SABEMOS QUE, A NIVEL INTERNACIONAL, LOS SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN, EN MUCHAS REGIONES DEL MUNDO, SE ENFRENTAN A GRAVES AMENAZAS, como leyes antisindicales que limitan los derechos de la afiliación a actuar de manera colectiva, en particular a declararse en huelga; ataques a los derechos en la negociación colectiva por parte de gobiernos y empleadores, ataques directos a la seguridad y a la libertad de activistas sindicales, como los sufridos recientemente por compañeros y compañeras de Colombia o Filipinas; o al aumento cada vez mayor del empleo precario que, con frecuencia, afecta a los colectivos que se encuentran en situación más vulnerable en el mercado de trabajo: jóvenes y mujeres, quienes, a su vez, necesitan más el apoyo sindical.