España y del 71,1% en la Europa de los 28, lejos del objetivo prioritario de la Estrategia Europa 2020 fijado en un 74%. Por último hay que señalar que, en el capítulo titulado Limitaciones en la formación de capital humano y las posibilidades de crecimiento económico y bienestar social, los datos no son menos relevantes al cifrar el abandono de la formación durante el año 2016 en un 16,4% de las edades comprendidas entre 18 y 24 años, mientras que en la Unión Europea (UE-28) era del 9,7%. También es significativo el 37,6% de población extranjera que, en 2016, abandonó la educación o la formación, mientras que en la UE-28 era del 22,7%.

El tránsito hacia una sociedad inclusiva, sostenible y basada en la educación y el conocimiento, tal y como recoge la estrategia Europa 2020, choca frontalmente con las políticas sociales y de inversión del Gobierno del PP, cuyo marco es una reforma elitista que añora el pasado e hipoteca el futuro.

 

Pobreza. Abandono. Fracaso

El informe de inicio de curso La inversión se congela y los recortes se cronifican mientras la Lomce sigue en vigor, presentado por la Federación de Enseñanza de CCOO. La campaña de Balia A la pobreza le gusta el fracaso escolar; el Barómetro de la Infancia de Save the Children; Los Factores de la exclusión educativa en España publicado recientemente por UNICEF, anexo 2 evolución del gasto educativo en España; el Informe equidad educativa. La sombra de la inversión educativa en España, publicado conjuntamente por Ayuda en Acción y Educo y los Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español de 2017, capítulo dedicado a becas y ayudas al estudio editado por la Fundación Ramón Areces con la colaboración de la Fundación Europea Sociedad y Educación son los estudios más recientes que nos alertan sobre la precariedad de la inversión pública en educación, el impacto de las políticas de recortes sobre los sectores más desfavorecidos de la población, y las consecuencias tan negativas que estas políticas tendrán para el futuro del país.

Todos estos informes tienen algunos lugares comunes dignos de reseñar:

  • Un duro recorte en la inversión en becas y ayudas que son fundamentales para el ejercicio del derecho a la educación y fundamentales para hablar de equidad educativa, inclusión y disfrute de derechos.
  • Un mayor esfuerzo económico asumidos por las familias ante la inhibición del Gobierno y que ha fracturado tanto el concepto de gratuidad como el de equidad.
  • Disparidad territorial en la inversión de becas y ayudas al estudio.
  • Falta de integración de los y las menores socialmente desfavorecidos.
  • Poca integración entre la educación formal y no formal. Déficits de recursos tan importantes como comedores, bibliotecas o transportes.
  • La falta de coordinación entre las administraciones central, autonómica y local.
  • El funcionamiento anómalo de los protocolos de acceso a las becas y ayudas, que obliga a las familias a adelantar el dinero.
  • Opacidad de datos, que en ocasiones se convierten en una barrera a la medición del impacto y a la evaluación de las políticas de infancia, entre las que destacan con nombre propio la educación.

Como recoge el Informe de Educo y Ayuda en Acción, cada vez más “la gratuidad real de la educación, es un mantra con pies de barro”. “Los derechos “dependen”. Lo que no “depende”, ni es gratuito ni lo será, es el coste que tiene y tendrá para la sociedad española mantener ese discurso público de pies de barro que supone la gratuidad y con ello la equidad de la educación en España”.

El informe de Save the Children España Iluminando el futuro. Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil, titula el apartado 2.5 “Las cuentas no salen si al multiplicarse la pobreza se resta inversión”, una visión profética de la evolución de las inversiones en educación realizadas por el Gobierno del PP. Es un resumen clarificador de lo que sindicatos como CCOO u organizaciones sociales como las apuntadas anteriormente están trasladando a la sociedad desde sus diferentes informes: menos gasto público en educación; más niños y niñas con necesidades; menos becas y ayudas; más gasto medio de las familias en educación.

Sebastián –nombre ficticio– ha podido comprar este año los libros de texto de Bachillerato y todo el material solicitado por el instituto. Solo el libro de Historia Contemporánea de Vicens Vives le ha costado 47 euros. A mediados del primer trimestre del curso pasado un compañero de Augusto –nombre ficticio–, repetidor, no tenía libros de texto, el escaso poder adquisitivo de su familia convertía su compra en un problema insalvable. La segregación en el aula y en el centro es la forma más sangrante de la exclusión del sistema educativo. “¿De qué sirve que un niño disponga de una aula y un profesor si no cuenta con libros, material escolar o la posibilidad de una alimentación adecuada?”. Siguiendo con el informe de Save the Children, en el apartado 2.6, “Asumir el precio de educar a un hijo”, es especialmente significativa la alusión al papel fundamental que tienen los poderes públicos: “El derecho a la educación no puede depender de expresiones de solidaridad para tratar de paliar la pobreza educativa. Debe garantizarse a través de las políticas públicas”. Las becas y ayudas son imprescindibles para garantizar la equidad del sistema educativo.

El informe Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2017 publicado por la fundación Ramón Areces, en su capítulo titulado “Recursos y contexto educativo” también destaca el descenso en la inversión en relación al PIB. “El porcentaje del gasto público sobre el PIB aumentó desde el 4,31% de 2006 hasta el 4,99% de 2009. Desde entonces, descendió hasta el 4,32% de 2014”. Al respecto, el Informe de inicio de curso 2017-2018 presentado por la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) indica que en 2016 volvió a bajar la inversión al 4,26%. Situándose ya por debajo del 4% en 2017 y con una previsión del 3,8% recogida en el Plan Presupuestario para 2018 que el Gobierno remitió a Bruselas el 16 de octubre del presenta año. En este capítulo se aprecian diferencias entre las comunidades autónomas. En cuanto a las becas y las ayudas, el informe de la Fundación Ramón Areces detalla el descenso que se produce a partir del curso 2102-2013, con un leve incremento del curso 2014-2015 (0,8%) cuyo impacto no es relevante entre la población socialmente desfavorecida.

En este mismo sentido, el informe La Universidad española en cifras 2015/2016, presentado en la primera quincena de octubre por la Conferencia de Rectores de la Universidad Española (CRUE), alerta de que el actual modelo de becas y ayudas compromete seriamente la equidad, en este caso del sistema universitario.

CCOO ha insistido de manera especial en este grave problema: “La limitación presupuestaria condiciona por completo el marcado carácter social de las becas y de la ayudas en sus distintas modalidades. Estamos ante un modelo paupérrimo de becas y ayudas en el marco de una política económica y social promovida desde el Gobierno del PP que abandona a su suerte a amplios sectores de la población española”.

 

Algunas conclusiones

La educación es clave para terminar con la fractura social que provoca la pobreza y lograr una sociedad más justa y cohesionada. Es un factor fundamental para el futuro de la sociedad y las personas que la forman. Por eso es importante destacar dos factores comunes a la mayoría de los informes comentados: primero, que el derecho a la educación va más allá de una plaza escolar; segundo, que “la gratuidad de la educación en España no garantiza el ejercicio real del derecho de los niños y niñas en situación de exclusión social” (Save the Children).

La inversión en un sistema educativo público y de calidad debe ser suficiente y sostenida. Desde CCOO exigimos una financiación de la educación pública que nos sitúe en la media de los países más avanzados de la Unión Europea. Un 5% en una legislatura con el compromiso a medio plazo del 7%, trasladando ese incremento al gasto por estudiante en todos los territorios, vinculando esa subida a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a las necesidades educativas compartidas por toda la sociedad.

Un sistema educativo de calidad necesita una financiación suficiente y adecuada, pero lo que realmente define el sentido de la educación es la intencionalidad política que determina los fines que pretendemos y establece los objetivos que le atribuimos.

Un sistema basado en la equidad como principio, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidas a compensar las desigualdades y a garantizar una educación de calidad para cualquier persona, requiere un esfuerzo económico importante, e implica que una desigualdad de origen no suponga nunca una desigualdad en las oportunidades educativas, porque el retorno exponencial, en términos de progreso, bienestar y cohesión social, es impagable para cualquier país. Sin embargo, cada euro que se ha invertido en implantar una contrarreforma educativa como la LOMCE ha servido para generar exclusión, segregación y desigualdad social. Y eso es, sin duda, lo más caro de todo para cualquier sociedad.

Notas

Coeficiente Gini. Mide la desigualdad en la distribución de la renta. Para facilitar su interpretación, los valores (del 0 al 1) se multiplican por cien, oscilando entre cero y cien. Un coeficiente cercano a cero significa que existe una distribución más igualitaria, mientras que un coeficiente próximo a cien implica una elevada concentración de la renta en un número reducido de individuos y, por tanto, mayor desigualdad.

Indicador AROPE. Este indicador de riesgo de pobreza y exclusión social recoge una visión multidimensional de pobreza y exclusión social en la que se contabiliza, al menos, en una de estas tres situaciones: 1) por debajo del umbral de riesgo de pobreza; 2) sufriendo privación material severa; 3) con baja intensidad de trabajo en el hogar.

Artículo sobre la LOMCE de Ángel I. Pérez Gómez, publicado en el periódico Escuela número 3.956.

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