Demandas ante la reapertura de colegios e instituciones educativas

A MEDIDA QUE UN NÚMERO CRECIENTE DE PAÍSES está considerando reanudar gradualmente la apertura de instituciones educativas, colegios, universidades y la asistencia de alumnado de forma presencial a los centros, desde la Internacional de la Educación (Education International) enfatizamos cinco dimensiones que los gobiernos del mundo deben tener en cuenta, en diálogo y negociación con los sindicatos (la voz de las y los docentes y personal educativo) al planificar esta próxima fase de respuesta educativa ante el Covid-19.

Es imperativo, como condición primera, que los gobiernos prioricen el diálogo social y político de manera transparente y continua sobre los planes y estrategias para reabrir la educación de forma presencial, asesorados por personas expertas en salud. Este diálogo es la piedra angular de cualquier estrategia educativa exitosa.

En la transición de regreso a la enseñanza y en la reapertura gradual de las escuelas es prioritario respetar los derechos laborales de las y los docentes y del personal de apoyo educativo manteniendo unas condiciones de trabajo decentes. Los gobiernos y empleadores deben reconocer que los sindicatos son una parte importante del buen funcionamiento de la democracia, y que el diálogo social y este “tripartismo” es fundamental para que la sociedad funcione bien y resuelva los conflictos, especialmente en tiempos de crisis; gobiernos y empleadores deben proteger los derechos de las y los docentes y del personal de apoyo, y no utilizar la pandemia como una razón para eliminar o debilitar los acuerdos colectivos ya negociados y vigentes.

En segundo lugar, es imprescindible garantizar la salud y la seguridad de las comunidades educativas. Deben acordarse también todas las medidas de higiene necesarias y preventivas tanto para mantener al alumnado y al personal seguro y saludable, como para evitar la propagación del virus. Todas las escuelas e instituciones de enseñanza deben estar equipadas y garantizar las mejores prácticas de seguridad, higiene y limpieza, priorizando las zonas de riesgo y el colectivo más vulnerable.

La mitigación del virus requiere medidas que limiten la exposición y el contacto, el lavado frecuente de manos y la limpieza de superficies, el uso de los equipos de protección individual adecuados para todo el personal que brinda servicios médicos, de emergencia y, por supuesto, educativos, en concordancia con su actividad.

En países densamente poblados y menos desarrollados, donde la información confiable a menudo no está fácilmente disponible, millones están en peligro por el hacinamiento y la pobreza, así como por instalaciones de salud e higiene inadecuadas. Millones de personas refugiadas y migrantes son vulnerables porque sus entornos no brindan el espacio, la higiene o la atención médica, especialmente si están confinados en campamentos e instalaciones inadecuadas.

Un tercer factor que debe estar en el centro de todos los planes de transición es la equidad. Hay que reconocer que el impacto de la pandemia no es igual y que, por tanto, hay que establecer estructuras de apoyo para las y los estudiantes y el personal vulnerable, para quienes enfrentan mayores dificultades y para todo el alumnado que no ha podido participar en el aprendizaje en línea. Por tanto, es urgente desarrollar estrategias para abordar un posible aumento en las tasas de abandono escolar y reducir al máximo la brecha digital.

Igualmente importante es tener confianza en la profesionalidad de nuestros docentes. Cualquier marco para la transición de regreso a la enseñanza in situ se basa en la confianza en la cualificación, práctica pedagógica y fuerza laboral educativa, sin olvidar la autonomía profesional continua del profesorado.

Como organización internacional que defendemos al conjunto de trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo, uno de los ejes claves de nuestras reivindicaciones son las condiciones, salarios y seguridad laboral de todo el personal. No se puede obviar bajo ningún concepto que quienes se dedican a trabajos precarios e inseguros, incluidos algunos empleados eventuales, docentes contratados, investigadores y asistentes de enseñanza en educación superior, maestros y maestras de primera infancia y personal de apoyo, se han vuelto todavía más vulnerables con la crisis.

Una quinta dimensión a tener en cuenta es la internacional. Los Estados, sus distintas organizaciones y sus instituciones no consiguen alcanzar un consenso sobre cómo movilizar la solidaridad aportando soluciones a esta crisis global.

Los gobiernos deben reconocer que la solidaridad internacional, nacional y regional en la comunidad global es un requisito previo para el progreso en el país y para enfrentar crisis futuras. Hay demasiados gobiernos que no están preparados para proporcionar las soluciones necesarias y de emergencia en la desescalada del virus. La respuesta a esta crisis se ve obstaculizada por un legado de negligencia y falta de fondos económicos para la salud y otros servicios públicos.

Han sido épocas duras de austeridad tras la crisis financiera de 2008, y la voluntad política en muchos países no solo es débil, sino inexistente. De hecho, muchos gobiernos siguen sin abordar con rigor y con compromisos concretos la violencia, el acoso y el maltrato infantil, o las actitudes racistas, xenófobas y homófobas que aún persisten en los centros.

La pandemia ha golpeado duramente a la comunidad educativa, con más de 1.500 millones de estudiantes, 63 millones de docentes y un gran número de personal de apoyo educativo afectado por cuarentenas, cierres patronales y de escuelas. Es por ello que, desde la IE, que representa a 37 millones de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en 170 países del mundo, seguiremos demandando a gobiernos e instituciones que necesitamos respuestas coherentes y efectivas a nivel internacional, nacional y regional, que permitan a las comunidades educativas, mediante políticas eficaces, salir de esta crisis educativa, social y económica. Somos muchos y muchas, y no nos vamos a rendir.

Últimos comentarios

  • Francisco

    Buenas tardes.

    Estoy de acuerdo con todo lo que decís, sin embargo dentro de ccoo no creo que se esté atendiendo el abuso
    de los empleados públicos temporales y, en especial, el de los docentes interinos. Creo que cualquier reconstrucción de los servicios públicos debe atender el problema que las administraciones públicas, locales, autonómicas y estatales, han generado.

    Entiendo que la postura de CCOO hasta la sentencia del TJUE haya sido convocar OPEs, pero esta sentencia pone de manifiesto que los empleadores públicos están en abuso, que este abuso debe ser indemnizado, y que las oposiciones no son sanción válida. Hasta esta sentencia, ha habido jueces que han desestimando la indemnización o la fijeza y, por eso, entiendo que la postura de CCOO haya sido esa. A partir de la sentencia del TJUE se abre un nuevo horizonte esperanzador para los empleados públicos temporales ya que ningún juez nacional puede decir que no hay abuso como han hecho hasta ahora debido al Principio de Primacía del derecho europeo.

    Creo que en algunos sectores dentro de CCOO ya se contempla la negociación colectiva para consolidar la fijeza de los empleados. Sin embargo, en enseñanza se esgrimen argumentos para que esto no sea así. Creo que estos argumentos deben ser revisados por el sindicato y, quizá, empezar a contemplar que los profesores interinos también estamos en situación de abuso porque el empleador nunca ha sacado todas las plazas estructurales a oposición y llevamos más de una década ocupando plazas estructurales. Este es el hecho que precisamente nos sitúa en esa situación de abuso independientemente de que estemos cambiando de centro todos los años.

    Considero que como sindicato de clase que somos debemos actuar defendiendo los derechos de los profesores interinos. Creo que debemos empezar a negociar la fijeza de este colectivo que lleva años demostrando su valía y capacidad; no hay que olvidar que muchos hemos aprobado varias oposiciones sin plaza debido a que nunca han sacado todas las plazas estructurales. Las arcas públicas no tienen tantos fondos para pagar indemnizaciones, y lo que se debe defender por ética sindical es la estabilidad de este colectivo.

    Junto a la sentencia del TJUE, ha habido otra en un juzgado de lo social en Alicante la semana pasada a través de la cual se hacía fija a una funcionaria interina después de trabajar 15 años en el Ayuntamiento de Alicante. Esta sentencia apoya la idea de que la FREM y la Estatal deben revisar su posición y defender la fijeza para los profesores funcionarios interinos, es una cuestión de negación colectiva, no de convocar más oposiciones, es una cuestión de ética sindical de clase.

    Muchas gracias por su atención.

    • Antonio

      Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos a los colectivos de profesorado de secundaria y de EOI que llevan años enlazando contratos de interinidad y que administraciones como la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia se permiten condenar a la falsa denominación de «sustituto», de modo que ningún docente ha pasado a ser interino desde hace unos diez o doce años. Entre es@s supuest@s «sustitutos», en realidad tan interin@s o más que otr@s, hay, por ejemplo, profesorado con varios sexenios, premios de innovación educativa, mayores de 55, con años de desempeño en cargo directivo y varias oposiciones superadas sin plaza.

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David Edwards

Secretario General de la Internacional de la Educación