“Llevamos años de recortes acumulados que nos distancian permanentemente de los estándares de inversión de otros países del entorno”

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE), todavía en discusión, parecen buscar la cronificación del desempleo al seguir apostando por la reducción del déficit público y la prolongación de las políticas de austeridad y recortes. Así se desprende del Programa Nacional de Reformas (PNR) presentado por el Gobierno que afirma buscar la mejora de la productividad y la competitividad, pero que en la práctica sigue castigando a la clase trabajadora y mantiene el desequilibrio en la distribución de la riqueza.

PAULA GUISANDE BORONAT lleva años de labor sindical, sobre todo en el área de Juventud. Además, es miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Pero desde su posición actual, como secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, puede afirmar con certeza que las políticas presupuestarias del Gobierno del PP agudizan la situación de desigualdad, perjudicando a los colectivos más vulnerables y haciendo más precarias áreas clave como el trabajo, la educación y la vivienda, que están recogidas como derechos fundamentales en la Constitución Española.

¿Podemos hablar de unos presupuestos sostenibles socialmente, tal como plantea el Plan Nacional de Reformas, en materia de empleos y salarios?

Si bien aún no conocemos los PGE definitivos para 2018, podemos decir, con el borrador presentado a principios de abril, que el Gobierno insiste en su obsesión por la reducción del déficit público, abandonando a las personas más vulnerables, que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis y de las políticas de austeridad y recortes. Esta opción supone renunciar a un mayor crecimiento y sitúa a los grupos más vulnerables por detrás de los intereses de los acreedores de deuda pública.

Con la tasa de desempleo en el 16% (solo superada por la griega) y la larga duración caracterizando la mitad de ese desempleo, la pasividad del sector público puede suponer que esta situación se cronifique. Como ejemplo, el gasto en políticas activas de empleo por persona desempleada es de los más bajos de Europa.

Para CCOO los PGE siguen sin apostar por una economía más productiva, centrando el mermado gasto público en las infraestructuras físicas y la economía analógica, cuando el mundo es cada vez más digital. El gasto en I+D se incrementa, aunque con trampa: se articula principalmente mediante créditos que luego, como hemos visto en años anteriores, no se ejecutan. La modernización de la economía requiere contar con un sector público fuerte capaz de funcionar como contrapeso de los intereses privados, todo lo contrario a la opción del Ejecutivo por la promoción de la iniciativa privada frente a la pública, infradotando sus plantillas e infraremunerando a los empleados y empleadas del sector público para facilitar su privatización progresiva.

Por tanto, lo único sostenible en estos PGE es la situación de desigualdad, que está permitiendo que los beneficios empresariales crezcan a costa de la cronificación del desempleo, de la precarización laboral, del empobrecimiento de la clase trabajadora y de la exclusión de los grupos más vulnerables.

El PNR destaca la creación de 490.300 nuevos puestos de trabajo en 2017 y un ritmo similar en los datos interanuales del primer trimestre de 2018. ¿Es una realidad la recuperación?

Si bien cuantitativamente el empleo crece, aumenta la precariedad en todas sus formas: crece la tasa de temporalidad, con gran protagonismo de los contratos de corta y muy corta duración, que se han extendido al conjunto de actividades económicas; el trabajo a tiempo parcial es mayoritariamente involuntario, la devaluación salarial se ha cebado con quienes menos ganan y podemos incluso hablar de trabajadores y trabajadoras pobres.

Por otra parte, las cifras de personas desempleadas siguen siendo muy elevadas, y afectando el paro en mayor medida a la población joven y a los trabajadores y trabajadoras con poca cualificación reconocida. Preocupa especialmente la tasa de paro de larga duración, que representa el 50,43% del total de la población desempleada.

Con este panorama no podemos hablar de recuperación del empleo, y menos si buscamos una apuesta política en su origen. El crecimiento en términos cuantitativos es más producto de la inercia que de la acción del Gobierno. Los datos apuntan a la falta de recursos y coordinación como lastres de la eficacia de los Servicios Públicos de Empleo (SPE), que soportan un recorte del 3% en personal desde 2015 y un 33% en recursos desde 2012. A ello hay que sumar el escaso volumen de fondos destinados a protección de las personas desempleadas, y la falta de evaluación y coordinación de las Políticas Activas de Empleo.

“Si bien cuantitativamente el empleo crece, aumenta la precariedad en todas sus formas: crece la tasa de temporalidad, con gran protagonismo de los contratos de corta y muy corta duración”

¿Cuáles han sido los efectos sociales, más allá de los beneficios para el PIB y las cifras que presenta el Gobierno, de la Reforma Laboral de 2012?

Todos los efectos negativos que pueden traer consigo la destrucción masiva de empleo, el recorte de salarios, el deterioro de las condiciones de trabajo y el reajuste del poder en las relaciones laborales a favor de los empresarios.

Facilitar y abaratar el despido no solo ha servido para que muchas empresas sustituyesen a sus plantillas por nueva fuerza de trabajo más barata y con menos derechos consolidados, sino también para intentar crear un clima de miedo y conformismo en las empresas y administraciones. Pese a ello, la clase trabajadora ha demostrado que no se deja doblegar fácilmente y en estos años se han sucedido las movilizaciones, huelgas, y acciones de todo tipo, defendiendo los puestos de trabajo, condiciones laborales dignas y un Estado de Bienestar que se conquistaron con esfuerzo en décadas anteriores.

La contratación actual: ¿está consolidada en empleo de calidad o todavía hay una mayoría de empleo precario y temporal?

A la más “clásica” precariedad, ahora hay que sumar toda una serie de fórmulas que encubren relaciones laborales con neologismos o tras la denominada economía de plataformas. Vemos como cada día las empresas intentan vender como modernas todo tipo de formas de explotación. Sin ir más lejos, salía recientemente que Amazon recurre a familias enteras, que ponen a disposición de la empresa su tiempo, su vehículo y la mano de obra, para el reparto de sus productos. Una relación ajena al derecho del trabajo y carente de cualquier medida de seguridad.

Si hablamos de educación, ¿cómo han impactado las reformas en el ámbito de la FP a su crecimiento e implantación? ¿Han servido para reducir el abandono escolar temprano (AET)?

Lo que lleva viviendo la FP en los últimos años es abandono. En el caso de Madrid, cuya evolución más conozco por mis anteriores responsabilidades, podemos decir, que no ha sido producto de la casualidad, sino una apuesta política por desprestigiar y relegar a un segundo plano una formación que ha de jugar un papel fundamental en la cualificación de futuros trabajadores y trabajadoras, y en su preparación para el mercado de trabajo que vendrá.

Pero no es que a la clase política se le haya pasado esta importancia por alto, todo lo contrario. Detrás se esconde, una vez más, la voluntad de garantizar el negocio a la iniciativa privada. Si no es así, no se explica cómo la demanda de plazas lleva años sin ser atendida por la oferta pública, o cómo existen ciclos con alta demanda y con una inserción laboral de casi el 100% que no se ofrecen en centros públicos.

También estos años hemos visto como se han detraído recursos de la FP ordinaria para la puesta en marcha de nuevas fórmulas como la Dual e incluso ahora la bilingüe. En muchos casos, experimentos puestos a prueba sin tener en cuenta las características del modelo productivo local, sin garantizar la calidad de la formación, ni tan siquiera la existencia de profesorado formado para impartir esta nueva oferta ni un perfil de alumnado que pueda estar interesado en ella.

“No podremos hablar de éxito mientras siga habiendo niños y niñas sin plazas escolares en centros públicos, mientras el abandono escolar temprano esté directamente relacionado con el origen social de las familias”

Con el seguimiento de los datos de los últimos años he llegado a la conclusión de que el abandono educativo temprano ha bajado por razones totalmente ajenas a estas políticas. De hecho, podemos decir que ha sido a pesar de ellas y gracias al esfuerzo de miles de profesionales de la enseñanza que han sido capaces de mantener la calidad educativa pese a los recortes, y del alumnado, que ha visto que aumentando sus años de educación aumentaban sus oportunidades laborales futuras.

¿Se puede crecer en el ámbito educativo reduciendo la inversión y las medidas compensatorias? ¿Podemos hablar de éxito o de fracaso en este sentido?

Si fuese así, sería el único ámbito en el que se lograrían más resultados con menos recursos, y más cuando venimos de años de recortes, de falta de inversión en infraestructuras, en formación del profesorado, en materiales y equipamientos educativos, cuando faltan plazas públicas en prácticamente todas las etapas, pero especialmente en Educación Infantil y Formación Profesional.

No podremos hablar de éxito mientras siga habiendo niños y niñas sin plazas escolares en centros públicos, mientras el abandono escolar temprano esté directamente relacionado con el origen social de las familias, mientras haya jóvenes que se quieran seguir formando y no puedan hacerlo por falta de plazas o de recursos para hacer frente a las tasas, ni mientras las condiciones de trabajo del profesorado sigan siendo tan precarias.

¿Cuáles son las tareas pendientes en formación para el empleo?

En nuestro XI Congreso Confederal recogimos, una vez más, el compromiso del sindicato con la defensa del derecho personal a la formación, que debe responder tanto a las necesidades de las empresas como al proyecto personal y profesional de cada trabajador o trabajadora.

El documento congresual incluía, entre los objetivos de acción sociopolítica, la búsqueda de un acuerdo social que garantice la oferta formativa y ponga en valor la cualificación de los trabajadores y trabajadoras, con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos de gobierno del sistema. Aún quedan tres años de mandato congresual para abordarlo y conseguirlo.

Algunas iniciativas ya están en marcha, como es el caso de la edición de materiales. Con el objetivo de intervenir en la formación en las empresas, la confederación presentaba recientemente una guía con orientaciones prácticas para que delegados y delegadas puedan negociar planes de formación con mayores garantías, asegurando que se cumple tanto el objetivo de promoción profesional como la adaptación a las nuevas circunstancias.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España las empresas siguen sin valorar adecuadamente la formación de sus trabajadores y trabajadoras, incluso algunas la ven como una amenaza; los horarios de trabajo tampoco facilitan el acceso a la formación continua; o encontramos empresas donde la formación bonificada recae recurrentemente en los mandos intermedios y directivos. Sobre todo ello tenemos que actuar, y para ello la guía puede resultar de gran utilidad.

“A la más clásica precariedad, ahora hay que sumar toda una serie de fórmulas que encubren relaciones laborales con neologismos o tras la denominada economía de plataformas”

¿Cuáles son los colectivos más castigados por el PNR?

Lo apuntábamos antes: son los colectivos más vulnerables los más perjudicados por el planteamiento que traslada el Gobierno a Europa. Aunque no solo. Al renunciar a una recuperación sólida y redistributiva, se castiga a toda la clase trabajadora. Vemos cómo los beneficios empresariales no paran de subir mientras los salarios se encuentran estancados y la precariedad campa a sus anchas. Una situación que se podría revertir con la derogación de las reformas laborales y con una reforma fiscal progresiva, con el fin de corregir el desequilibrio en la distribución de la riqueza.

La previsión del Gobierno es seguir reduciendo la inversión en educación. ¿Cómo repercutirá esto en las familias y en la sociedad?

Resulta difícil imaginarse en la práctica que se pueda recortar más cuando llevamos años de recortes acumulados que nos distancian permanentemente de los estándares de inversión de otros países del entorno. Deberíamos preguntar al Sr. Rajoy dónde cree que tiene margen para retirar recursos a la Educación, porque yo no lo veo por ningún lado.

Por la experiencia que tenemos bajo gobiernos de corte neoliberal podemos sospechar que existe un interés por dejar la educación superior fuera del alcance de las familias trabajadoras. Hemos visto en los últimos años como las tasas universitarias se disparaban al tiempo que las becas sufrían recortes en sus cuantías y se vinculaban a condiciones cada vez más exigentes, llegando incluso a sustituirse en muchos casos por préstamos que a día de hoy las y los estudiantes siguen pagando con mucho esfuerzo.

¿Podemos seguir apostando por un sistema que no apoya la atención a la diversidad en el ámbito educativo?

CCOO siempre ha tenido clara su postura en este aspecto. No es posible una escuela inclusiva sin una apuesta clara por la atención a la diversidad. Y, evidentemente, esta apuesta ha de ir acompañada con recursos: las altas ratios, la estandarización de la educación, la falta de personal, el recorte en medidas de compensación, son incompatibles con el objetivo de incorporar a todos y todas en el sistema educativo, de garantizarles la igualdad de oportunidades.

 ¿Cuál es la perspectiva en materia de pensiones y salarios si continuamos por el camino que plantea el PNR?

Los compromisos que el Gobierno traslada a Bruselas siguen la misma línea de las políticas llevadas a cabo en los últimos años. Sin ir más lejos, una de esas medidas la denomina textualmente “Continuidad de los efectos positivos de la reforma laboral”, que sabemos a ciencia cierta que es una de las principales responsables de la caída de los salarios.

“Al renunciar a una recuperación sólida y redistributiva, se castiga a toda la clase trabajadora”

En esta materia, sin embargo, encontramos alguna medida positiva, producto de la negociación del Gobierno con los agentes sociales, como es el incremento del Salario Mínimo Interprofesional durante los años 2018, 2019 y 2020.

En lo que respecta a las pensiones no incorpora más que lo recogido en la propuesta del Gobierno para los PGE 2018, aún en trámite parlamentario. Si bien, y gracias a las movilizaciones, se supera el 0,25% previsto inicialmente, los incrementos siguen sin suponer la recuperación del poder adquisitivo que las pensiones han perdido durante los años de crisis, ni garantizan subidas en línea con el incremento de los precios para los años venideros.

¿Cómo afectan las medidas del Gobierno al ámbito de Vivienda para frenar el valor especulativo y restituirle el de derecho fundamental?

El precio de la vivienda, que había pasado a un discreto segundo plano durante la crisis, ha recuperado su espacio entre las preocupaciones principales de la clase trabajadora, y con toda razón. Varios medios publicaban recientemente que el precio del alquiler ha subido doce veces más que los salarios en los últimos tiempos, con Catalunya y Madrid a la cabeza.

En marzo el gobierno presentó su Plan Nacional de Vivienda 2018-2021. Como viene siendo habitual en esta materia: mucho ruido y pocas nueces. Podemos compartir la exposición de motivos, e incluso algunas propuestas, pero la falta de financiación adecuada (para 2018 el presupuesto no alcanza el 50% del presupuesto de 2013), la ausencia de actuaciones reales en pro del derecho a la vivienda y de políticas de intervención directa, condenan el plan al fracaso.

A grandes rasgos, podemos decir que la lógica de la vivienda como mercancía y no como derecho sigue sin ser cuestionada. Las políticas públicas, incluido el Plan 2018-2021, tampoco han contribuido a cambiar ese paradigma y lo siguen apuntalando. Donde antes se animaba la construcción y compraventa de viviendas y se daban unas ayudas –a veces testimoniales– para compensar su elevado coste, ahora se subvenciona la rehabilitación y alquiler de viviendas con el fin de aligerar la carga a los grandes propietarios inmobiliarios y dar salida a su stock.

El Gobierno sigue sin desarrollar políticas de actuación directa en materia de vivienda (con parques públicos, por ejemplo) ni realiza apuestas legislativas contundentes sobre la regulación del mercado de la vivienda. Frente a eso, el plan es un abanico de ayudas y subvenciones a demandantes y oferentes de vivienda, que en parte son trasladables a precios, pudiendo llegar a provocar el encarecimiento de su coste en compra o alquiler.

En Sanidad continúa el desmantelamiento de los servicios públicos. ¿Cuáles son las propuestas concretas desde los sindicatos para revertir esta situación?

Como ocurre en Educación, en Sanidad el Gobierno también ha prometido a Bruselas recortes en su financiación, lo que no hace más que poner en peligro el sistema público, fundamentalmente la universalidad, la calidad, la gratuidad y la equidad que deben caracterizarlo. CCOO (junto con UGT) está haciendo grandes esfuerzos para recuperar el diálogo social con un Ministerio que no destaca ni por la transparencia ni por el fomento de los espacios de participación. De hecho, los órganos existentes apenas se reúnen, han sido vaciados de contenido y suplantados, en algunos casos, por mecanismos no reconocidos por la ley en los que se da voz a quien interese en cada momento, dejando a las organizaciones sindicales –cuya legitimidad está plenamente acreditada mediante las elecciones sindicales– al margen.

“No es posible una escuela inclusiva sin una apuesta clara por la atención a la diversidad. Y, evidentemente, esta apuesta ha de ir acompañada con recursos”

Desde 2010 se han intensificado las privatizaciones, sobre todo en las CCAA gobernadas por el Partido Popular. Un proceso que no se ha detenido, sino que se ha transformado: ahora los trasvases de pacientes y recursos a lo privado son más sutiles y parciales, es por ello que debemos estar muy atentos no solo a las reformas exclusivamente sanitarias, sino también a aquellas otras que indirectamente afectan al sistema público de Salud.

Por otra parte, en 2012 el Gobierno de Rajoy acometió una de las reformas más dañinas para el Sistema Nacional de Salud, cuyas consecuencias todavía no se han evaluado, y con la cual seguimos confrontando los sindicatos de clase pero también otra larga lista de organizaciones sociales que conforman REDER, la Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012. Una norma que nos afecta a todos y todas pero, especialmente, a las personas más vulnerables, ya que, además de instalar las restricciones presupuestarias y la colaboración público-privada en el sistema sanitario, excluye del sistema sanitario a cientos de miles de personas e instala el actual modelo de copago farmacéutico.

Para CCOO resulta imprescindible la reversión de los recortes, de la exclusión sanitaria que ha impuesto el RD 16/2012, la revisión de los copagos y la recuperación de todo el empleo público sanitario destruido durante los últimos años. También la derogación de la Ley 15/1997 y toda la normativa que habilita y promueve “nuevas formas de gestión” del Sistema Nacional de Salud, o sea, todo el entramado normativo que favorece el retroceso de lo público en beneficio de la iniciativa privada.

¿Podría ser una de las respuestas posibles a la crisis y sus efectos el hecho de fomentar un cambio en la composición sectorial de la actividad económica, favoreciendo el desarrollo de sectores o actividades emergentes?

El cambio de modelo productivo es una reivindicación ya histórica del sindicato. Con ello nos referimos a la apuesta, desde todos los ámbitos, por sectores con mejores perspectivas de futuro, mayor valor añadido y con mejores condiciones laborales. Las crisis que se han sucedido en los últimos años han dejado en evidencia la fragilidad del sistema productivo español, que descansa sobre sectores muy vulnerables a los vaivenes de la economía y que generan empleos que exigen poca cualificación y ofrecen condiciones laborales bastante precarias.

Tampoco podemos perder de vista que la actividad económica no puede sostenerse a costa de la salud de las personas ni del planeta. Es por ello que la perspectiva medioambiental debe incorporarse a cualquier propuesta que hagamos.

“Las crisis que se han sucedido en los últimos años han dejado en evidencia la fragilidad del sistema productivo español, que descansa sobre sectores muy vulnerables a los vaivenes de la economía”

Respecto a lo anterior, ¿tendría que ir de la mano con un considerable aumento de la inversión en I+D+i?

Desde CCOO hemos demandado reiteradamente al Gobierno una política socioeconómica dirigida a estimular un cambio de modelo productivo con especial protagonismo de los sectores científicos, industriales y tecnológicos.

Hemos denunciado la grave disminución de presupuestos para I+D+i, la progresiva reducción de sus niveles de ejecución de los últimos años, y la nefasta política de recursos humanos, que ha conducido a la expulsión de miles de trabajadores del sistema científico-tecnológico español como consecuencia de la falta de estabilidad y la precarización de las relaciones laborales. Todo ello, junto a la falta de planificación, participación y coordinación, ha debilitado considerablemente el sistema.

También la educación y la formación han de jugar un importante papel garantizando a los trabajadores y trabajadoras del futuro una cualificación suficiente y acorde a las demandas de los sectores que se pretende potenciar.

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