La vuelta al cole no ha sido igual para todas

LEJOS DE LAS CRÓNICAS DE INICIO DE CURSO que, en muchos casos, emborronan la realidad, la vuelta al cole no ha sido igual para todas. Desde CCOO denunciamos que 2.700.000 menores en situación de pobreza también han empezado el curso escolar, pero engrosando las listas de los y las invisibles.

A la pobreza le gusta el fracaso escolar: el factor de exclusión educativa más importante de España. Estudios recientes de organizaciones no gubernamentales, y de CCOO, nos han estado alertando sobre la precariedad de la inversión pública en educación, el impacto de las políticas de recortes sobre los sectores más desfavorecidos de la población y sobre la clase trabajadora, y las consecuencias tan negativas que estas políticas tienen para el presente y tendrán para el futuro del país.

Las organizaciones no gubernamentales Educo y Ayuda en Acción ya han advertido que cada vez más “la gratuidad real de la educación, es un mantra con pies de barro”. “Los derechos ‘dependen’. Lo que no ‘depende’, ni es gratuito ni lo será, es el coste que tiene y tendrá para la sociedad española mantener ese discurso público de pies de barro que supone la gratuidad y con ello la equidad de la educación en España”.

El informe de Save the Children España Iluminando el futuro. Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil, un documento de plena actualidad, titula el apartado 2.5 “Las cuentas no salen si al multiplicarse la pobreza se resta inversión”, una visión profética de la evolución de las inversiones en educación y otros gastos sociales realizadas por el PP y que se han mantenido, con peor que mejor suerte, en estos meses de gobierno del PSOE. Un resumen clarificador de lo que el sindicato CCOO y las organizaciones mencionadas anteriormente están trasladando a la sociedad desde sus diferentes informes: menos gasto público en educación, más niños y niñas con necesidades, menos becas y ayudas, más gasto medio de las familias en educación. Más pobreza es igual a más fracaso y más abandono escolar.

La segregación en el aula y en el centro es la forma más sangrante de la exclusión del sistema educativo. “¿De qué sirve que un niño disponga de una aula y un profesor si no cuenta con libros, material escolar o la posibilidad de una alimentación adecuada?”. Siguiendo con el informe de Save the Children, en el apartado 2.6, “Asumir el precio de educar a un hijo”, es especialmente significativa la alusión al papel fundamental que tienen los poderes públicos: “El derecho a la educación no puede depender de expresiones de solidaridad para tratar de paliar la pobreza educativa. Debe garantizarse a través de las políticas públicas”. Las becas y ayudas son imprescindibles para garantizar la equidad del sistema educativo. Así como medidas relacionadas con el gasto social –salario mínimo, ayudas contra la pobreza energética, viviendas sociales, sanidad gratuita, empleo de calidad, etc.– que acompañen a las socioeducativas.

Por cierto, el funcionamiento anómalo de los protocolos de acceso a las becas y ayudas, que obliga a las familias a adelantar el dinero y la excesiva burocratización para acceder a otras ayudas sociales de vital importancia para las personas en situación de pobreza, son un lastre para el sistema social que necesita una reforma urgente. No resultan menos problemáticas la opacidad y la dispersión de datos, que en ocasiones se convierten en una barrera a la medición del impacto y a la evaluación de las políticas de infancia, entre las que destaca con nombre propio la educación. Ni el duro recorte en la inversión en becas y ayudas, que son fundamentales para el ejercicio del derecho a la educación y para hablar de equidad educativa, inclusión y disfrute de derechos que, además, ha supuesto un mayor esfuerzo económico asumido por las familias ante la inhibición de las políticas públicas. Esto ha fracturado tanto el concepto de gratuidad como el de equidad.

 

Algunas conclusiones

Vivimos en un estado de ficción. El número de pobres ha aumentado en el mundo de manera alarmante. Millones de personas viven con un dólar diario. La ayuda al desarrollo ha retrocedido al nivel más bajo de los últimos cincuenta años. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) para 2030 son hoy inalcanzables para la gran mayoría de los países. En España, después de casi una década de gobiernos neoconservadores y unos meses de gobierno socialista en funciones, la situación para millones de personas no ha mejorado sustancialmente. El sistema de protección social sigue siendo débil, con políticas poco reconocibles y escasas inversiones.

El desarrollo económico, científico y cultural no se ha traducido en desarrollo humano. El ODS número 4 sobre el derecho a la educación es papel mojado.

El derecho a la educación va más allá de una plaza escolar: “la gratuidad de la educación en España no garantiza el ejercicio real del derecho de los niños y niñas en situación de exclusión social” (Save the Children, Informe citado).

El derecho a la educación exige que los derechos de la infancia sean una realidad vivida por los y las menores, independientemente de su identidad y orientación sexual, su origen étnico, cultural o social, y situación económica familiar. E incluye el derecho de toda la comunidad educativa a la felicidad y el bienestar personal y colectivo.

La educación es clave para terminar con la fractura social que provoca la pobreza, y lograr una sociedad más justa y cohesionada. Es un factor fundamental para el futuro de una sociedad y las personas que la forman.

Los grupos sociales más desfavorecidos encuentran en la educación pública el espacio para vivir y disfrutar la riqueza de la formación y la cultura. La educación adquiere para estos grupos un valor de uso que les puede facilitar un futuro mejor al presente vivido.

Un sistema educativo fundamentado en la equidad como principio, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidas a compensar las desigualdades y a garantizar una educación de calidad para cualquier persona, requiere de unas medidas políticas bien estructuradas y de la inversión necesaria para desarrollarlas, e implica que una desigualdad de origen no suponga nunca una desigualdad en las oportunidades educativas ni sociales. El retorno exponencial, en términos de progreso, bienestar y cohesión social, es impagable para cualquier país. Sin embargo, cada euro que se ha invertido en implantar una contrarreforma educativa como la LOMCE ha servido para generar exclusión, segregación y desigualdad social, y eso es, sin duda, lo más caro de todo para cualquier sociedad.

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Pedro Badía

Secretario de Política Educativa de FECCOO