La Xunta utiliza a los empleados públicos con fines electorales

EL PANORAMA EDUCATIVO GALLEGO confirma una tendencia negativa. El curso escolar empieza con una nueva pérdida de puestos de trabajo estructurales, hecho que el Ejecutivo autonómico niega año tras año. Se han destruido 1.200 empleos de carácter estructural entre 2009 y 2016, según el Boletín estadístico de personal al servicio de las administraciones públicas.

Además, otros 1.300 puestos estables de funcionarios ha sido sustituidos durante ese mismo periodo por puestos interinos mediante la no reposición de las jubilaciones en la OPE. “El Gobierno del PP en la Xunta hace, una vez más, un uso interesado de la deuda que tiene con los empleados públicos”, denuncia la Federación de Enseñanza de CCOO en Galicia.

El Gobierno autonómico ha adelantado en las nóminas de agosto el 25 % que faltaba por pagar de la paga extra de diciembre de 2012 –y ya se había comprometido a pagar en septiembre– y el pago de la parte proporcional correspondiente a los meses de enero y febrero del complemento específico, que iba a ser reconocido por los tribunales, son otro ejemplo de cómo el gobierno del PP utiliza a los empleados públicos con fines electoralistas, teniendo en cuenta las elecciones que se celebrarán el 25 de septiembre. El sindicato denuncia que la Consejería de Educación volvió a presentar tarde las instrucciones para la implantación de los currículos de ESO y bachillerato en el curso 2016-2017, que salieron publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 1 de agosto. La consecuencia es que se repite la disfunción en los centros, que no podían esperar a este publicación para organizar el curso, teniendo que introducir cambiar en caso de que las instrucciones así lo requiriesen.

El sindicato ha elaborado una batería de nueve medidas que considera urgentes:

  • Derogación del RD 310/2016 de las reválidas de ESO e Bachillerato.
  • Evitar la doble vía de cuarto de la ESO.
  • Recuperación de la diversificación curricular posibilitando la titulación de la misma.
  • Posibilitar la titulación del alumnado de la Formación Profesional Básica y derogar esta.
  • Mantener la prueba universal de acceso a la universidad y paralizar el Real Decreto 3+2.
  • Recuperar las competencias de los CE, incluyendo la elección de las direcciones.
  • Revertir los recortes en educación.
  • Retirar los conciertos a los centros que segregan por sexo.
  • Restitución de las condiciones laborales e salariales de los trabajadores del sector.

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