9 de marzo: huelga general en educación

TRAS LA CONSTITUCIÓN DEL NUEVO GOBIERNO, el pacto educativo se convierte en una de las apuestas emblemáticas de la legislatura. Los principales partidos políticos toman posiciones sobre el tema y afinan sus propuestas de cara a la negociación.

EL PACTO PARECE HABERSE CONVERTIDO EN UN OBJETIVO EN SÍ MISMO, deseable independientemente de sus contenidos, como si los debates que han atravesado nuestro sistema educativo y que la LOMCE y los decretos de universidad no han hecho más que agudizar devinieran de pronto en ejercicios estériles. Como si el espacio educativo pudiera quedar al margen de la disputa ideológica, como si no hubiera modelos educativos diferentes y hasta confrontados que responden a diversas concepciones sociales y políticas, legítimas todas… Como si, después de la contrarreformas educativas y de los recortes intensivos que han asolado nuestro sistema educativo, pudiéramos hacer tabla rasa del pasado y, como señalaba un antiguo ministro de Educación, “si con idéntica legislación básica los resultados en las distintas comunidades autónomas son diferentes, la conclusión sería que no deben abordarse grandes reformas estructurales y sus correspondientes modificaciones legislativas, sino medidas de ingeniería educativa fragmentaria”. Fin de la cita. Es decir, se plantea que un hipotético pacto podría construirse sobre la base de la LOMCE y de las políticas educativas del PP. Para CCOO, ese es un escenario imposible y constituiría además un enorme fraude a la comunidad educativa y a las organizaciones sindicales y sociales que se han movilizado con firmeza contra estas políticas y sus efectos durante los últimos años.

Un hipotético pacto educativo tendría que anclar sus cimientos en la consideración de la educación como política de Estado, lo que quiere decir que debe estar al margen de los avatares presupuestarios, garantizando la recuperación de los niveles de inversión anteriores a la crisis (recuperando los 9.000 millones de euros perdidos como consecuencia de los recortes) en una legislatura y fijando un horizonte de inversión educativa del 7% del PIB. Sin este compromiso previo y básico, lo demás es literatura hueca. La prueba del nueve del alcance real de la apuesta por el pacto que el ministro Méndez de Vigo dice liderar, estará en el capítulo de Educación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Si, como se prevé en los documentos del Ministerio de Hacienda, se rebaja una décima del PIB en Educación, nos enfrentamos a un nuevo recorte de 1.000 millones de euros. Fin del trayecto. No se puede edificar un pacto sobre la cronificación, cuando no sobre la profundización en las políticas de recorte, que han ocasionado daños y sufrimiento a las familias, al alumnado y a los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo y han debilitado la igualdad de oportunidades, la equidad y el derecho a la educación.

No habrá pacto de espaldas a los trabajadores de la educación

Tampoco puede construirse un pacto de espaldas a los trabajadores y las trabajadoras de este ámbito que, a lo largo de los últimos años, hemos visto cómo empeoraban nuestras condiciones laborales y retributivas y se deterioraba la cantidad y calidad de nuestros empleos. Hoy trabajamos en aulas masificadas (la ratio media en la enseñanza pública ha crecido cinco veces más que en la privada desde el año 2010), el número de horas lectivas se ha incrementado, dificultando que el profesorado pueda realizar en condiciones todas las tareas que garantizan una enseñanza de calidad. Hemos perdido miles de empleos (30.000 profesores/as en la pública, 4.500 en la universidad, 6.000 entre el personal de servicios educativos y complementarios, 3.500 entre el personal de administración y servicio de la universidad…), a la vez que se ha deteriorado su calidad, situándose la tasa de temporalidad por encima del 21%. El poder adquisitivo de nuestros salarios se ha visto mermado entre un 18% y un 21%… No puede haber pacto si no se aborda la recuperación de los derechos de los trabajadores y la cantidad y calidad en el empleo.

Pero tampoco debe cometerse el error de elaborar una nueva ley educativa de espaldas al profesorado. El Gobierno del PP puso en marcha la LOMCE sin escuchar a sus legítimos representantes, y corremos el riesgo de que el itinerario dibujado para el pacto educativo se empecine en el error. Las organizaciones sindicales representativas no hemos sido citadas en el Ministerio a pesar de haber reiterado la exigencia de que se convoque la Mesa Sectorial. Lo hicimos de forma unitaria en octubre, sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de la Administración, y lo hemos reiterado en enero sin resultados hasta el momento. Las organizaciones sindicales estamos consensuando una plataforma reivindicativa para la recuperación de nuestros derechos y de nuestras condiciones laborales y retributivas, con la que pretendemos forzar la negociación, para lo que puede ser necesario recurrir a la movilización.

Y por último. CCOO siempre ha apostado por un pacto social y político por la educación. Hasta el momento solo está definida la hoja de ruta para el pacto político. Una subcomisión parlamentaria creada “ad hoc” nos convocará y podremos exponer allí nuestro diagnóstico y nuestras propuestas. Pero el recorrido que estas tengan estará supeditado a la dinámica política, sin que las organizaciones sociales tengamos ningún control sobre el resultado final del proceso. No se ha formulado una hoja de ruta para armar una dimensión social para un hipotético pacto, por lo que las legítimas aspiraciones de la comunidad educativa que lleva años movilizándose en las huelgas y en la calle podrían quedar postergadas en una coyuntura de preeminencia de las dinámicas político-parlamentarias. Nadie puede dudar de la legitimidad de un hipotético pacto político. Pero las organizaciones sociales también tenemos nuestra representatividad y legitimidad y no queremos vernos relegadas. Aspiramos a un pacto social y político y las actuales circunstancias ponen muy en cuestión la dimensión social del pacto. No aceptaremos un pacto a espaldas de la comunidad educativa.

Este es el sentido de la huelga del 9 de marzo. No podemos permitir que el debate educativo se salde sin los trabajadores y las trabajadoras del sistema educativo o contra ellos, que se olviden de devolvernos los derechos que nos han quitado en los últimos años, que se olviden de contar con nosotros en la elaboración de una nueva ley educativa o que se olviden de derogar las contrarreformas educativas y revertir los recortes. Por todo ello, el 9 de marzo todos/as a la huelga.

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Francisco García

Secretario general FECCOO