Acción sindical en respuesta al estado de alarma

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS HEMOS PODIDO COMPROBAR COMO APARECÍAN, día sí, día también, novedades legislativas, en ocasiones modificadas con posterioridad y con frecuencia generando dudas en cuanto a su aplicación, en relación con las implicaciones laborales que supone el Covid-19 y la declaración del estado de alarma que, en el momento de escribir este artículo, no sabemos todavía por cuánto tiempo puede prorrogarse.

Además, se plantean también serios interrogantes sobre las medidas preventivas que hay que tomar, tanto en la sede de la empresa como si se está teletrabajando, o sobre cómo hay que tramitar un ERTE, vocablo que ha pasado a formar parte de nuestra más absoluta cotidianeidad.

 

Escenario desconocido

El coronavirus se ha convertido en el principal problema de las empresas del país, dado que, si pretenden superar las dificultades que afectan a su desarrollo productivo, deben adaptarse a un escenario totalmente desconocido que se ha producido con la declaración del estado de alarma. Y en ese proceso de adaptación deberían ser lo suficientemente ágiles y hábiles como para gestionar una crisis que, a priori, puede representar el inicio de un retroceso económico de impredecibles consecuencias.

La profundidad y la relevancia de los efectos negativos dependerán del grado en que se vea afectada la normal actividad económica del tejido productivo del país por el Covid-19 y de las medidas que se adopten para mitigar su expansión. En cualquier caso, del mismo modo que se apela a la responsabilidad individual para combatir el virus, debería apelarse también a la parte que les toca a las empresas, además de la transparencia y razonabilidad, para encauzar, en términos de empleabilidad, las dificultades que se presenten.

Para ello, la propia Administración ha de velar por el cumplimiento de las medidas legislativas de ámbito laboral adoptadas en los sucesivos reales decretos aprobados recientemente por el Gobierno central. A pesar de que se han arbitrado mecanismos con la intención de que la excepcionalidad del momento no repercuta de manera irreparable en la clase trabajadora, tan castigada en los últimos años, y se permita restablecer a corto y medio plazo cierta normalidad en estos tiempos de incertidumbre, desafortunadamente no podemos ser demasiados optimistas si debemos confiar en el buen hacer del empresariado de nuestro país que, en proporción nada desdeñable, esconde, tras sus actitudes paternalistas, su egoísmo e insolidaridad. Demasiados empresarios han priorizado sus negocios sobre los derechos de las personas trabajadoras justo en el momento en que, paradójicamente, se nos conmina a un ejercicio de responsabilidad social por encima de la individual en la búsqueda de soluciones colectivas que permitan una salida a esta crisis de la manera menos lesiva posible para el conjunto de la ciudadanía.

 

Incertidumbre

El volumen de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), producido a causa del estado de alarma, ha superado con creces las previsiones iniciales de una Administración excesivamente burocratizada y totalmente desbordada ante la magnitud de los efectos de sus propias decisiones, retardando la puesta en marcha de acciones urgentes. El número de trabajadores  y trabajadoras afectados ha ido creciendo exponencialmente a medida que pasaban las semanas y se endurecía la cuarentena, habiéndose registrado desde el inicio de la crisis más de 400.000 procedimientos de este tipo, sin que nada haga pensar por el momento que el goteo continuo de solicitudes esté cerca de haber llegado a su fin.

Es en este contexto de incertidumbre, falta de recursos, improvisación y desconcierto cuando los de siempre vuelven a poner palos en las ruedas mostrando su falta de escrúpulos ante una situación tan devastadora. Y el sector de la enseñanza no representa una excepción.

Desde FECCOO hemos comprobado como muchas titularidades y direcciones han querido realizar, de manera totalmente consciente, su particular agosto, efectuando interpretaciones “creativas” y demasiado amplias de la normativa laboral aprobada ad hoc. Una de las irregularidades más comunes ha sido la falta de justificación o la presentación incorrecta del ERTE, ya que algunas empresas han alegado causas de fuerza mayor (reservada a quienes han tenido que suspender la actividad por decisión de las autoridades sanitarias), cuando en realidad han tenido que reducir su actividad porque ha disminuido la carga de trabajo. El matiz es importante si tenemos en cuenta que quien se acoge a la vía de fuerza mayor puede llegar a ahorrarse hasta el 100% de las cuotas a la Seguridad Social y, además, cerrar en tan solo cinco días, sin que exista periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores.

 

Rentabilizar la crisis

Otro campo de batalla ha sido la picaresca con la que grandes empresas, prestatarias de servicios a las administraciones públicas, han pretendido rentabilizar la actual situación. Entidades del sector de Ocio Educativo o de la Educación Infantil con contratos vigentes con administraciones autonómicas o locales, que en muchos casos han seguido manteniendo las condiciones económicas pactadas sin suspenderlos, tuvieron la pretensión de enviar al desempleo, a través de los ya
citados expedientes de regulación, a centenares de trabajadores y trabajadoras por los que continuaban percibiendo lo establecido en el correspondiente pliego de licitación, convirtiendo una vez más la precariedad en un negocio, a costa de unos colectivos eternamente castigados.

¿A cuenta de qué algunas de esas empresas adjudicatarias de servicios han intentado suspender contratos con su personal cuando la propia Administración garantizaba el importe inicial del contrato? Cuando el 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la nueva ley de contratación pública, muchos consideramos en su momento (y lo seguimos haciendo) que representaba un avance significativo en materia laboral, ya que incorporaba el objetivo de que la contratación pública se realizase teniendo en cuenta aspectos de índole social y no solo de criterios económicos. Hay quien no lo entiende así, y aprovecha cualquier resquicio o situación anómala para intentar sacar beneficio propio a costa de degradar y precarizar las condiciones de trabajo de los de siempre.

Las malas prácticas también afectan a los ERTE por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas. A diferencia de los procedimientos de fuerza mayor, estos expedientes requieren de un proceso de consulta previa, con las y los representantes legales de los trabajadores, a desarrollar en un plazo de siete días y poniendo a su disposición toda una serie de documentación. Sin embargo, existen empresas que han intentado realizar el ajuste de manera unilateral, sin proporcionar la información necesaria o, simplemente, aprovechando su presencia por diferentes territorios del Estado para optar por la vía rápida, creando comisiones negociadoras a su medida conformadas por tres personas trabajadoras de la empresa designadas por votación de la plantilla, sin contar con la representación legal que pudiese existir o bien con los sindicatos más representativos.

 

Sindicalismo de clase

También hemos detectado irregularidades por parte de empresas que están obligando a sus empleados y empleadas a coger vacaciones en tiempo de confinamiento, o que incluyen en esos expedientes de regulación a personas trabajadoras en activo que están teletrabajando desde casa o acudiendo a su puesto de trabajo en su centro habitual, y a las que se les reduce sus jornadas o directamente se les suspende su contrato mientras se les obliga a continuar con su actividad. Por no hablar de aquellos centros de enseñanza concertada que, a pesar de seguir percibiendo el importe de los módulos económicos de los conciertos
educativos, han intentado afectar al Personal de Administración y Servicios, cuyas retribuciones vienen recogidas en los gastos de funcionamiento y mantenimiento presupuestados en dichos módulos.

En medio de toda esta “miseria” generalizada brilla con singular intensidad el papel que han jugado miles de trabajadores y trabajadoras de servicios catalogados como esenciales (discapacidad, atención a menores…), asistiendo, en muchas ocasiones sin el material adecuado, a personas en situación de especial vulnerabilidad. Profesionales que no han dudado ni un instante a la hora de ponerse a disposición de sus entidades para cubrir necesidades de determinados servicios y pasar a desarrollar tareas en ámbitos diferentes a donde suelen hacerlo.

Cabe destacar el papel desempeñado por la Confederación de CCOO, y en particular por la Federación de Enseñanza, en cuanto al trabajo sindical que han venido desarrollando los compañeros y compañeras de los sectores socioeducativos y de la enseñanza privada. Hemos sido capaces de trasladar a nuestros delegados y delegadas, a nuestra afiliación, un mensaje de serenidad, de calma, en momentos de incertidumbre y desesperación; hemos aportado soluciones en
medio de un caos informativo generalizado, luchando contra los bulos y la desinformación; hemos ejercido una presión continua sobre las diferentes administraciones para evitar las tropelías y los excesos de quienes, cegados por su codicia, pretendían lucrarse a costa de los de siempre; hemos acompañado a nuestra gente y representado a quienes no forman parte de nuestra afiliación porque tenemos conciencia de clase, esa que, una vez más, ante situaciones límite, ha sabido estar a la altura de las circunstancias tomando conciencia de la complejidad histórica del momento; y también hemos antepuesto, con absoluto convencimiento, el interés de aquellos y aquellas a quienes representamos a nuestra conciliación familiar.

Es, por tanto, el momento de reivindicar con orgullo, con la cabeza bien alta, el sindicalismo de clase, ese que, curtido en mil y una batallas, resiste una vez más.

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Pedro Ocaña

Secretario de Privada y Servicios Socioeducativos