LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA RECONOCE la igualdad de toda la ciudadanía, independientemente de cualquier condición personal. Pero se trata de un reconocimiento genérico interpretable de maneras muy elásticas, que en el día a día, todas lo sabemos, no necesariamente se concreta en una igualdad real. Por eso la propia Constitución, en su artículo 9.2, establece que es obligación de los poderes públicos remover los obstáculos que impiden que esa realidad sea efectiva.