El 20-D 2015
No sólo es que del dicho al hecho haya un trecho, sino que los propias unidades léxicas, “diálogo”, “consenso” y “pacto”, distan mucho de ajustarse al leal significado que cabe atribuirles. Las palabras adquieren su verdadero valor semántico por la secuencia de acontecimientos a que están ligadas y, por ceñirnos a los últimos meses, esta trilogía terminológica ha venido a cobrar mayor relevancia desde que, perdida la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados el 20-D de 2015, los responsables del PP han venido a emplearla con más frecuencia de lo que solían. Y no precisamente para atemperar sus ansias de imponer su particular manera de entender los problemas y sus posibles soluciones. La amplitud del cabal entendimiento de “diálogo” no es capaz de abarcar la tendenciosa inclinación hacia donde siguen tratando de llevar su real significado. A este paso, y teniendo en cuenta que esta Legislatura dará bastantes ocasiones a estas palabras clave para una democracia de calidad, pueden resultar pronto insignificantes e inútiles.
La tesis de que antes del 20-D no les interesó “dialogar”, ni menos “consensuar” o “pactar”, es fácilmente sostenible a poco que se repasen asuntos relevantes como el empleo y los derechos laborales, la “ley mordaza”, Sanidad, recortes sociales o Educación. Todo lo que legislaron y casi cuanto decidieron entre ellos lo guisaron y, sin apenas romperlo ni mancharlo, el rodillo de su mayoría absoluta lo pasó de Génova a la Carrera de San Gerónimo, y de allí al BOE, a la velocidad de la luz. Lo sucedido en Educación es paradigmático, con un Wert que, sin ser un experto en tal asunto, trajo bien aprendido el circuito a seguir y, en menos de lo que duró la legislatura, tuvo tiempo para dejar tocados todos los palos de las políticas educativas. Tan raudo fue su papel ministerial, sin embargo, que todavía tuvo oportunidad para vacaciones pagadas en París: allá está desde agosto de 2015, a modo de embajador ante sus fiadores de la OCDE.
Después del 26-J 2016
¿Qué está pasando desde el 20-D y desde el 26-J, o, sobre todo, a partir de que el 29-O Rajoy ha sido investido de nuevo presidente? Estos tres momentos han ido marcando la intensificación de uso de la trilogía verbal en torno al “diálogo” político. No dejan de percibirse, sin embargo serias discrepancias acerca de su valor semántico y, de añadido, severos indicios de que el uso inapropiado de esta terminología añade algún serio problema de futuro: en vez de ayudar a avanzar colaborativamente, mostrando corresponsabilidad en el proceso y en lo que se pueda dar de sí el intercambio verbal, a menudo ya sirve para sembrar el camino de piedras que arrojarse y como modalidad que tuviera el desencanto por enseña. Sólo valdría, por tanto, para ir poniendo en primera fila piezas menores que sirvan de parapeto para asuntos de mayor relevancia. Estamos asistiendo, de este modo, a un “diálogo” a la defensiva, para ir tirando y ver si, entretanto, la audiencia se cansa y consigue olvidar las cuestiones de más enjundia.
La tesis de que antes del 20-D no les interesó “dialogar”, ni menos “consensuar” o “pactar”, es fácilmente sostenible a poco que se repasen asuntos relevantes como el empleo y los derechos laborales, la “ley mordaza”, Sanidad, recortes sociales o Educación
Lo sucedido hasta ahora con las reválidas puede ser emblemático. Reinstaladas en el sistema educativo por la LOMCE en diciembre de 2013 como una de sus grandes “novedades” para “mejorar” una supuesta “calidad” perdida, por sí mismas ya implican una muy peculiar manera de entender la democratización del sistema educativo. No sólo porque supongan volver a la legalidad vigente hasta 1969 –antes de la LGE, en cuyo Libro blanco hay sobrados argumentos contra ellas-, sino porque indican preferencia por lo más barato como bueno, al tiempo que por lo más selectivamente apetecible, exclusivo para pocos. En definitiva, la única cualidad teórica que tienen las reválidas de pretender una justa y equitativa distribución del acceso a titulaciones que acrediten niveles de aprendizaje, se cae por los suelos. En el proceso real, la mera escolarización no garantiza igualdad de trato educativo, capaz de erradicar las desigualdades de partida ni las que, en los procesos de los distintos niveles educativos previos a evaluaciones definitivas, debieran existir. Tampoco hay garantía alguna para que en el bosque de las titulaciones superiores existente no sea constatable una amplísima gradación de niveles competenciales adquiridos. Justo en este momento de crisis aguda de los empleos de calidad y precarización creciente de los restantes, todo inclina a pensar que las reválidas son una manera de arrimar el ascua del control a las escasas sardinas de buenos empleos. Y si a esta consideración se añade el crecido aumento de las tasas y matrículas universitarias, puede dar una idea de la repulsión que, en lo que atañe a este curso académico ya mereció una muy amplia expresión huelguística por parte de los estudiantes el pasado 26 de octubre, o que hayan convocado otra para este 24 de noviembre. ¿Quién es el sordo?
A los tres días de la primera huelga, tuvo lugar la investidura de Rajoy, que pronto marcó el nuevo campo de juego que se le abría con su limitado número de escaños en el Congreso y disminuido para necesitar, al menos, de Ciudadanos y, adicionalmente, de bastantes votos consentidores del PSOE o de otras grupos. Como un resorte, las palabras “diálogo” y “pacto” salieron inmediatamente de su boca, cuidadosamente entrelazadas con apreciaciones muy felices con lo logrado en la anterior Legislatura. Ni se le veía que debiera ceder en algo -pues nos había situado en “la buena senda del crecimiento”-, ni dudó en mezclar algunas mentiras y medias verdades, como “necesitamos un gobierno abierto al diálogo[…], estoy dispuesto a negociar cuanto sea necesario todas las decisiones”, o esta otra: “Debemos asumir la necesidad de diálogo, no como un peaje incómodo, sino como una oportunidad de consolidar reformas amplias y verdaderas”.
Consolidar reformas
Convengamos en que las reválidas son una de las novedades estrella de la LOMCE, aunque no sean la LOMCE. Acordémonos también de que, nada más aprobarse esta ley en diciembre de 2013, tal había sido el creciente rechazo que la conjunción de los recortes con lo que de su proyecto legislativo se iba conociendo, que, de inmediato, la oposición parlamentaria y muchas organizaciones sociales renuentes a su aprobación y a su monologante gestación se confabularon para procurar que, tan pronto como fuera posible, fuera derogada en el Parlamento. La minoría parlamentaria que a partir de octubre detenta Rajoy para poder sacar adelante sus proyectos, no es suficiente sin apoyos. De ahí que “diálogo”, “consenso” y “pacto” estén en trance de encontrar acomodo sintáctico adecuado. La falta de costumbre entorpece, cuando no trastoca, su buen uso y está haciendo peligrar su verdadero sentido. Y así, cuando, por ejemplo, el renovado presidente ha insistido en “consolidar reformas”, todos hemos entendido que, de lo hecho hasta aquí, nada de nada y, de lo que haya de hacerse en adelante, ya iremos viendo. Muy galaico una vez más.
Aplicado a las reválidas y la LOMCE, equivale a decir que la LOMCE todavía es pieza preciada a preservar. Vitanda est, pues la pretensión de derogarla. Y ahí están las reválidas, decorativo adorno precioso de esta ley –como los peones en ajedrez-, para ver si algo podríamos ir arreglando por ese lado. La secuencia de decisiones y contra-decisiones que se han ido sucediendo en estos dos últimos meses lo confirman. La huelga del 26 de octubre y, después de la investidura, la pérdida de una primera votación a propósito de un proyecto de ley que parara el calendario de la LOMCE –principalmente estas pruebas finales de ESO y Bachillerato-, las réplicas del PP y su correspondiente borrador, del día 11-11.2016, definitorio de cómo se prevé que queden el próximo día 28 de este mes.
En definitiva, la única cualidad teórica que tienen las reválidas de pretender una justa y equitativa distribución del acceso a titulaciones que acrediten niveles de aprendizaje, se cae por los suelos
Curioso es, pese a todo, que, para entender los trabalenguas del presunto “diálogo” de que se está hablando, que, donde unos decían digo otros hayan entendido Diego, cuando la verdad es que nada fue alterado de lo que ya había dicho en parte la propia LOMCE al respecto (disposición adicional final quinta) o el Real Decreto 310/2016, de 29.07.2016. Más bien, fue confirmado, pareciendo sin embargo que el PP había sufrido una enorme derrota parlamentaria. La supuesta concesión en cuanto al valor meramente informativo de la prueba final de ESO, o en cuanto a que la de Bachillerato sólo sirviera a efectos de filtro para pasar a la Universidad, y que todo ello fuera provisional para este curso, no era tal: ya estaba dicho de antes.
Ilusiones y coherencia
Si en lo nacional corren estos vientos confusos, en lo internacional las borrascas se avecinan. Si la LOMCE fue engendrada con la ilusión de que sus “mejoras” ayudarían a superar la gran crisis económica –como pregona su propio prólogo-, más vale entender cuanto propone -incluidas sus determinantes prescripciones selectivas- como un todo a seguir combatiendo con decisión al fondo de todo “diálogo” en que se tenga a bien participar, y sobre todo que se haga con habilidad y coherencia argumental. Ante quienes están dispuestos a alterar las reglas del juego si les conviene – o como decía Schopenhauer, para tener siempre razón-, no vale de mucho la ilusión que las palabras hermosas puedan generar. ¿Recuerdan los alegatos a la “calidad” que empezaron a proliferar especialmente en los 90, a cuenta de Esperanza Aguirre? No es verdad que hablemos de lo mismo aunque usemos las mismas palabras: es conveniente observar su sintaxis para comprender mejor su significado, porque quien saca ventaja es quien tiene más medios para publicitarlas ocultando su verdadero sentido y manipulándolo en dirección opuesta a la que pretendamos defender.
Atención, pues, a las palabras. No den nada por conseguido cuando sus oponentes las empleen: puede ser una espléndida trampa capciosa. ¿Hay algo más preciado que “Justicia”, “Igualdad” o “Democracia”? ¿Sin embargo, cómo se traducen en términos de derecho a una educación de todos y para todos? ¿Cómo puede ser tan contrariamente interpretado el artículo 27 de la Constitución, de modo que tanto valga para un roto como para un descosido? Esta sigue siendo la pelea: el diccionario. Si les reclaman o proponen “diálogo”, que indiquen previamente la acepción concreta a que hayan de atenerse todos los convocados entre tanta polisemia. Y ya verán si cabe ser optimistas, pesimistas, negacionistas o medio pensionistas ante los parloteos que sigan sobre reválidas, LOMCE, pactos educativos o cualquier otro territorio aledaño.
