La reforma del sistema de becas y ayudas al estudio

LA IRRUPCIÓN DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 ha supuesto una ruptura de los usos habituales de organización social y de contacto interpersonal, que ha tenido importantes consecuencias para toda la población. La necesidad de limitar los contactos sociales y de extremar las medidas de higiene y seguridad ha producido un fuerte impacto sobre la organización del trabajo, los hábitos de convivencia, las relaciones sociales y otros muchos aspectos de la vida cotidiana, entre los que se incluye el funcionamiento de los centros educativos.

Como efecto derivado de esa situación, muchas personas están experimentando diversos problemas y dificultades, de tipo profesional o laboral, sanitario, económico o emocional. En una sociedad que pretende prestar atención al cuidado de las personas, como es la nuestra, no se puede abandonar a nadie a su suerte ni dejarles atrás. Los poderes públicos y las instituciones debemos proporcionarles el apoyo que necesitan.

Apoyar a los jóvenes en un tiempo de dificultades

Los jóvenes constituyen un sector de población especialmente vulnerable en esta crisis. Aunque estas líneas no estén centradas en el análisis del impacto de la Covid-19 en el ámbito laboral o en el acceso al empleo, no se puede olvidar el grave efecto que este fenómeno tendrá sobre la vida de muchas personas jóvenes. Tras haber sufrido directamente el golpe de la crisis económica de hace una década, su situación se ve agravada en las nuevas circunstancias. Sin duda, es uno de los efectos más graves y ante el que no podemos permanecer indiferentes.

Pero me permitirá el lector que descienda más específicamente al impacto que la pandemia tiene en el ámbito educativo y a los problemas que ocasiona. En este campo también se dejan notar efectos indeseados e indeseables. Sin pretensión de exhaustividad, comenzaré mencionando dos de ellos.

En primer lugar, hay una proporción notable de estudiantes que se han desconectado de la actividad educativa y corren un serio riesgo de abandonar temporal o definitivamente su formación. No sabemos exactamente de cuán- tos estamos hablando. Las estimaciones se mueven entre el 5% y el 15% del total. Dado el actual número de estudiantes de los diversos niveles en España, ello puede suponer una cifra en torno al millón de jóvenes o incluso superior. No cabe duda de que es un dato impactante. Combatir este riesgo e impedir que se convierta en una tendencia consolidada debería ser una tarea prioritaria para estos próximos meses. Algunas medidas adoptadas, como la dotación de equipos tecnológicos y de conectividad para los estudiantes más vulnerables, con objeto de impedir su desconexión, constituye un requisito indispensable, aunque no sea la solución definitiva. Y atender a ese sector de población, mediante planes de seguimiento con tutorías reforzadas y apoyo personalizado, como prevé el plan PROA+ que se aplica desde septiembre, debería constituir una prioridad.

En segundo lugar, sin llegar a esos extremos, la adaptación de la actividad lectiva a los recursos telemáticos y a distancia, renunciando al contacto interpersonal, implica un riesgo de pérdida de estímulo o de empobrecimiento del aprendizaje. No cabe duda de que la enseñanza a distancia o en línea ofrece grandes posibilidades, pero no deja de tener un carácter complementario de la actividad presencial. Como norma general, la presencialidad continúa siendo irrenunciable en nuestro sistema educativo y universitario. Otra cosa es que debamos reforzar la transformación digital de la educación, revisar nuestras metodologías de enseñanza y aprendizaje, e impulsar modelos combinados que aprovechen lo mejor de cada recurso didáctico, objetivo hacia el que debemos orientarnos.

En uno u otro caso, son muchos los estudiantes que requieren nuestro apoyo para continuar su proceso formativo del modo más completo y provechoso posible. La tarea que tenemos por delante, ciertamente apasionante, no deja de ser complicada. Se trata de una empresa que exige un esfuerzo colectivo, por parte de las autoridades educativas, sin ninguna duda, pero también de las y los docentes y del personal que presta sus servicios, de las y los estudiantes y sus familias, y en conjunto de toda la comunidad educativa. Aunque no me extienda más en estos asuntos en esta ocasión, no querría dejar de mencionarlos, pues en la respuesta que les demos nos jugamos en buena medida el futuro de la educación y la formación que reciban nuestros jóvenes. Y para asegurar su éxito necesitan nuestro apoyo decidido.

Las becas y ayudas como sistema privilegiado de apoyo al estudio

Entre los medios tradicionales de apoyo al estudio destacan las becas y ayudas, que vienen concediéndose desde hace décadas, aunque sus características hayan ido cambiando con el considerado uno de los instrumentos privilegiados al servicio de la igualdad de oportunidades. En efecto, la política de becas y ayudas al estudio constituye un instrumento fundamental con vistas a asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en condiciones de igualdad. Puede afirmarse que la declaración constitucional del derecho de todos a la educación resulta incompleta si no va acompañada de un sistema eficaz de becas y ayudas capaz de asegurar que el acceso a los estudios y la continuidad en ellos no vienen determinados por las condiciones socioeconómicas de las y los estudiantes y de sus familias. Dicho de otro modo, las becas y ayudas al estudio constituyen uno de los principales instrumentos al servicio de la igualdad de oportunidades y de la equidad en materia de educación.

Esa convicción subyace a la importancia que el Gobierno actual ha concedido a la política de becas. El acuerdo de coalición progresista firmado para la actual legislatura dedicó la medida 2.1.14 al diseño y puesta en práctica de una nueva política de becas y ayudas al estudio.

La necesidad de adoptar una nueva política deriva en última instancia de los efectos de la reforma emprendida por el Gobierno del Partido Popular en 2013. Entre los cambios entonces introducidos destacan especialmente dos que fueron muy criticados y han continuado siéndolo desde entonces.

En primer lugar, se introdujeron unos requisitos académicos más elevados para obtener la beca y para mantenerla. Como consecuencia de esa decisión, perdió la beca un grupo de estudiantes que no hubiesen tenido dificultades para matricularse de haber contado con los recursos necesarios. Con la excusa de que la beca debe reconocer el esfuerzo realizado y no solo compensar las desigualdades existentes, la aplicación de esta medida disminuyó el número de becarios y becarias.

En segundo lugar, se introdujo un sistema con una parte de la cuantía fija y otra variable. De ese modo, una vez descontadas las cuantías fijas, la cantidad restante se reparte entre los becarios de menor nivel de renta, de acuerdo con un baremo establecido. La consecuencia de ese modelo ha sido doble. Por un lado, las cuantías máxima y media de las becas cayeron apreciablemente tras la entrada en vigor de aquellos cambios, especialmente para los estudiantes con menor nivel de renta. Y, por otro, se hizo más difícil conocer de antemano la cuantía de la beca que se podía obtener, lo que, unido al retraso en los plazos de percepción, empeoró la situación de las y los becarios.

El sistema resultante de estas modificaciones ha sido objeto de crítica por parte de agentes muy diversos. El Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Universidades, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las asociaciones de estudiantes universitarios y no universitarios, organizaciones como Save the Children o la Plataforma de Infancia, entre otras muchas, han adoptado decisiones, emitido informes y publicado trabajos pidiendo el cambio del sistema. Y el Observatorio Universitario de Becas y Ayudas al Estudio directamente no se convocó durante siete años, sin duda con el fin de evitar conflictos y enfrentamientos.

Todo ello impulsó la adopción del acuerdo de gobierno antes mencionado, que acaba de comenzar a aplicarse. La convocatoria para el curso 2020-2021 implica un conjunto importante de cambios en el sistema de becas y ayudas al estudio, aunque haya que reconocer que revertir completamente la situación creada a partir de 2013 no resulta sencillo, dadas sus implicaciones presupuestarias y de gestión.

Las líneas directrices de la reforma actual

La reforma ahora introducida resulta posible por el crecimiento sustancial del presupuesto dedicado a esta y sucesivas convocatorias. En el curso 2020-2021 se invertirán 386 millones de euros adicionales, hasta alcanzar casi los 1.900 millones. El aumento representa un 22%, lo que da buena idea del esfuerzo realizado.

Ese incremento de recursos permitirá adoptar un conjunto de medidas que se orientan en cuatro direcciones complementarias:

1. Recuperación de los requisitos académicos anteriores.

Las becas volverán a exigir solamente el aprobado del curso anterior, poniendo así fin al endurecimiento de los requisitos académicos introducido por la reforma de 2013. Se reduce la nota de acceso a becas no universitarias del 5,5 al 5 y se mantienen las becas de grado con el aprobado de un determinado porcentaje de créditos, según la rama de los estudios, eliminando la nota media exigida con anterioridad. De este modo, se recupera el verdadero sentido de la beca como derecho subjetivo a la educación, independientemente de las circunstancias sociales o económicas en las que se encuentre el alumnado. Con la nueva medida estimamos que se beneficiará a 61.059 estudiantes, de los cuales 54.853 lo son de grado universitario.

2. Elevación del umbral más bajo hasta equipararlo al umbral de la pobreza.

El sistema de becas gana en progresividad y equidad al elevar el umbral más bajo (el 1) hasta equipararlo al umbral de la pobreza, tal como es definido por el INE. Con esta medida se pretende ayudar a las familias más desfavorecidas, que pasarán del umbral 2 al 1 y podrán acceder a la beca completa, que incluye matrícula y cuantías fija de renta, de residencia, en su caso, y una variable. Este umbral económico, que no se actualizaba desde el curso 2010‐2011 ni se había adaptado al contexto económico cambiante de la última década (inflación, incremento del salario mínimo interprofesional, etc.), asciende sustancialmente. Con esta medida estimamos que se beneficiará a 90.448 estudiantes de Bachillerato, FP, Artísticas y Educación Especial y a 71.155 estudiantes universitarios, todos ellos incluidos en los grupos de población con los niveles más bajos de renta.

3. Elevación de las cuantías fijas en 100 euros y reducción de la cuantía variable

Aumentan las cuantías fijas en 100 euros (beca básica, de renta y de residencia) para acercarse a los costes reales que supone seguir estudios postobligatorios. En consecuencia, se reduce el peso de la cuantía variable, que tanto ha complicado y retrasado la gestión y cobro de las ayudas. Esta medida beneficiará a 621.027 personas, tanto universitarios como no universitarios.

4. Refuerzo del apoyo a las personas con discapacidad funcional

Con la pretensión de que nadie se quede atrás, se propone reforzar el apoyo a las personas con diversidad funcional. En concreto, se permitirá el acceso a la convocatoria de ayudas a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) con un grado de discapacidad por debajo del 33%, según su nivel de renta familiar. Además, se elevará el presupuesto destinado a compensar la totalidad de las matrículas de personas con discapacidad que estudian en la UNED, que suponen una proporción mayoritaria entre las y los estudiantes universitarios.

En total, el impacto agregado de las medidas citadas hará aumentar sustancialmente el número de becarios que disfrutarán de la beca completa (básica, renta y residencia), que son los de menores ingresos, lo que tendrá un importante efecto compensatorio. Si ahora hay becarios y becarias que tienen la beca completa (el 37,5% del total), con la reforma se incorporan 181.000 más, hasta llegar a un total de 439.000. En total, a partir del próximo curso el 64% disfrutarán de beca completa, casi el doble que antes.

A su vez, continuamos trabajando en la mejora de la gestión para avanzar el cobro de la ayuda, lo que se facilita al restablecer los requisitos académicos. Y estamos reformando y mejorando el portal web, con objeto de facilitar el acceso al proceso de solicitud y como paso intermedio para crear un portal único de becas que permita agrupar información de las convocatorias realizadas por el Estado y por las comunidades autónomas.

Por último, haremos un mayor esfuerzo para que el derecho a obtener beca forme parte esencial de la orientación educativa, en el momento de elección de las vocaciones. Como revela el informe que elaboró la AIREF en 2018, solo un 13% del alumnado universitario recibió información sobre las becas en sus centros de Educación Secundaria y un 17% de los candidatos elegibles no la solicitó por carecer de información. Queremos que lleguen a todas las personas que las necesiten.

No cabe duda de que la educación es una prioridad estratégica para este Gobierno, que está comprometido con hacer efectiva la garantía del derecho a la educación. Y las becas constituyen uno de los mecanismos más consensuados y consolidados para hacerlo posible en condiciones de igualdad. Por eso debemos cuidarlas.

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Alejandro Tiana Ferrer

Secretario de Estado de Educación