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NUESTRO RECIÉN CELEBRADO CONGRESO FEDERAL nos sirvió para reforzar la idea de que es el momento de recuperar lo arrebatado durante los años de la crisis: el poder adquisitivo de nuestros salarios, la cantidad y calidad del empleo, las condiciones laborales y los derechos. De todo ello, ponemos especial énfasis en el derecho a la negociación colectiva, erosionado en los sectores privados como consecuencia de la reforma laboral y de la crisis, y prácticamente volatilizado en los sectores públicos.

EL ACUERDO SUPONE

Pero como señalamos en aquel momento, constatamos que no será fácil. Si durante la crisis hemos asistido a una redistribución regresiva de las rentas, ahora no nos van a regalar la recuperación de lo perdido por más que muchos economistas abunden en la conveniencia de mejorar el poder adquisitivo de los salarios como mejor medio de consolidar el consumo y apuntalar la senda del crecimiento de la economía. Este fenómeno lo constatamos tanto en los sectores privados (en los que el crecimiento medio de los salarios supera por poco el 1,2%) como en los públicos, donde la cicatería del Gobierno ha quedado claramente de manifiesto en la negociación del empleo en el sector público. 

La negociación de la Mesa General sobre los PGE para 2018 se había cerrado sin acuerdo porque el Gobierno se negaba a restituir a los/as trabajadores/as del sector público el 5 % recortado en 2010 en los tres años de vigencia del acuerdo que se planteaba (2018/2020). Y estamos hablando de la recuperación de poco más de una tercera parte del poder adquisitivo perdido. Por otro lado, el Ejecutivo tampoco se mostró abierto a la recuperación de los derechos (IT, jornada) ni a reforzar la negociación colectiva en los diferentes ámbitos negociales. Por todo ello, el Área Pública Confederal ha desplegado una campaña de información y movilización que se hace más necesaria aún en la perspectiva de una prórroga presupuestaria que puede condenarnos a sufrir nuevos retrocesos. Es imprescindible la movilización porque, si el Gobierno encuentra los apoyos políticos que le permitan aprobar las cuentas, tenemos que estar preparados para forzar de nuevo la negociación. Y si no es así tenemos que intentar que, al menos, el incremento retributivo (que nos permita no acumular más pérdidas) y las cuestiones relativas al empleo puedan ser aprobadas por decreto ley.

Tenemos que preocuparnos también por conseguir que los colectivos de la Federación de Enseñanza que no han entrado en el proceso de consolidación del empleo puedan hacerlo, y a la par que trataremos de garantizar que la consolidación se lleve a término, garantizando que salen todas las plazas y que los sistemas de acceso la facilitan.

En este inicio de curso hemos presentado un estudio que pone de manifiesto que la crisis no se ha acabado en educación. Mientras en 2017 recuperaremos el PIB de 2008, el porcentaje de PIB destinado a inversión educativa está aún 7 décimas por debajo de 2009. El estudio pone de manifiesto que los recortes han afectado a la enseñanza pública, a las medidas de atención a la diversidad, a las becas y ayudas, al empleo y a los/las trabajadores/as de todas las redes educativas. Por lo tanto, también tenemos que estar movilizados para que nadie tenga la tentación de llegar a un pacto educativo de espaldas a esta realidad. Por eso hemos situado con claridad que para CCOO no puede haber pacto educativo si, como primera condición, no se recuperan los niveles de inversión educativa anteriores a la crisis en el plazo de una legislatura.

En este inicio de curso hemos presentado un estudio que pone de manifiesto que la crisis no se ha acabado en educación

El PP vive cómodamente instalado en la Subcomisión Parlamentaria de Educación, que usa como burladero para obviar el debate educativo mientras la LOMCE está implantada y las políticas presupuestarias no cambian un ápice. Ya criticamos los PGE de 2017, que abundaban en la lógica de los anteriores: recortes de inversión en la escuela pública y en los programas que garantizan la equidad y la igualdad de oportunidades. La prórroga no hará más que empeorar la situación.

Pero el PP, satisfecho de la estrategia en torno al “pacto” que ha debilitado la contestación a sus políticas educativas, acaricia la idea de prorrogar los trabajos de la Subcomisión planteando 49 nuevas comparecencias, lo que alargaría los trabajos parlamentarios en torno a este pacto hasta principios de 2018 y, si no cambia el escenario político, nos llevaría a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales. Por eso es importante que también estemos alerta en el ámbito de las políticas educativas.

Necesitamos pues un proceso de movilización entendido en un sentido amplio. Tenemos que hacernos visibles en la denuncia y en las propuestas. Desde iniciativas propias de CCOO y desde los marcos unitarios. Desde lo laboral y desde lo sociopolítico. Desde lo institucional y desde los sectores que conforman nuestra Federación. Y también desde la calle.

Tenemos que quitar la sordina que se le ha puesto al debate educativo y volver a ponerlo sobre la mesa. Para condicionar un hipotético pacto educativo y para recuperar nuestro empleo y nuestros derechos.

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Francisco García

Secretario general FECCOO