Nuestras universidades son reflejo de una sociedad marcada por la cultura patriarcal. La falta de igualdad real se evidencia, en el supuesto más extremo, en las infames cifras que arroja la lacra de la violencia machista –casi 1.000 mujeres asesinadas desde 2003– y, en el ámbito laboral, en la pervivencia de estereotipos sexistas presentes en las normas que impiden la corresponsabilidad y hacen recaer sobre las mujeres el coste laboral –techo de cristal y mayor precariedad– de la decisión de tener descendencia. En el ámbito universitario tiene el devastador efecto de que las 50 universidades públicas, con casi un 60% de tituladas y un 40% de profesoras, solo cuenten con un 21% de catedráticas y cinco rectoras. El nuevo estatuto del PDI laboral deberá derogar las normas que discriminan indirectamente a las investigadoras e impiden que se rentabilice su talento.
Motor de transformación social
Las universidades públicas deben situar la igualdad en el centro de sus planes de actuación. Además de medidas dirigidas a sus colectivos, es imprescindible que impulsen líneas de investigación que inspiren cambios normativos; y que propicien la incorporación de la perspectiva de género a la docencia, para transmitir el valor de la igualdad a los ámbitos profesionales, como el jurídico –para erradicar la violencia institucional contra las mujeres– o el docente, dotado de un potencial efecto multiplicador. Tan vasta actuación requerirá de vicerrectorados con competencias específicas, unidades de igualdad bien dotadas y personal especializado.
Sin duda, una sociedad mejor y más justa requiere del liderazgo y la visibilidad de las mujeres
Sin duda, una sociedad mejor y más justa requiere del liderazgo y la visibilidad de las mujeres. Mi compromiso por la igualdad me ha llevado a asumir cargos de responsabilidad, liderar proyectos de investigación, coordinar un grupo de innovación docente y dirigir tesis doctorales con perspectiva de género. Con el apoyo de excelentes profesionales, he participado en la elaboración del I Plan de Igualdad de la UMU, la creación de la revista i-QUAL, el impulso del Centro de Estudios de Género y de las Mujeres de la UMU, y la organización de congresos y jornadas dirigidos a visibilizar la discriminación que sufren las mujeres. Particularmente, me produjo una gran satisfacción la aprobación, en mi última etapa como vicerrectora de Igualdad (abril 2018), del primer Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual por razón de sexo, por orientación sexual e identidad y/o expresión de género de la UMU.
Ahora bien, como advertía Simone de Beauvoir, “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados” (El Segundo Sexo, 1949). Por ello, es imprescindible la existencia de estructuras universitarias con capacidad ejecutiva, visibles y especializadas, que garanticen que la igualdad se encuentre en el centro de la toma de decisiones.
