La nueva ley educativa de FP

CUMPLIENDO CON LA AGENDA PREVISTA, el Gobierno ha aprobado la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional que sustituye la anterior Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional, vigente desde hace 20 años y desplegada hasta hace escasos días.

Se presenta como una de las medidas estrella para combatir el paro juvenil, el abandono educativo y el desajuste de la cualificación profesional de la mitad de la población activa, y para ello cuenta con una gran inversión presupuestaria de fondos propios y europeos destinados a cumplir el objetivo de acreditar a dos millones de personas y crear 200.000 nuevas plazas en los próximos cuatro años.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO celebramos la voluntad de situar la FP entre las prioridades educativas y las normas recientemente publicadas que dan respuesta a reivindicaciones históricas de nuestra organización, como el paso del profesorado técnico de FP al cuerpo de Secundaria o la acreditación de competencias profesionales permanente y gratuita.

Sin embargo, alertamos del peligro de exclusión y segregación educativa con la infrafinanciación y la privatización de esta etapa, fruto de la inacción de las administraciones ante el déficit de plazas públicas y la elevada demanda social que ha expulsado a miles de estudiantes del sistema, y permitido la intrusión de empresas y fondos de inversión en el negocio de la formación de las personas, derecho de clase que debería ser garantizado por cualquier gobierno democrático.

Los recortes educativos de los últimos años todavía siguen vigentes, especialmente en la FP, castigada doblemente por la COVID. Esto ha puesto a prueba la eficiencia del sistema educativo con escasez de recursos y al personal docente le ha permitido demostrar su compromiso y profesionalidad, ejerciendo como actor indispensable en la formación del alumnado.

El escenario pospandemia de destrucción de empleo y de retorno al sistema educativo, el desencaje entre oferta formativa y las necesidades de empleo, la falta de orientación en las etapas obligatorias, el elevado abandono educativo, la brecha de género profesional, la falta de oferta pública o las necesidades formativas del profesorado de FP, son algunos de los desajustes y desigualdades estructurales que la Ley debería urgentemente abordar y corregir.

Además, la recuperación y la transformación económicas se fundamentan sobre los pilares de la sostenibilidad, la digitalización y la formación, y sitúan al sistema de formación profesional como la herramienta clave y necesaria para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, reflejados en las líneas estratégicas del Plan de Modernización que lidera el Ministerio de Educación y FP.

En las siguientes páginas, identificamos desde una visión territorial las debilidades que se reproducen en el sistema y aportamos propuestas para mejorar la calidad de la formación y de las condiciones laborales en los centros de Formación Profesional.

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Rodrigo Plaza Pérez

Secretaría de Política Educativa de FECCOO