Desmaternalización del primer ciclo de Infantil

ES CASI INDUDABLE QUE, CUANDO HABLAMOS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, NOS ENCONTRAMOS ANTE UN SECTOR MAYORITARIAMENTE FEMINIZADO Y PRECARIZADO. Así, gran parte de la expectativa en torno a la calidad del servicio recae directamente sobre las trabajadoras, exigiéndoseles las renuncias necesarias para poder ofrecerlo, aún en condiciones desfavorables.

Menos es más

ENTRE EL CURSO 2017-2018 Y EL CURSO 2022-2023, el sistema educativo español perdió algo más de 304.000 estudiantes. La disminución del alumnado, fruto de la caída de la tasa de natalidad en nuestro país, impacta por el momento en la Educación Infantil y Primaria, y está siendo aprovechada, por la mayoría de las administraciones educativas, para recortar y también como una oportunidad para privatizar.

“El profesorado es una pieza central para la equidad educativa, pero no puede hacerlo por sí mismo”

HABLAR DE EQUIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO NO ES HACERLO SOLO DE OPORTUNIDADES DE ACCESO, sino también de desarrollo y de resultados, explica Aina Tarabini. Tampoco es útil encerrar sus causas dentro de los muros de la escuela, porque existe una injerencia de factores externos en todo el proceso. Y mucho menos es una cuestión únicamente de inversión. Hay que mirar lo que ocurre dentro y fuera de los centros para comprender y actuar frente a los problemas que profundizan la brecha entre nuestro alumnado y, por tanto, en la dificultad para ofrecer una trayectoria educativa en igualdad de oportunidades.

La inversión educativa es una garantía para el derecho a la educación

LOS RESULTADOS DE UNA BUENA POLÍTICA DE INVERSIÓN EDUCATIVA, a diferencia de otras políticas públicas, no suelen verse a corto plazo. Su rédito no es percibido con la inmediatez que requiere la política actual y, además, para resultar eficaz, necesita de un alto nivel de concertación. Si hay algo que no funciona en educación son las políticas impuestas al margen de la comunidad educativa.

Presupuestos Generales del Estado 2021: sujetos a la incertidumbre

ES POSIBLE QUE LA PRIMERA REFLEXIÓN QUE HAYA QUE HACER SOBRE EL PROYECTO de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Educación para 2021, más allá de las consideraciones que iremos desgranando en estas líneas, es que por fin los hay y que estos, en algunos aspectos insuficientes, plantean una línea progresista de gasto que supone un 7,5% de incremento en relación con 2019, sin contar con los fondos europeos, y una subida del 70,2% con dichos fondos (1.803 millones de euros).

Mujer y ciencia: prejuicios en primera persona

CUANDO CONOZCO A UNA PERSONA NUEVA y le explico que estoy formándome para investigar en matemáticas puras, es bastante frecuente para mí percibir su asombro. Y es comprensible: esta profesión pasa desapercibida por abstracta e infrecuente, y además la imagen de una mujer joven no encaja dentro del imaginario asociado al colectivo científico.

Niñas y niños, los últimos

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HA ESTADO MUY EN AUGE LA IDEA de reabrir los centros de Infantil y de Educación Especial para favorecer la conciliación de aquellas familias que se tienen que incorporar a sus puestos de trabajo de forma presencial. Desde el sindicato hemos instado desde el primer momento a la vuelta del alumnado a los centros, al menos de estos dos sectores, en septiembre.

Entender los cuidados como un derecho fundamental

SI ALGO HA PUESTO DE MANIFIESTO ESTE ENCIERRO PROVOCADO POR LA PANDEMIA ha sido la tremenda urgencia de situar en el centro del debate los trabajos, sobre todo aquellos relacionados con los cuidados, que deben fundamentarse en la revitalización de un derecho legítimo a disponer de un sistema que proteja una relación laboral con garantías.

La conciliación es familiar y laboral, no escolar y laboral

DESDE CCOO VEMOS CON GRAN PREOCUPACIÓN LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA para la apertura de las escuelas y centros que acogen la etapa de Infantil. El motivo más importante que se esgrime por parte de la Administración es el de la conciliación, es decir, facilitar la salida a aquellas familias que tengan que trabajar de manera presencial, una medida que atiende más a razones de productividad que al derecho a la educación y a la salud que están por encima de las razones del mercado.