El primer eslabón de la carrera investigadora

DESDE QUE COMENCÉ MI TRAYECTORIA UNIVERSITARIA, tuve la fortuna de contar con una beca general y de movilidad para realizar mis estudios en la Universidad de Zaragoza. Con ella pude pagar mis gastos en la realización del Grado de Maestra en Educación Infantil, sin tener que complementarlo con otros trabajos por ser una cuantía suficiente para cubrir los costes básicos y así poder dedicarle todo mi tiempo a mi formación académica.

Tras los fuertes recortes que se dieron en estas becas y los cambios en su organización –se pasó a dar una primera cuantía a todas las personas solicitantes que cumplían los requisitos, que solía llegar alrededor de los meses de diciembre o enero; y, más adelante, con lo que sobraba, se hacía un segundo reparto a lo largo del curso–, los dos últimos años de carrera, como muchos compañeros y compañeras, me vi en la obligación de complementar estos ingresos con los obtenidos de otros trabajos que tuve que compatibilizar con mis estudios.

Una vez finalizado el grado universitario, tuve la oportunidad de solicitar una beca para realizar estudios de posgrado, gracias a la cual pude cursar uno de los másteres oficiales de la Universidad de Zaragoza, que más adelante me daría acceso a continuar formándome en la educación postobligatoria.

Sin embargo, para la realización de estudios de doctorado no existen becas de carácter general, sino contratos predoctorales, los cuales no contemplan aspectos socioeconómicos, sino únicamente académicos, y se dan por régimen de concurrencia competitiva. Existen en el ámbito estatal, como los contratos de Formación de Profesorado Universitario (FPU), y a nivel autonómico, como los contratos predoctorales de la Diputación General de Aragón, por mencionar alguno.

Estos contratos exigen muchísimas horas de trabajo, muchas veces sin horario y sin descanso, por una cifra que bordea los 1.000 euros mensuales. Un avance en la mejora de estas condiciones –aunque muchas personas lo entendieron como insuficiente–, fue la aprobación del Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF), en marzo de 2019, el cual incluía una subida del salario. No obstante, dicho incremento ha tardado más de un año en aplicarse en determinados casos, con todas las implicaciones personales y académicas que eso puede tener para quienes dependen de ellas.

Quedando todavía muchos aspectos por mejorar, diferentes plataformas que luchan por la dignidad investigadora siguen tratando de avanzar tanto en la transformación social y académica de la tan arraigada idea del personal becario, como en la necesaria mejora de las condiciones laborales de quienes somos, hoy día, el primer eslabón de la carrera investigadora, que desde el comienzo de la pandemia ha confirmado su vital importancia para el futuro de todas y de todos.

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Irene Delgado

Doctora en Educación por la Universidad de Zaragoza y maestra de Educación Infantil