¿Para cuándo un Plan de Igualdad para la educación en el exterior?

EL PASADO DICIEMBRE, LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO emitió un informe (*) y un comunicado denunciando la discriminación por razón de sexo en la Unidad de Acción Educativa Exterior, que es una de las pocas competencias de gestión que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha mantenido en el Estado de las autonomías.

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Esta unidad tiene como principal objetivo fortalecer las relaciones internacionales en materia educativa y muy concretamente en los sistemas no universitarios. Los ministerios tienen unidades de acción exterior, que muestran diferencias significativas en la aplicación, o no, del principio de igualdad por razón de sexo.

Según los datos, en la Acción Educativa Exterior existe una importante desproporción entre el porcentaje de mujeres que acceden a esta posibilidad de desarrollo profesional (56%) respecto al total de mujeres docentes de España (72%). Asimismo, los pocos datos sobre la participación en puestos de dirección y responsabilidad muestran índices de clara discriminación por razón de sexo, muy particularmente hacia las profesionales de cuerpos docentes. Estas cifras se interpretan como indicios de discriminación indirecta y de doble discriminación en lo que respecta a la promoción laboral. Este tema requiere una elaboración, una reflexión y un análisis que van más allá de las posibilidades de este breve artículo, y que solo busca avanzar en la identificación del problema, sensibilizar sobre esta desigualdad y apuntar alguna solución.

En este sentido, es importante señalar que los puestos para docentes en el exterior, además de una mejora salarial, suponen una excelente forma de promoción profesional y personal. No obstante, es fácil imaginar que las mujeres con responsabilidades familiares o asistenciales no puedan optar a estas plazas si no cuentan con unas medidas claras de conciliación y corresponsabilidad, ya que atender y conjugar las necesidades familiares y profesionales es previsiblemente más complicado en otro país y en otro contexto educativo. En este sentido, existe discriminación indirecta.

Por otro lado, las docentes no estén presentes en los cargos de toma de decisión en el exterior, por ejemplo: del total de 27 consejeros/as y agregados/as, solo hay 8 mujeres. Y de ellas, solo una pertenece a un cuerpo docente. Es decir que existe doble discriminación: por ser mujer y por pertenecer a un cuerpo educativo. Pero poco nos puede extrañar este dato si no hay medidas correctoras para este sesgo, los procesos selectivos no establecen como mérito la cualificación, la acreditación y la trayectoria en el ámbito educativo, no se emiten informes de impacto de género, no se provee formación específica ni tan siquiera existe sensibilización sobre el tema. Y poca sensibilización puede haber si no hay datos disponibles, debidamente desagregados, ni información transparente y relevante para poder hacer un análisis y un diagnóstico adecuado y con perspectiva de género.

Por otro lado, el III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, del BOE de 1 de enero de 2021, llega en un momento tan oportuno como necesario, y viene a confirmar en su diagnóstico la tendencia en algunos de los datos del informe sindical. Se observa, por ejemplo, que justamente en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es un departamento feminizado si tenemos en cuenta el total de recursos humanos, el índice de cargos de libre designación es de los más bajos de la Administración General del Estado (AGE) y está incluso por debajo de otros departamentos con clara mayoría de hombres entre sus efectivos, como es Interior, Defensa, Fomento o Transición Ecológica.

No hacen falta grandes conocimientos estadística ni una gran sensibilidad social para concluir que, aún con datos precarios, existe desigualdad. Los indicadores muestran una clara correlación negativa: a mayor promoción laboral, menor presencia de mujeres de cuerpos docentes.

El III Plan de Igualdad de la AGE ofrece unos objetivos transversales y unos ejes de actuación muy bien definidos respecto a los instrumentos, la conciliación, la corresponsabilidad, la prevención del acoso, la formación, los datos e informes, y la promoción laboral en la administración pública. Todos estos aspectos están insuficientemente desarrollados en nuestro departamento y los datos así lo corroboran. Urge una aplicación rigurosa de la ley 3/2007 y un plan de igualdad específico en la educación exterior, que no se limite a medidas cosméticas y que corrija esta deficiencia con medidas efectivas que tengan un impacto objetivo y verificable en las condiciones y el desarrollo de la carrera profesional docente de las mujeres.

Es inadmisible la falta de visibilidad de la discriminación hacia las docentes, como colectivo y como ciudadanas de pleno derecho. Las mujeres, que históricamente hemos encontrado en la enseñanza el acceso al mercado laboral, reivindicamos que, en el propio ámbito educativo, en la Administración pública y bajo un Gobierno de signo progresista se vele por el cumplimiento eficaz y efectivo de las leyes que nos amparan.

Nunca hemos abdicado de nuestras obligaciones ni lo haremos de nuestros derechos. Solo así conseguiremos una sociedad justa, rica y democrática para todas y todos.


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Rosario Outes Jiménez

Secretaría de Mujer e Igualdad de FECCOO Exterior