La escuela pública, garantía del derecho a la educación

LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES GARANTE DE LA EQUIDAD y del derecho a una educación de calidad, gratuita, inclusiva, laica y participativa. La universalización y garantía del derecho a la educación, también su permanente mejora, ha venido de la mano de la educación pública, que debe seguir siendo el eje vertebrador del acceso al derecho a la educación y objeto de prioritaria atención en todos los aspectos por parte de los poderes públicos.

La escuela pública, como el elemento más importante dentro del sistema educativo, posibilita una oferta de puesto escolar gratuito para todas las personas, superando formas de acceso o selección encubiertas. Un acceso al aprendizaje común, y no discriminatorio, para todos los y las estudiantes, integrando por igual a todas las personas independientemente del estatus socioeconómico de su familia. Y una igualdad de resultado, al posibilitar rendimientos similares entre el alumnado de distinto género y procedentes de clases sociales y culturas diferentes.

La educación pública es el motor más importante para el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad española. Debe tener una atención prioritaria en los programas de todos los partidos políticos (tanto de izquierda como de derecha) y en la política educativa del Estado. Y debe vertebrar social, cultural y territorialmente a nuestro país, afrontando los nuevos retos del siglo XXI desde un nuevo paradigma que debe combinar de manera equilibrada:

  • La función de integración social. La escuela pública permite la convivencia de diferentes clases y grupos sociales, desempeñando un importante papel de integración e inclusión.
  • La función de interacción e inclusión intercultural. Dando respuesta a los retos que representa una inmigración de dentro y de fuera de las fronteras europeas.
  • La función interterritorial y europea. Respondiendo a la necesidad de cohesión social, solidaridad y nuevos espacios de colaboración. La función interterritorial facilita la vertebración efectiva del sistema educativo.
  • La función de laicidad. Convierte a la escuela pública en la casa común, el lugar donde se construye lo que nos une, convirtiendo en riqueza aquello que nos hace diferentes, respetando la libertad de conciencia, creencias o no creencia. Y satisface las necesidades educativas de todo el alumnado independientemente de su creencia religiosa, cultura, lengua o etnia. Que acepta el pluralismo religioso, filosófico, ideológico, político y moral de la sociedad.
  • La participación. Por una parte, la escuela pública posibilita la participación del alumnado, las familias y el profesorado en un proyecto común. Por otra, el objetivo de una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas empieza en la escuela pública, educando en la participación y facilitando vivir y experimentar la democracia.
  • Democrática. La educación pública debe tener como uno de sus principales objetivos el que los y las estudiantes vivan y compartan los valores democráticos en los que se asienta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y ciudadanas. Una escuela pública participativa y democrática es la mejor garantía de una educación para la ciudadanía.

Esta combinación de funciones sobre la que se fundamenta el presente y el futuro de la solidaridad y la convivencia democrática de la ciudadanía, no puede ser satisfecha por la iniciativa privada, ni por la definición de sus objetivos ni por su propia razón de ser: sus propios intereses.

La educación obligatoria es el campo más importante en la política educativa del Estado para garantizar el derecho a la educación y la cohesión social. En ese contexto, en el caso de las escuelas privadas concertadas y no concertadas, su ánimo de lucro les impide ser interclasistas, ya que prima el estatus socioeconómico. En cuanto a la mayoría de las escuelas privadas concertadas, tendrían que prescindir de cualquier tipo de ideario confesional para poder acoger a un alumnado cada vez más diverso, que impida la exclusión o discriminación de derecho y también de hecho.

No obstante, reconocemos la contribución de la escuela concertada más comprometida socialmente que, en el marco de determinadas garantías, ha resuelto necesidades de escolarización y debe seguir cumpliendo determinadas condiciones, como escolarizar a todo tipo de alumnado, o estar sujeta a un estricto control del régimen de conciertos para tener el reconocimiento educativo necesario por parte de la sociedad[1]. Entendemos, por tanto, que el resto de centros que quieran ser sostenidos con fondos públicos tienen que responder a los postulados aquí enunciados, garantizando la gratuidad de las enseñanzas y respetando el derecho a una educación de calidad para todos y todas. Sin exclusiones.

 

“Defender hoy la escuela pública significa apostar por ella en la escolarización de nuestros hijos e hijas, colaborar con los centros escolares, ejercer control social sobre ellos, exigir a los gobiernos el apoyo al sistema público y la rendición de cuentas de su gestión.

Todo ello exige anteponer el bien común a los intereses individuales por el convencimiento de que es la única forma de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas desde la búsqueda de la equidad”[2].

[1] En el punto de la escuela pública recomendamos el libro “Mejorar la Educación. Pacto de estado y escuela pública”. Colectivo Lorenzo Luzuriaga. Wolters Kluwer. Madrid, 2010.

[2] Elena Martín. Catedrática de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Pedro Badía

Secretario de Política Educativa de FECCOO