Muchas comunidades autónomas han recurrido, o afirman que no van a “perseguir” a quien no las haga o que van a sustituir la prueba. No me tranquiliza. En 2016/2017, la decisión sobre el graduado en ESO y el título de Bachiller está todavía en los centros. Pero lo que es seguro es que la nota de la reválida valdrá para la selección de acceso a la universidad.
¿Qué harán las comunidades autónomas en 2017/2018, si el título lo da el Ministerio? ¿Qué pueden hacer los centros sino preparar a su alumnado para estas pruebas? ¿Lo van a dejar sin titular y por tanto sin progresión en el sistema? ¿Qué hará el profesorado? El Gobierno no se fía de nuestra evaluación. Los resultados de nuestro alumnado en las reválidas serán la base de nuestro propio valor como docentes. La intención del Ministerio es que repercutan en los sexenios.
Las reválidas son una llave de paso. Sirven a la Administración para regular el número de estudiantes que promocionan al Bachillerato y a la Formación Profesional, y sobre todo para controlar el número de estudiantes que accede a la universidad. Desde que gobierna el PP, la universidad pública ha destruido 100.000 plazas; con las reválidas serán más. Es un desastre para los chicos y chicas que quedan fuera; es un desastre para la universidad que pierde talento, actividad y puestos de trabajo; es un desastre para el país, que renuncia a la economía del conocimiento.
A día de hoy nadie sabe cómo se accederá a la universidad a final de este curso. El profesorado no tiene elementos para orientar su acción en Bachillerato. La LOMCE dice claramente que este año no habrá PAU, las pruebas de acceso que han funcionado razonablemente bien durante décadas. Eran un marco que permitía ordenar los flujos, excluyendo a muy pocos aspirantes. Era un marco de igualdad y movilidad territorial. Y no ponía en cuestión la titulación de Bachillerato. Por lo tanto, dejaba abierto el acceso a la Formación Profesional de Grado Superior, una salida de calidad y con perspectivas de futuro.
Todo esto se rompe. Es fácil que los bachilleres tengan que recorrer varias universidades examinándose repetidamente durante el verano. La LOMCE también dice claramente que cada universidad podrá organizar pruebas propias para seleccionar a su alumnado. El Ministerio les ha requerido que trabajen en este sentido. Hemos visto cómo un grupo de universidades autodenominado G9 ya ha propuesto una prueba cuyos resultados se reconocen entre ellas. El ministro afirma que ha llegado a un acuerdo con los rectores para utilizar la reválida como PAU, pero esto no es ley. La ley dice lo que dice.
Ahora hay que ganar la batalla de los hechos. Las organizaciones de estudiantes, los sindicatos, los Movimientos de Renovación Pedagógica, las organizaciones de las familias, los partidos, los consejos escolares locales y autonómicos, las universidades, las distintas plataformas, tenemos que conjurarnos para enterrar las reválidas, arreglar el acceso a la universidad e impedir el recorte de 4.000 millones
Consejo Escolar del Estado
Estamos pendientes de que el Ministerio publique la orden para la realización de las reválidas de este curso. Ahí veríamos en qué consiste este acuerdo anunciado pero no explicitado. Ahí viene otra chapuza. Para que se pueda publicar la orden, se necesita preceptivamente el dictamen del Consejo Escolar del Estado. Este órgano ya emitió un informe sobre un primer proyecto de orden ministerial, que se vio conjuntamente con el Real Decreto de Reválidas. Pero no vale. El Real Decreto incorpora cambios que no se habían visto en el Consejo, y la orden tiene que recogerlos. Y, según dicen en el MECD, la orden ha cambiado después del pacto con los rectores y con algunas comunidades autónomas. En consecuencia, hay que volver a dictaminar. Pero el Consejo Escolar del Estado no puede reunirse, su presidente y su vicepresidenta dimitieron por jubilación, y su secretario falleció este verano. Nadie puede convocar las reuniones y presidirlas. Y tengo dudas razonables de que un gobierno en funciones pueda nombrar a un nuevo equipo.
¿Cuándo sabrán algo los y las estudiantes de segundo de Bachillerato? ¿Cuándo lo sabrán los centros? En todo caso, tarde. Demasiado tarde para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos del estudiantado. No es justo que trabajen a ciegas.
El Gobierno ha comprometido con la Unión Europea, en el Plan de Estabilidad, otro recorte del gasto educativo. Unos 4.000 millones de euros. Podrían sacarlo del Bachillerato y sobre todo de la universidad. Va avanzando la aplicación del 3+2, que no es razonable económicamente.
Esto es muy grave. Pero pienso que podemos pararlo.
La batalla ideológica contra la LOMCE está ganada. Incluso Rajoy, que no mueve nunca nada, tuvo que relevar a Wert y poner a un diplomático, por si con mejores modales sofocaba el conflicto. Las comunidades autónomas han comprometido con su electorado inaplicaciones, aplicaciones suavizadas y parches creativos porque no quieren aparecer como responsables políticos del desaguisado. Se ganó en el Parlamento la paralización del calendario, y se volvería a ganar. Ya veremos qué pasa si hay terceras elecciones. El ministro diplomático ha tenido que dialogar con las universidades que tampoco han apoyado la LOMCE y el Real Decreto.
Ahora hay que ganar la batalla de los hechos. Las organizaciones de estudiantes, los sindicatos, los Movimientos de Renovación Pedagógica, las organizaciones de las familias, los partidos, los consejos escolares locales y autonómicos, las universidades, las distintas plataformas, tenemos que conjurarnos para enterrar las reválidas, arreglar el acceso a la universidad e impedir el recorte de 4.000 millones. Estamos en tiempo de descuento, pero es posible.
Si no paramos estas tres cosas, el futuro de una generación se va a ir muy lejos y va a tener mucha cuesta.
