Impulsar la agenda social

EL CIERRE DE LOS DIFERENTES PROCESOS ELECTORALES pone de manifiesto que se inicia un nuevo ciclo político caracterizado por el avance de la izquierda, que la ciudadanía ha votado por políticas de progreso y que ha llegado el momento de priorizar la agenda social.

Conviene recordar al PSOE y a Unidas Podemos que los resultados son fruto de la participación electoral y de la movilización de los/as trabajadores/as que, con su voto, han posibilitado el ascenso de la izquierda y han supuesto un freno al avance de las tres derechas.

Hay que exigir a los partidos políticos que pasen del “modo electoral al modo legislatura”. Para ello, es imprescindible que se configure lo antes posible un Gobierno progresista, de izquierdas, que tenga como objetivos prioritarios la lucha contra la desigualdad y la precariedad, y abordar los cambios estructurales comprometidos con las organizaciones sindicales la pasada legislatura: la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones, así como la puesta en marcha de una reforma fiscal que distribuya el esfuerzo de forma más equilibrada y progresiva, para reforzar las políticas sociales en atención a las necesidades de la mayoría social.

Estos compromisos deben plasmarse en unos Presupuestos Generales del Estado expansivos, que faciliten el crecimiento económico y la redistribución a través de las políticas sociales.

 

Diálogo social y político

Es también el momento de impulsar el diálogo social y político, imprescindible en un escenario marcado por la fragmentación de las fuerzas en el parlamento, para abordar reformas que el sindicato considera imprescindibles en temas como la educación, la digitalización de la economía, la transición energética, las políticas industriales, la transición ecológica, así como la financiación suficiente y estable del sistema público de pensiones, y la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que haga frente a las nuevas realidades productivas. Respecto a esta última cuestión, desde CCOO planteamos una cautela: para abordar la negociación de un nuevo Estatuto, previamente se tiene que corregir la reforma laboral de 2012.

Como empleados/as públicos/as tenemos el compromiso de impulsar la negociación de un tercer acuerdo que nos permita avanzar en la recuperación de los derechos arrebatados con la excusa de la crisis. Si el primer y segundo acuerdo sirvieron para iniciar la senda de la restitución del poder adquisitivo de nuestros salarios, de derechos como la jornada de 35 horas –bajo ciertas condiciones– y de la IT, además de para poner en marcha el proceso de consolidación del empleo, un nuevo acuerdo debe servir para “Recuperarlo Todo”, como apunta el lema de la campaña que estamos poniendo en marcha: eliminar la tasa de reposición de efectivos para recuperar el empleo perdido, y reponer completamente el poder adquisitivo de nuestros salarios y el conjunto de los derechos perdidos.

Hay que regular la formación inicial, el acceso a la profesión, el modelo de carrera profesional –horizontal y vinculada a la práctica docente– y la jubilación, garantizando la voluntaria y anticipada

En el ámbito educativo, nuestras prioridades pasan por poner al profesorado y a los/as trabajadores/as de la educación en el centro de nuestra acción sindical y de nuestra agenda reivindicativa.

En la Enseñanza Pública no Universitaria esto significa abrir la negociación del Estatuto Docente, para abordar el debate del profesorado desde posiciones de progreso, superadoras de la dimensión que la derecha le ha dado a esta cuestión durante los últimos años. Tendríamos que regular la formación inicial, el acceso a la profesión, el modelo de carrera profesional –horizontal y vinculada a la práctica docente– y la jubilación, garantizando la voluntaria y anticipada.

En el caso de la Educación Superior, hemos planteado la vuelta de las competencias en esta materia a Educación, así como la negociación del Estatuto del PDI, que ya se inició con escaso desarrollo la legislatura pasada.

Negociación colectiva en los sectores privados

En los sectores privados, se trata de reforzar la negociación colectiva con dos grandes objetivos: la recuperación del empleo, y también de salarios y derechos, todo ello dentro de las estrategias definidas por la Confederación y de los acuerdos firmados, como el AENC, donde se establecen las bandas salariales que orientan la negociación de los convenios, así como al salario mínimo de 1.000 euros al mes por 14 pagas. La defensa de estos criterios, obviados por otras organizaciones sindicales que se han plegado a los intereses de la patronal, es lo que nos llevó a la convocatoria de huelga en la Educación Infantil, que tuvo un seguimiento muy importante y una enorme proyección pública.

En el PSEC, vamos a impulsar estrategias reivindicativas y de negociación colectiva desde el Estado, que refuercen la identidad educativa del colectivo, y contribuyan a la mejora de sus condiciones laborales y salariales.

En el terreno de las políticas educativas, vamos a seguir planteando la derogación de la LOMCE, a través de la LOMLOE o preferiblemente de la elaboración de una nueva ley educativa que responda a los retos que tenemos planteados, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades. Nuestras propuestas en la materia constan en el documento que, en la campaña electoral, hicimos llegar a los partidos políticos.

Para todo ello hay que superar definitivamente la etapa de los recortes: hay que recuperar los 10.000 millones de euros que se hurtaron a la educación durante la gestión neoliberal de la crisis, con un compromiso de volver al 5,1% del PIB en inversión educativa en una legislatura, dotándonos de un horizonte del 7% en el medio plazo.

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Francisco García

Secretario general FECCOO