Brasil, laboratorio del retroceso

EN 2016, UN COMPLOT ENTRE SECTORES DEL PODER JUDICIAL Y DEL PARLAMENTO BRASILEÑOS, en conjunción con los medios de comunicación corporativos de Brasil y con intereses difusos de agentes externos, ejecutó un golpe institucional que destituyó del poder central a la presidenta electa de la época, Dilma Rousseff, y desde entonces el país ha dado un salto hacia atrás.

Apuntes coyunturales de un país que se atrevió a ser grande y se quedó pequeño

 

Los nuevos gobernantes asumieron explícitamente, por un lado, una agenda social conservadora y, por otro, un conjunto de acciones ultraliberales en la economía, combinando un ataque contundente a los derechos sociales brasileños, que se remontan a los años 30 del siglo pasado, con la entrega de las riquezas naturales y de sectores estratégicos de la economía a grupos internacionales.

Neoconservadurismo/neocolonialismo

El ambiente conservador en la política invadió el país y respaldó aberraciones jurídicas, practicadas sin pudor y sin límites por los agentes golpistas, que no dudaron en forjar un proceso judicial para dar paso a la consolidación del golpe, ahora legitimado por las últimas elecciones presidenciales. De manera absolutamente persecutoria y con una celeridad poco habitual en la tramitación jurídica brasileña, el 7 de abril de 2018 fue detenido sin pruebas el expresidente Luís Inácio Lula da Silva, que hasta entonces lideraba todas las encuestas electorales. Construyeron una narrativa de su condena que fue repetida hasta la saciedad por los medios de comunicación, y en la víspera de las elecciones generales lo detuvieron para mantener intacta la agenda política y económica que estaba avanzando en el país. Así, las elecciones brasileñas de 2018 se caracterizaron, además de por la detención del mayor presidente de nuestra historia reciente, de modo inaudito en el país, por una avalancha de noticias falsas propagadas por las redes sociales, que terminó pautando el debate público nacional con una agenda conservadora en el ámbito de los valores políticos y tuvo como resultado la victoria electoral del actual presidente outsider, Jair Bolsonaro.

El resultado de las elecciones de 2018 ratificó la continuación de la política que se venía aplicando en Brasil desde 2016: ataque a los derechos sociales y entrega del patrimonio y riquezas nacionales. Con el claro propósito de continuar anulando la reglamentación de los derechos laborales en beneficio de los patrones, el actual Gobierno brasileño ya ha suprimido el Ministerio de Trabajo y la situación puede empeorar más si se confirma la intención de poner fin a la Justicia del Trabajo y al Ministerio Público del Trabajo, estructura institucional de protección de los derechos laborales en el país. La persecución estatal contra determinados grupos sociales (indígenas, descendientes de esclavos, mujeres, juventud, campesinos, LGBT) llegó a su punto más alto con la extinción de importantes órganos de representación y mecanismos gubernamentales de protección humanitaria y de subsistencia de muchos de esos grupos. El medioambiente y la agricultura familiar también sufrirán graves consecuencias al ser transferido el control de diversas políticas públicas a las manos del negocio agrícola. Corresponderá al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, ahora controlado por miembros del sector empresarial rural brasileño, la edición y el control de reglas relativas a los agroquímicos, demarcación de tierras indígenas y “quilombolas” (de descendientes de esclavos), la reforma agraria, las ayudas a los pequeños agricultores, etc.

Empequeñecimiento educativo

En el ámbito de la educación, además del ataque sin precedentes a los derechos de los trabajadores del sector, el país allana, ahora, el camino hacia su mercantilización y privatización definitivas fomentando la oferta de clases a distancia y de material pedagógico en fascículos, mercado en el que grandes grupos privados, nacionales y extranjeros, estaban ávidos por entrar. Y eso no es todo. En conjunto con la política de militarización de muchas escuelas públicas brasileñas, ahora oficializada por la creación de una estructura en el ámbito del Ministerio de Educación dedicada a fomentar las escuelas militarizadas, el nuevo Gobierno inauguró la temporada de persecución contra los educadores del país: con el motivo ficticio de poner fin a la ideología en las aulas, en un país que siempre se caracterizó positivamente por el sincretismo religioso, quieren imponer, a toda costa, un proselitismo fundamentalista dominado por sectores de iglesias evangélicas conservadoras. Quieren determinar lo que los profesores y profesoras pueden decir o no dentro del aula.

Paralelo a esa programación, en el ámbito económico el nuevo Gobierno también pretende agilizar los procesos de privatización de las riquezas naturales (agua, petróleo, minerales), de empresas públicas (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrobrás) y de los regímenes de pensiones estatales. Brasil, por ejemplo, que estaba consolidando la tercera mayor empresa de construcción de aviones del mundo, ahora la entrega a la que hoy es la mayor, la estadounidense Boeing. Todo eso orientado por una política externa caracterizada por la subordinación a los intereses de los Estados Unidos e Israel.

Es cierto que los retrocesos sin precedentes vividos por Brasil en los días que están por venir no son un movimiento exclusivo del país. El mundo entero, de hecho, vive un momento de amenaza a las políticas de protección social. Pero este movimiento encontró en el país un espacio libre para repercutir y crear en él un laboratorio de políticas que, ya probadas en otros tiempos y lugares, incluso en Brasil, definitivamente solo lograron tener éxito a costa del desempleo y la miseria del pueblo.

Resistencia

Desde el periodo de redemocratización del país, cuando se puso fin a los largos y tenebrosos años de dictadura militar, Brasil venía construyendo una arquitectura institucional que se estaba consolidando en los últimos 30 años. Como se ve, la mayoría de las instituciones brasileñas se rindieron frente al golpe de 2016 y no resistieron al ímpetu autoritario del nuevo Gobierno, ya que este todavía mantiene al expresidente Luís Inácio Lula da Silva injustamente encarcelado. No obstante, paralelo a eso, el país también forjó la construcción de una sociedad civil organizada y fuerte, con un movimiento sindical independiente y autónomo, además de movimientos sociales poderosos en todos los ámbitos de la vida social brasileña. La esperanza ahora es que esa estructura social, representada por esas entidades de la sociedad, resista a este momento que se anuncia también como un periodo de recrudecimiento de la amenaza a las libertades políticas de una nación que, en un pasado reciente, llegó a ser considerada como el país del futuro.

Hoy es necesario, por un lado, resistir al ataque y destrucción de los derechos sociales y a la entrega de nuestras riquezas nacionales; y, por otro, con el mismo ímpetu, denunciar el creciente autoritarismo que se siente cada vez más presente en las acciones de un Gobierno que se muestra como un prototipo de una nueva especie de fascismo, solo que con nueva apariencia. Solo las calles podrán revertir este momento triste por el que pasa Brasil, y en ellas apostamos todas nuestras fuerzas.

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Fátima da Silva

Profesora, secretaria general de la Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE/Brasil) y vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL)