Francisco García Suárez, secretario general de FECCOO: “El cambio de Gobierno ha permitido un nuevo rumbo, pero eso no quiere decir que estemos satisfechos”

DURANTE LOS AÑOS MÁS DUROS DE LOS RECORTES, Francisco García se convirtió en la cara más visible en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza y de un sistema educativo de calidad. Ahora que la tempestad arrecia, y recién estrenado su tercer y último mandato como secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, reconoce que el cambio de Gobierno ha abierto nuevas perspectivas en las políticas educativas, sociales y presupuestarias, pero, advierte, hay muchas luchas por delante.

FRANCISCO GARCÍA SUÁREZ (Cabañaquinta, Asturias, 1958) es profesor de Primaria. Curtido en mil batallas en la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, inicia su tercer mandato al frente de la Federación Estatal con el objetivo de mejorar el reconocimiento y la consideración social de todos los trabajadores y las trabajadoras del sistema educativo y socioeducativo, para lo que reclama mejoras laborales y retributivas urgentes.

 

Tercer mandato al frente de la Federación de Enseñanza… ¿Qué tiene de distinto el escenario actual con los que se encontró en 2013 y 2017?

En 2013 nos encontramos con la tramitación parlamentaria de la LOMCE y con los mayores recortes que había sufrido la educación desde la transición democrática. Desde CCOO lideramos la contestación y la movilización contra estas políticas regresivas cuyos efectos más negativos aún son visibles: estamos lejos de los niveles de inversión educativa anteriores, las políticas socioeducativas se han debilitado provocando un impacto muy negativo sobre el alumnado y su entorno familiar, las condiciones laborales en la enseñanza se han deteriorado y el diálogo social se volatilizó.

El cambio de Gobierno ha permitido un nuevo rumbo en las políticas educativas, sociales y presupuestarias y hoy, tal y como hemos reivindicado con firmeza, tenemos una nueva ley educativa que ha derogado la LOMCE, está a punto de ser tramitado en el Parlamento un anteproyecto de Ley de FP, las políticas educativas han abandonado la segregación y apuestan por la inclusión y la equidad, y se recuperan los capítulos de becas y ayudas para el alumnado en situación de desventaja social. Eso no quiere decir que estemos satisfechos: la LOMLOE se queda corta en algunas cuestiones, hemos sido críticos con la Ley de FP, el anteproyecto de ley universitaria (LOSU) ha merecido críticas muy duras por nuestra parte, y la inversión educativa no se recupera al ritmo necesario.

El actual escenario social y político nos exige seguir trabajando por nuestra agenda desde la propuesta y, a veces, desde la respuesta. Por otro lado, la irrupción de la pandemia nos ha colocado ante nuevos retos. Hemos trabajado para garantizar un escudo social que blindara los derechos de las y los trabajadores y de los sectores más vulnerables y, en el ámbito educativo, hay que reconocer y agradecer el esfuerzo de todo el personal de los centros que, junto con la comunidad educativa, han conseguido seguir abiertos, a veces con escaso apoyo de las administraciones. En este inicio de curso estamos denunciando el recorte que la mayoría de las CC. AA. están llevando a cabo sobre los cupos del curso pasado, señalando la inconveniencia de tal medida desde el punto de vista sanitario, educativo y social.

La lucha contra los recortes fue protagonista de su primer mandato; el fin de la LOMCE marcó de cierta manera el segundo; ¿cuáles son los objetivos o los temas que dirigirán sus pasos en los próximos cuatro años?

Considero que la recuperación de lo arrebatado por los recortes es una prioridad, así como la recuperación del empleo perdido y su mejora, del poder adquisitivo, de todos los derechos laborales arrebatados durante la crisis, de los niveles de inversión en educación y ciencia, de las políticas socioeducativas, de la enseñanza pública que fue la más dañada por los recortes, del horario lectivo del profesorado, etc.

Junto a ello hay que situar los debates sobre los retos que presenta el desarrollo de la nueva ley. Destacaría el de la rebaja de las ratios y el incremento del número de profesorado por aula para implantar la LOMLOE, que apuesta por unos currículos por competencias más abiertos y flexibles. También la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales a los centros y la apuesta por los Estatutos Docente y del PDI, y una ley integral de Enseñanzas Artísticas. El desarrollo de la Ley Orgánica de FP y cómo se aterriza en las CC. AA. Y, por supuesto, la activación de políticas sociales complementarias a las educativas que tengan impacto en el entorno familiar y sociocultural del alumnado.

El principal desafío que tenemos por delante es seguir avanzando en la senda de la recuperación de lo recortado con la excusa de la crisis: en empleo, en retribuciones y en derechos

¿Ha evolucionado positiva o negativamente el sector de la enseñanza en la última década?

La última década ha estado marcada por los recortes más duros que recordamos en educación y por la implantación de la LOMCE, una ley regresiva, selectiva, segregadora y privatizadora. Se han llevado a cabo recortes en el empleo, en las medidas de atención a la diversidad, en las becas y ayudas. Y conviene recordar que estos han gravitado exclusivamente sobre la escuela pública y sobre las y los trabajadores de todas las redes educativas. Nuestros niveles de inversión educativa están un 0,7% del PIB por debajo de los de 2009, se perdió empleo público, aumentaron las tasas de temporalidad, se incrementaron las ratios… Un daño aún perdurable.

Nos preocupa el avance de la privatización, fundamentalmente en la educación no obligatoria: 0-3 años, Bachillerato, enseñanzas a distancia y señaladamente en la FP y en la educación superior, que no se lleva cabo a través de la extensión de los conciertos, sino a través de políticas de “cheque escolar”: becas, ayudas, desgravaciones fiscales, etc., que convierten a estas etapas en una oportunidad de negocio, especialmente ante la dejación de determinadas administraciones para proveer plazas públicas suficientes o precios asequibles en la Universidad. La noticia de que un grupo de inversión ha decidido colocar 200 millones de euros para comprar centros educativos en nuestro país nos alerta sobre la mercantilización de la educación y su debilitamiento como derecho.

Ha dicho que la LOMLOE no es la ley que quería CCOO. ¿Cuáles son los elementos positivos y las áreas de mejora de esta ley?

Destacaría la recuperación de una educación inclusiva y el refuerzo de la escuela pública como elemento vertebrador del sistema, con la eliminación de la demanda social y de la cesión de suelo público para colegios concertados. Los currículos por competencias, pendientes aún de desarrollar, son más adecuados para preparar a nuestros jóvenes para integrarse en una sociedad y en un mundo del trabajo aceleradamente cambiantes. Estos currículos más flexibles van a forzar cambios metodológicos, y en el sentido y el desarrollo de la evaluación. Una cadena lógica que también nos debe llevar a cambios en la organización de los centros y en la formación inicial y permanente del profesorado.

Sin embargo, no se garantizan los medios y recursos necesarios para implementar los cambios. No hay una apuesta por la necesaria reducción de la ratio, la racionalización del horario lectivo del profesorado, el incremento de docentes por aula. La ley apunta hacia la necesidad de una ley para el profesorado, pero pospone el debate sobre la profesión docente para un momento posterior. El nuevo curso acaba de comenzar y, con la inacción del Ministerio de Educación, muchas CC. AA. han reducido el cupo de profesorado volviendo a las ratios ordinarias, lo que es inconveniente desde el punto de vista sanitario y educativo.

¿Es posible mejorar y consolidar la LOMLOE para que no sea necesario volver a empezar con una nueva ley en los próximos años?

Hace falta una voluntad decidida por parte del Gobierno para implantar la ley. De lo contrario, nos podríamos encontrar con un eventual cambio de Gobierno que paralizara su implantación. Desde este punto de vista no me parecen muy afortunados algunos mensajes en torno a buscar un mayor consenso para su implantación, cuando desde la derecha educativa y política se sigue abundando en un discurso frentista contra la LOMLOE. No comparto, por ejemplo, que se permita a las CC. AA. retrasar la implantación del decreto de evaluación hasta el próximo curso, cuando las posiciones de quienes hoy están en contra se van a mantener cristalizadas y se va a generar una situación de desigualdad en una materia de tanta importancia.

¿Cree que podríamos llegar, con el contexto político actual, a un pacto de Estado por la Educación como el que se intentó en 2010 o ya está fuera de toda posibilidad?

Vivimos una situación de crispación política sin precedentes, con una derecha instalada en una estrategia de desestabilización política e institucional. Pero, además, el debate educativo está fuertemente politizado. Lo hemos visto en la campaña contra la LOMLOE, en el que la derecha educativa se ha echado a la calle reclamando el mantenimiento de aspectos que, hasta la LOMCE, jamás se habían contemplado en el ordenamiento jurídico educativo en nuestro país, como la demanda social o la cesión de suelo público para instalar colegios concertados.

Más recientemente hemos visto cómo se arremetía contra el borrador de decreto de evaluación por razones ideológicas y contra la evidencia empírica. Da igual que la OCDE nos haya señalado como el país miembro en el que más se abusa de la repetición de curso. Da igual que la propia OCDE señale que esta medida es cara e ineficaz, o que los expertos aseguren que repetir para hacer lo mismo no es una opción. Da igual que la decisión sobre la promoción del alumnado siga estando en manos del equipo docente (no podría ser de otra manera) y que nada impida que este determine que un estudiante repita curso. Nos volvemos a enfrentar al discurso monocorde de la quiebra de la cultura del esfuerzo que, tal y como se formula, es subsidiario de un sistema educativo profundamente selectivo, segregador y clasista. Partiendo de estas premisas no podemos encarar los retos que tenemos planteados y no habrá solución para las altas tasas de fracaso escolar, seguiremos encabezando el ranking de abandono educativo temprano y teniendo un bajo porcentaje de alumnado que cursa enseñanzas profesionales. Resulta difícil pensar en la posibilidad de que un Pacto de Estado por la Educación pueda abrirse camino. Sí sería deseable un pacto por el fortalecimiento y la expansión de la escuela pública. En este sentido, creo que tendríamos en buena disposición a la gran mayoría de la comunidad educativa y de los sindicatos más representativos del sector.

Nos preocupa el avance de la privatización, fundamentalmente en la educación no obligatoria

Si tuviera que resumir el ámbito de trabajo de la Federación de Enseñanza en tres «luchas», ¿cuáles serían?

La lucha para mejorar el reconocimiento y la consideración social de todos los trabajadores y las trabajadoras del sistema educativo y socioeducativo, que pasa por la mejora de sus condiciones laborales y retributivas, de la cantidad y calidad del empleo, eliminando las altas tasas de temporalidad; por la construcción de un modelo de profesión docente con compromiso social, por la incorporación de nuevos perfiles profesionales a los centros, por el reconocimiento de la importancia educativa del trabajo del personal de administración y servicios…

La lucha por hacer de la educación una política de Estado, de tal forma que se pueda garantizar una estabilidad normativa. Este compromiso social y político debería venir avalado por un compromiso de inversión que nos permitiera recuperar los niveles anteriores a la crisis (5% del PIB) y dotarnos de un horizonte del 7% del PIB en el medio plazo. La lucha por reforzar el derecho a la educación, que tiene que ver con la apuesta por una educación inclusiva que no deje a nadie atrás, que garantice la igualdad de oportunidades y la equidad, que refuerce la escuela pública, las políticas socioeducativas y aquellas complementarias que impacten sobre el entorno familiar y sociocultural del alumnado, que promueva la igualdad de género y el respeto y el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual.

¿Cuáles son los frentes abiertos en la enseñanza pública no universitaria?

Tenemos pendiente la concreción, en el ámbito educativo, del acuerdo para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Estamos a la espera de que se tramite en el Parlamento la Ley que da soporte al acuerdo para iniciar las negociaciones con el Ministerio para llegar a una fórmula que permita no solo consolidar las plazas, sino también estabilizar al personal interino y eventual.

La reducción de las ratios y el incremento del profesorado por grupo son algunos de los retos más inmediatos, tanto por razones sanitarias como educativas: la nueva ley educativa va a plantear unos currículos por competencias, una apuesta clara por la atención a la diversidad, unas metodologías más activas; la pandemia ha agrandado las brechas de la desigualdad, que van a exigir incrementar el número de docentes y rebajar el de estudiantes, y fortalecer y ampliar las políticas socioeducativas y de acompañamiento que impacten sobre las familias y su entorno sociocultural.

Hay que avanzar en la reducción del horario lectivo del profesorado hasta dejarlo en 18 horas lectivas en Secundaria y en 23 en Primaria, en una primera fase. Los actuales horarios son incompatibles con unas condiciones laborales dignas y también con una enseñanza de calidad en la que haya espacios para las tareas de preparación de las clases, de diseño de medidas para la atención a la diversidad, de coordinación, de trabajo cooperativo, de intercambio de experiencias y de formación.

Y nos queda nuestra histórica reivindicación en torno al Estatuto Docente. La LOMLOE establece que, en el plazo de un año tras su entrada en vigor, se habrá elaborado una norma para regular la profesión docente. El plazo se acerca y aún no hemos iniciado la negociación. Para CCOO la norma debe ser ambiciosa y regular desde la formación inicial, pasando por la inmersión en la profesión, el acceso a la función pública docente, el modelo de desarrollo profesional, los derechos y deberes, hasta la jubilación anticipada.

¿Y en el ámbito de privada y servicios socioeducativos?

Creo que la prioridad es trabajar para mejorar el empleo y las condiciones laborales y retributivas en un sector caracterizado por la precariedad.

En junio, julio y agosto se perdieron en el sector educativo más de 203.000 trabajos de los que el 75,5% corresponden al sector privado. La cifra es peor que la del año pasado, lo que nos pone de manifiesto que la destrucción de empleo en privada está íntimamente ligada a la temporalidad y al trabajo parcial que, junto a los bajos salarios, son los lastres que impiden la dignificación de las condiciones laborales del sector.

En sectores como la concertada, la privada o las universidades privadas, son frecuentes las contrataciones ligadas a la duración del curso escolar, despidiéndose a muchos trabajadores y trabajadoras coincidiendo con el periodo vacacional.

Pero es en los sectores educativos más feminizados y con retribuciones más bajas como la Educación Infantil, el Ocio Educativo o la Enseñanza No Reglada en los que más abunda la precariedad y en los que más empleo se destruye. Todo ello nos lleva a exigir la negociación de un Pacto por el Empleo en el sector, que vincule a administraciones y patronales para garantizar el empleo estable y de calidad.

La otra línea prioritaria pasa por atender los retos de la negociación colectiva. En estos momentos estamos negociando el convenio de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, en el que vamos a focalizar nuestra atención en mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras de los centros especiales de empleo y en recuperar la filosofía original de inserción laboral con la que surgieron este tipo de centros. Por otro lado, afrontaremos la negociación del próximo convenio colectivo de centros de asistencia y Educación Infantil con la pretensión de dignificar las condiciones laborales de las educadoras del 0-3.

“Nuestras propuestas de mejora se enmarcan en la apuesta por una universidad pública de calidad que responda a las necesidades de la sociedad y no solo de las empresas”

La Universidad es otro de los ámbitos que mayor atención requiere, teniendo todavía pendiente el estatuto del personal docente e investigador. ¿Cuál es la hoja de ruta que se plantea desde FECCOO?

Nuestra apuesta por la negociación del Estatuto del PDI sigue en pie, pero de momento el Ministerio de Universidades ha optado por poner sobre la mesa una propuesta de texto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, en su primera formulación, está resultando muy polémica. La realidad, más allá de las prioridades de nuestra agenda, nos exige centrarnos en esta cuestión. Desde CCOO habíamos manifestado que los cambios normativos necesarios en el ámbito de la educación superior podían sustanciarse con modificaciones legislativas sobre la LOMLOU, sin necesidad de una nueva Ley. El Ministerio ha tirado por la calle de en medio con un texto con muchas aristas.

CCOO ya ha mostrado su rechazo al anteproyecto en su actual redacción. No hay referencias a la universidad como servicio público y al servicio de la sociedad ni propuestas para que el Sistema Universitario siga contribuyendo a la cohesión social; no hay una memoria económica detallada ni un plan de financiación suficiente, cuando en esta materia venimos de una etapa de recortes que ha agrandado el diferencial de inversión en la educación superior con los países de nuestro entorno; no hay medidas claras para acabar con las insoportables tasas de precariedad y se mantiene la tasa de reposición en el articulado de la Ley; no se regula una carrera profesional ni para el PDI ni para el PAS; ni medidas que apuesten por mejorar las retribuciones ni la situación laboral de los diferentes colectivos.

Nuestras propuestas de mejora se enmarcan en la apuesta por una universidad pública de calidad que responda a las necesidades de la sociedad y no solo de las empresas, con un modelo de gobernanza que profundice en la participación democrática del conjunto de la comunidad universitaria. Hace falta un compromiso de Estado para mejorar los niveles de financiación de nuestra educación superior, mejorar las dotaciones de personal, acabar con la precariedad, y algunas de las nuevas figuras contractuales que se proponen no van en esa dirección…

Nuestro compromiso pasa por seguir negociando desde la propuesta alternativa y, si no se corrige el rumbo, la movilización no está descartada.

¿Cuál es la situación en el sector del personal de servicios educativos y complementarios (PSEC)?

En el sector del PSEC apostamos por abrir una mesa de negociación con el Ministerio en temas transversales que afectan a los y las profesionales educativos del Estado. Nos referimos a cuestiones como la mejora del empleo, la recuperación de la jornada laboral del 35 horas o aspectos ligados a las retribuciones, como los criterios para distribuir los fondos adicionales que han llegado y seguirán llegando a las comunidades autónomas.

La implantación de una carrera profesional a nivel estatal, con un complemento retributivo similar al sexenio y vinculado al reconocimiento de las funciones educativas que lleva a cabo el PSEC, junto con la mejora de la cualificación profesional del colectivo para su adaptación a las nuevas y cambiantes necesidades del sistema educativo, son otras líneas de trabajo.

Por último, adecuar el acuerdo para la estabilización del empleo al sector, para reducir las altas tasas de precariedad, que en algunas CC. AA. rozan el 50%.

¿Existe voluntad política desde el Gobierno para alcanzar los acuerdos necesarios?

Si el Gobierno del PP apostaba por imponer su agenda neoliberal, sin margen para el diálogo y con un enfrentamiento casi permanente con las organizaciones sindicales de clase, ahora hay una mayor coincidencia en la agenda de cambios y reformas a impulsar, que va en paralelo a una cierta atonía en el diálogo social, al menos en el ámbito educativo.

Aunque se han recogido algunas de nuestras aportaciones durante la tramitación de la LOMLOE, no ha habido ningún ámbito formal en el que poder contrastar las propuestas, más allá del Consejo Escolar del Estado durante el trámite de informe sobre la Ley. La Mesa Sectorial Docente, tan importante, no funciona de forma regular y no aborda ninguno de los temas que nos interesan como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. La Mesa de Universidades quedó sin constituir durante los gobiernos del PP y ahora no hay ningún interés por hacerlo, a pesar de que desde CCOO lo hemos demandado reiteradamente.

En el ámbito de los empleados públicos alcanzamos un acuerdo para la reducción de la temporalidad que se ha visto sometido a una accidentada tramitación parlamentaria y, por el momento, el Gobierno no ha manifestado ninguna predisposición a abordar una negociación sobre el anteproyecto de ley de PGE en lo que concierne a las retribuciones o al empleo. De modo que podemos concluir que no apuesta por establecer marcos de diálogo y de acuerdo en el ámbito educativo, y que esta situación ha generado y seguirá generando posiciones encontradas y fricciones sobre diferentes temas. CCOO es el sindicato mayoritario en el ámbito de la enseñanza y esto es una gran responsabilidad.

“La reducción de las ratios y el incremento del profesorado por grupo son algunos de los retos más inmediatos, tanto por razones sanitarias como educativas”

¿Por qué cree que el modelo y las propuestas de CCOO representan a tantas trabajadoras y trabajadores del sector?

Creo que es así porque combinamos nuestra lucha por los trabajadores y las trabajadoras del sector, por la mejora de sus condiciones laborales y retributivas, por la mejora del empleo y de su calidad, con nuestro carácter sociopolítico que apuesta por el derecho a la educación de calidad con equidad y por la escuela pública como mejor garantía para su desarrollo. Por otro lado, nuestra condición de sindicato confederal nos da mayor fortaleza para sostener nuestras reivindicaciones tanto en el ámbito sectorial como en el general, desde la consideración de que la defensa de la educación como derecho y como pilar del Estado social nos corresponde tanto a la Federación de Enseñanza como a la estructura confederal, que es tanto como decir al conjunto de la clase.

Considero que también es reseñable nuestra capacidad de elaboración y propuesta. Nuestros estudios suelen tener amplia repercusión pública. Además, nuestro modelo de visitas a centro y el contacto permanente y prioritario con la afiliación y los trabajadores y trabajadoras nos da credibilidad y fuerza. Y, por supuesto, nuestro carácter reivindicativo, que nos hace estar en todas las luchas, liderando la propuesta y la movilización.

¿Cuál es el plan para mantener esta posición e incluso mejorarla?

Insistir en nuestras fortalezas, pero también saber leer los cambios que se han producido en el sector educativo. El paulatino rejuvenecimiento de las plantillas y la jubilación de las generaciones que vivieron la transición política y los años inmediatamente posteriores nos exige referenciar en nuestro discurso a las generaciones más jóvenes, que son de un paradigma político y cultural diferente. Aggiornar nuestro discurso, consolidar el relevo generacional, es algo en lo que estamos trabajando con fuerza e ilusión.

Este último año ha sido coordinador del Área Pública de CCOO. ¿Cuáles han sido los principales logros hasta ahora y qué desafíos tiene por delante?

El desarrollo y aplicación de los acuerdos por el empleo de 2017 y los acuerdos retributivos de 2018 han constituido una parte importante de los trabajos del Área Pública Confederal (APC). Hay que señalar que los acuerdos para la mejora del empleo no consiguieron su objetivo por la ineficacia, cuando no la negativa, de las administraciones públicas para sacar las OPE, de ahí que las tasas de temporalidad hayan seguido creciendo hasta niveles escandalosos. Los acuerdos retributivos, sin embargo, han permitido incrementos salariales por encima del IPC, aunque en esta cuestión aún queda camino por recorrer.

Las altas tasas de precariedad exigían una respuesta por parte del sindicato. Por eso forzamos la negociación del acuerdo, recientemente firmado, para la consolidación del empleo, que desde CCOO planteamos que tenía que cumplir dos premisas: garantizar la consolidación del empleo, es decir, que las plazas vacantes salieran a OPE; y garantizar, con seguridad jurídica y eficacia, que el personal interino y eventual pudiera estabilizarse en una plaza fija o como funcionario/a. Finalmente el acuerdo se convalidó en el Parlamento como RD Ley con el compromiso de tramitarlo posteriormente como anteproyecto de ley para que los grupos parlamentarios pudieran hacer sus enmiendas, algo que todavía no ha sucedido.

Por último, hemos saldado un desencuentro con el Gobierno a propósito del anteproyecto de ley de PGE. La Mesa General se ha convocado sin ningún margen para negociar aspectos centrales como el incremento retributivo de los empleados públicos para 2022 o la eliminación de la tasa de reposición. En 2021 volveremos a perder poder adquisitivo por el repunte inflacionista y el incremento retributivo para 2022 no está garantizado por una cláusula de revisión. Por otro lado, el Gobierno no asume compromisos concretos para cerrar una agenda y un calendario de negociación que nos permitan recuperar lo arrebatado durante la crisis. Así, se dibuja un escenario de tensión y movilización.

El principal desafío que tenemos por delante es seguir avanzando en la senda de la recuperación de lo recortado con la excusa de la crisis: en empleo, en retribuciones y en derechos.

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