Fotografías de Teresa Rodríguez.
ANTONIO P. BAYLOS GRAU es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UCLM. Cuando en 1980 empezó a escribir sobre cuestiones de su especialidad, no imaginó que una larga crisis, las reformas laborales y su clasismo implícito le obligarían a no parar de escribir para llamar la atención sobre la decencia en artículos académicos (más de cien), libros (una decena), colaboraciones (más de 50) y un sinfín de artículos en prensa o su propio Blog.
Se habla mucho últimamente de “estabilidad del Gobierno”, como si hubiera miedo a que se pudiera caer algo.
Si la imagen fuera la de “la caída”, imagen como religiosa del pecado original, sería muy positivo. La legislatura pasada, en términos morales, ha generado cuatro años nefastos para las libertades del juego democrático y desde la degradación del Estado social. Todo Gobierno, en principio, tiene que ser estable para poder ser Gobierno. La estabilidad la da el juego parlamentario y no la idea de gran coalición que permitiera mantener las mismas políticas de ahora. Creo que es el momento del cambio, de un giro razonable hacia posiciones que nunca se debieron abandonar.
O sea, que los liberales del PP no son liberales.
Nunca lo han sido. El liberalismo siempre ha requerido la fuerza violenta del Estado. La ideología del mercado como ente autosuficiente que asigna de manera eficaz los recursos, hasta los más liberales saben que no es verdad. Requiere del Estado para romper las barreras que dan los vínculos colectivos, los intereses de clase. Sólo si se acaba con ellos se puede conseguir que la iniciativa privada triunfe; la iniciativa económica del lucro quiere un Estado de clase. En los años setenta, se hablaba del capitalismo monopolista. Ahora están en algo más primigenio: un Estado que garantice, autoritariamente, el espacio de ganancia de no muchos sujetos activos. ¿Esto genera desigualdad? Absoluta y creciente. No sólo en España, donde en cuatro años se ha multiplicado exponencialmente. También en Europa -que era un área social donde la desigualdad estaba contenida-, y ya no digo en EEUU u otras partes del mundo.
Después de tanto avance liberal, ¿cómo está el panorama laboral?
Lo especialmente nefasto empezó antes, en mayo de 2010, esa fecha desafortunada del giro neoliberal del gobierno socialista. Desde noviembre de 2011 hasta la actualidad, con la situación laboral, en España se han estado deteriorando de manera consciente y muy incisiva los derechos laborales individuales y colectivos. Y, por otro lado, se generaron unas políticas de ajustes y recortes sociales que están contrayendo el Estado social. El uso de esas dos líneas repercute, además, en una tercera: la degradación de los derechos sociales lleva consigo la degradación de los derechos democráticos (a secas). Todo ha venido unido a un incremento del aparato represivo: ley orgánica de seguridad ciudadana, nuevo código penal, más de 300 personas procesadas penalmente por participar en piquetes de huelga pacífica…
Es el momento del cambio, de un giro razonable hacia posiciones que nunca se debieron abandonar
Por tanto, el diagnóstico sobre la situación es extremadamente crítico y no se puede seguir así: no se puede seguir de esta manera y hay que cambiarla. Lo ven claro los nuevos sujetos emergentes de la vida política, que no sólo traen una idea negativa de lo que se ha hecho hasta ahora, sino que tienen un programa y propuestas de cambio. Me parece, pues, que el juicio sobre este período ya está hecho: cuatro años ominosos y nefastos. Por ello resultan patéticos los esfuerzos de algunos gobernantes para decir que todo va bien: nadie que vea las declaraciones de la ministra de empleo puede entender sus fantasías, similares además a las del ministro de Interior, porque es evidente que la situación es extremadamente negativa en términos democráticos y en términos sociales.
En términos de derechos, ¿qué tipo de cambios debieran ser prioritarios para el nuevo Gobierno que se configure?
Hay muchos ámbitos, pero por vez primera ha habido un esfuerzo, una ebullición entre los sujetos concernidos para presentar propuestas. Desde el Partido Socialista hasta Comisiones Obreras, desde profesionales de Derecho del Trabajo hasta gente de Podemos, todo confluye en la derogación de la reforma laboral, la necesidad de transformar, derogar o reformar el artículo 135 de la Constitución, derogar la ley de seguridad ciudadana, las leyes Wert… Lo que se debe quitar está claro, pero a su vez hay propuestas.
Las propuestas son bastante razonables. Las hay, por ejemplo, acerca de qué hacer con las enormes subvenciones que se dan a las empresas para crear empleo. Es una inmensa cantidad de dinero y hay una gran discusión sobre si dejar de dar esas ayudas a las empresas y derivarlas hacia formación, crear rentas de inserción… El asunto tiene especial relevancia respecto a qué hacemos con la contratación temporal, la precariedad que cada día es más acentuada y que rebaja más la calidad del trabajo.
Reforzar la causalidad de las formas temporales y verificar el encadenamiento de contratos, son fórmulas a discutir y comprobar como más urgentes, igual que generar sanciones públicas mucho más eficaces que las que ha habido y, desde luego, sustituir el trabajo a tiempo parcial por el fijo discontinuo como otro elemento básico.
Otro problema fundamental es el del salario mínimo. Hay mucha gente fuera de convenio y otros que cada vez cobran menos y, por tanto, se necesita alzar el salario mínimo. Ésta es una medida fundamental. Los sindicatos ahora piden 800 Euros, y me parece muy razonable. Pero a su vez la renta mínima de inserción que está en marcha requiere modificarse: se fija en 425 Euros hoy. Esto es un suelo que puede considerarse fundamental, unido a la negociación colectiva, donde hay otro campo importante a reconstruir. La reforma laboral última ha hundido la negociación colectiva para desactivar el poder de contratación de los sindicatos: intentar anularlos y empresarializar la negociación. Fragmentar su capacidad de representación a través de una estrategia de ruptura de las unidades de sector, descomponerlas en pequeñas unidades de empresa que inaplican el convenio del sector. Esto es evidente: la ruptura del modelo contractual existente en el trabajo sólo ha tenido un sentido desestabilizador de la negociación colectiva y la libertad sindical. Y exactamente igual sucede en la Administración pública, donde el convenio colectivo es un epifenómeno de la voluntad de la Administración y eso no puede ser. El empleo público tiene una peculiaridad sindical fuerte, pero la negociación colectiva tiene que funcionar en un sector donde llevamos con congelación salarial desde el año 2010.
CCOO de la enseñanza debe tener mucho que decir sobre cómo construir una enseñanza pública de calidad
¿Y los despidos?
Ese punto importante es un tema tabú para Europa: que no suban las indemnizaciones. En las propuestas que están sobre la mesa también está esta cuestión: no subimos las indemnizaciones, pero ha de garantizarse la readmisión. Los partidarios de impedir que el resarcimiento por un despido ilegítimo sea una cantidad importante, se tienen que exponer a la obligación de readmisión forzosa. Pero, por otro lado, ¿qué hacemos con los grandes despidos colectivos? No puede dejarse regulado como está en la última reforma normativa. La judialización de ese despido está generando costes impresionantes a los trabajadores, pero también a las empresas: costes de seguridad, de calculabilidad. Hay que regularlo exigiendo mayor respeto a los derechos sindicales, mayor procedimentalización del proceso y exigiendo la intervención de la Administración en un momento dado.
Este marco aparece bastante claro en todas las propuestas actuales sobre la reforma del sistema de desempleo. Con distintos matices, está muy claro.
¿Y el área pública de empleo
Es otro aspecto a no perder de vista: ¿cómo reducir la eventualidad en el empleo público? Hay que actuar también aquí, pues la temporalidad en España no es sólo un fenómeno del empleo privado. Es más, en el ciclo de 1997 a 2002, la temporalidad del empleo disminuyó de manera muy grande en el sector privado y aumentó exponencialmente en el sector público. Hay que hablar directamente sobre qué hacer en el sector público y cómo cambiar las leyes que impiden la reversión de servicios privatizados al ente público correspondiente.
En fin, hay una panoplia de aspectos en este asunto muy decisiva en la construcción de los derechos sociales. El trabajador y el empleo público están realizando en última instancia el interés general, de modo que la ciudadanía social sea efectiva. Esto quiere decir que nadie puede intentar realizar esa misión si es a coste menos diez, menos cinco o con la reducción que sea, cada vez con menos plantilla y cada vez menos capacitada, que es lo que han estado haciendo. Es evidente que a nadie en una empresa privada se le ocurriría pensar que para lograr mayor penetración en los mercados, hubiera que tener trabajadores cada vez menos cualificados y que tuvieran menos interés en lograr los objetivos de su empresa por sentirse más desvinculados de ella. Todo el mundo sabe que eso no tiene sentido. Bueno, pues el odio subliminal a cualquier actividad pública que subyace a los actuales imperativos del Gobierno cesante es evidente.
¿Puede ejemplificarse esto desde Educación?
Sí, claro. En mi Universidad de Castilla La Mancha, hemos tenido la desgracia de tener durante cuatro años un Gobierno autonómico presidido por María Dolores de Cospedal, la cual, el primer año, redujo el 60% del gasto de investigación y el 30% los gastos generales de toda la Universidad. Es decir, esa reducción en un tercio, ¿qué mirada arroja sobre la Educación? Hablo desde lo que más conozco, la educación universitaria, de esa mirada de hostilidad, de que haya que acabar con un servicio público y de que haya que degradarlo… No digo nada de las tasas de reposición. ¿Qué plantilla se puede construir impidiendo que se renueve? La simple idea de que, conforme vayan desapareciendo puestos de trabajo sean sustituidos o no por otros, no permite hablar realmente de lo que debemos hablar: la recualificación de esos empleados públicos cuando, por otra parte, en Educación, en todas sus fases es un trabajo muy bonito y realizante, pero también muy exigente y que desgasta mucho. Y es necesario dar más espacio para la formación, para retomar la creatividad, impedir la rutinización y, naturalmente, generar más y mejor calidad.
Es necesario un debate importante para entender que la concertación de la enseñanza tiene que estar sometida a reglas mucho más estrictas de las que ahora tiene
La calidad de la enseñanza no es la que dicen Wert y su gente. La calidad es, por el contrario, más investigación, más I+D en materia fundamentalmente educativa y fuerte impulso a las capacidades formativas de los profesionales. Aquí, hubo un inmenso espacio de creatividad, de actividad y alternativas que, hasta casi el final de los años ochenta, produjo un efecto de arrastre de muchas capacidades e inquietudes de muy variadas personas hacia la enseñanza pública. Conseguimos una enseñanza pública de calidad. Desde entonces, entró en una especie de valle y, a continuación, ya casi a comienzos de este siglo, en una caída acelerada de manera insensata: en cualquier referencia comparada, desde Alemania a Francia o Italia, la crisis y los ajustes no han repercutido nunca de manera excesiva sobre la educación; ha crecido siempre aunque haya sido poco, pero ha crecido. Nosotros tenemos una inversión ridícula: me parece que en torno a 10.000 millones. En Sanidad, 12.000: absolutamente ridículo cuando son dos sectores básicos, fundamentales, donde además, no sólo se garantiza a la ciudadanía la igualdad de todos los españoles y españolas, sino que, fundamentalmente, dinamiza la economía. Nuestros liberales lo saben perfectamente, pero no quieren dinamizar la economía: lo que quieren es ganar más, que es cosa muy distinta.
También quieren “la libertad de enseñanza”…
Sí claro. Pero eso viene de un pecado original que nos llevaría un poco lejos… Baste que las leyes fundantes de la década de modernización socialista favorecieron a la “empresa o escuela concertada”. Este es un elemento que tendríamos también que tratar, aunque en esta coyuntura presente no sea precisamente la prioridad. Pero es necesario un debate importante para entender que la concertación de la enseñanza tiene que estar sometida a reglas mucho más estrictas de las que ahora tiene y que, en un Estado no confesional, la enseñanza concertada confesional tiene que tener una contención. No podemos permitir que en los centros urbanos, la clase media y la pequeña burguesía lleven a sus hijos a colegios privados concertados porque son igual de baratos que el colegio público. No. Necesitamos colegios públicos de gran calidad, muchos colegios públicos… Tenemos maestros y profesores magníficos, pero hay que tener más. Y hay que tener una enseñanza más diversificada y más multicultural –nuestra sociedad empieza a serlo, aunque todavía no lo seamos-; es necesaria educación compensatoria en las escuelas: la educación es la gran igualadora. Y naturalmente que necesitamos la riqueza del bilingüismo: es un asunto positivo si se hace bien, otro bilingüismo. Pero es necesario hacer un amplio debate sobre todo ello: un debate sobre la empresa educativa y un debate sobre la enseñanza pública.
¿Un pacto o un debate?
Siempre se habla de un pacto de Estado en Educación. No lo veo. Primero, hay que derogar una serie de decretos y la LOMCE. Esto está claro. Son despreciables por la ideología que conllevan, pero más que un pacto, lo que se necesita es un gran debate estatal sobre estas cuestiones. Hay todavía muchas ideas, algunas posiblemente contradictorias, por donde podamos avanzar. Exactamente igual sucede con el problema de los Acuerdos con el Vaticano de 1979. Su incidencia en el currículum y con profesores de religión que, además, pueden estar privados de su libertad de conciencia no es razonable. No podemos permitirlo: estamos en democracia, donde hay un principio básico de no discriminación: cambiar de estado civil o dedicación, como puede ser el caso del sacerdote que decide secularizarse o la persona que se divorcia, en democracia no puede hacer peligrar el empleo. Hay trances de estos en nuestros tribunales, con referencia a estos Acuerdos, que no son razonables. Esto hay que revisarlo.
El trabajador y el empleo público están realizando en última instancia el interés general, de modo que la ciudadanía social sea efectiva
Soy un pesimista alegre y creo que estamos en un momento interesante de cambio. Hay muchos otros aspectos en la enseñanza -no son sólo las plantillas o la tasa de reposición que los sindicatos piensan como urgentes- que también hay que hablar y debatir. Tal como fue en sus orígenes, CCOO de la enseñanza debe tener mucho que decir sobre cómo construir una enseñanza pública de calidad atenta a las necesidades y problemas existentes en nuestra ciudadanía actual.
