Hacia la gratuidad

LO QUE DESDE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL se ha bautizado como “crisis educativa” para hablar de las consecuencias de la pandemia de la Covid-19, no es otra cosa que el producto de años de recortes, infrafinanciación y olvido de la educación pública. Entenderla como global, como un fenómeno que lleva años gestándose y que nos ha dejado sin margen de maniobra para afrontar los retos actuales, nos permite poder entender sus consecuencias en profundidad y sus posibles soluciones.

Dicha crisis ha tenido un impacto global en el sistema educativo y universitario: desde la forma en la que entendemos las necesidades básicas del alumnado –y cómo nuestro entorno socioeconómico puede afectar a nuestro desarrollo académico– hasta la falta de recursos para asegurar el éxito de la semipresencialidad o de la total virtualidad, donde repercuten también la falta de formación en tecnologías de la información, la brecha digital, la penalización económica de las segundas y terceras matrículas, las dificultades en el transporte para llegar a los centros educativos e, incluso, el agravio de enfermedades mentales como la ansiedad, el estrés y la depresión fruto de la pandemia.

Quienes han dejado sus estudios durante el último curso escolar no son casos excepcionales. La incógnita de la modalidad de estudio, así como del futuro socioeconómico del país, han influido en la elección de continuar estudios superiores en jóvenes que han visto sus economías familiares afectadas por la crisis: subida del alquiler, ERTE, despidos… Aunque el último curso 2020-2021 ha visto una importante rebaja de los precios públicos universitarios en la mayoría de las CC. AA., esto no ha implicado la desaparición de la brecha de acceso en la educación superior. El coste medio del crédito público continúa siendo de un mínimo de 18,42 €, muy lejos de estar al alcance de la mayoría. Falta avanzar también hacia la equiparación de los precios de grado y máster, la rebaja en los de doctorado y, sobre todo, hacia la gratuidad de todos los niveles de la enseñanza pública.

Es importante que continuemos reivindicando en esa línea para que no se excluya a nadie por su nivel adquisitivo, pero no nos podemos quedar con la gratuidad formal de la matrícula. Son muchos los factores que afectan en el acceso –y continuación– de un grado: los altos precios del alquiler en ciudades universitarias y del transporte público, la precariedad juvenil… Por eso es importante tener en cuenta propuestas como las becas salario o de movilidad, así como la ampliación del parque público de vivienda. Sin universidades comprometidas con la transformación social y al servicio de las clases trabajadoras es imposible que acabemos con la muralla económica que nos barre el paso.

Mientras se continúe entendiendo al alumnado como un trabajador a tiempo completo, imposibilitando la conciliación laboral, sindical y asociativa, la Universidad se encontrará lejos de estar a nuestro servicio.

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Lucía Aliagas

Estudiante de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona