¿Por qué hay que hablar de la escuela concertada?

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN constituye un factor capital para que nuestra sociedad progrese y avance con proyección de futuro. Para garantizar que el derecho a la educación en estos términos sea una realidad, las políticas educativas, la inversión económica y la implicación de la comunidad educativa constituyen los ejes generales prioritarios, pero también, y no menos importantes, lo son las condiciones laborales del personal que lleva a cabo día a día la tarea pedagógica, tanto si la desarrolla en centros públicos como si lo hace en centros concertados.

Mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y del personal no docente de los centros educativos beneficia directamente la calidad del servicio público que ofrecemos. Los trabajadores y las trabajadoras de la concertada formamos parte de este servicio de educación, si bien nos encontramos en una situación laboral singular, entre lo público y lo privado, una realidad que es necesario transformar para que revierta en beneficio de la comunidad educativa.

El personal de los centros concertados debe responder y atender exactamente a los mismos retos a los que se enfrenta el personal de los centros públicos: la diversidad, estudiantes recién llegados, las necesidades educativas especiales, los programas de calidad, los proyectos y las innovaciones educativas, la introducción de las nuevas tecnologías, la escuela verde, la escuela multilingüe, la formación continuada… Existe un abanico de centros concertados muy amplio, entre los cuales se encuentran aquellos que, dado su entorno social, podrían calificarse de especial dificultad o de dificultad máxima. La realidad social de los territorios ha cambiado mucho y los colegios se han tenido que adaptar. Ante esta situación, la intervención sindical en la revisión de los módulos del coste de la plaza escolar concertada resulta imprescindible para poder garantizar la gratuidad real y evitar así las malas praxis de las titularidades en el cobro de cuotas a las familias, que genera una segregación del alumnado en función de su poder adquisitivo.

Homologación del profesorado de la pública y la concertada

CCOO reivindica la homologación del personal docente. Resulta inexcusable que las administraciones educativas no hayan aplicado la ley y tengan pendiente la equiparación del profesorado concertado con el de la enseñanza pública. Esto comporta el reconocimiento efectivo de la pertenencia al servicio público que prestamos y revierte directamente en su calidad, con mejoras tan necesarias como la reducción de horas lectivas o la actualización de plantillas. La escuela concertada se ve abocada a suplir la exigencia que plantea la escuela de hoy, tan compleja, con el sobreesfuerzo del personal y de las familias. La reivindicación de CCOO de la plena homologación de los y las docentes, bajo la premisa de que a igual trabajo, mismo salario y mismas condiciones laborales, la suscribimos todo el profesorado, porque somos conscientes de que nuestro rendimiento, la calidad del resultado final e, incluso, nuestra propia salud mejorarán. La homologación con la pública dignifica la tarea de nuestro colectivo y significa un paso fundamental para avanzar conjuntamente con nuestros compañeros y compañeras hacia otras reivindicaciones compartidas.

Un convenio del siglo XXI

Por otro lado, los docentes de concertada, al depender de una entidad privada, se rigen por el convenio del sector, que representa una pieza importantísima que puede contribuir mucho a la modernización y dinamización de nuestra relación laboral y, en consecuencia, a mejorar nuestra tarea educativa. El actual convenio necesita una revisión a fondo, porque no se corresponde con lo que realmente requiere el personal ni tampoco responde a la realidad de hoy de los centros concertados. Por eso esperamos poder adecuarlo a los nuevos tiempos durante la próxima negociación. En CCOO trabajaremos por un convenio del siglo XXI, que recoja las políticas de género, de salud laboral, mejoras para la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, las nuevas tecnologías y que permita la plena aplicación de la homologación, de modo que se eviten discriminaciones salariales en función de la comunidad en la que preste sus servicios el personal.

Si las administraciones, las patronales, los agentes sociales y toda la comunidad educativa, cada cual en su ámbito, se implican de manera efectiva, y si esta aspiración se materializa a corto plazo en la homologación, la bajada de ratios, un nuevo convenio y la garantía de la plaza escolar gratuita, habremos conseguido un cambio sustancial y necesario para la educación de nuestro país.

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Marga Cuéllar

Delegada de enseñanza concertada de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya