El negocio de la precariedad

CESIÓN ILEGAL, EXTERNALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, precariedad laboral, empresas multiservicios, etc., son términos que, desgraciadamente, están cada vez más presentes en el mundo de la enseñanza privada, sin que las administraciones públicas y las patronales de turno se ruboricen, dando por buena la normalización de situaciones anómalas que lo único que generan es inestabilidad y conflicto en algunos sectores educativos.

¿Por qué se permite que haya monitores de educación especial de empresas privadas realizando, codo con codo, las mismas tareas que el personal laboral de la Administración pero a un coste mucho más bajo? ¿Por qué se considera normal que haya profesionales que perciben como retribución el SMI por 40 horas de trabajo? ¿Por qué se externalizan al 100% determinadas tareas en vez de incentivar el empleo público? ¿Por qué se permiten los abusos en los centros especiales de empleo? Estas son solo algunas de las preguntas que podríamos realizarnos. Resulta evidente que las respuestas a todas ellas nos llevan a la misma conclusión: la educación no es una prioridad, la visión economicista se impone y no hay voluntad política por implementar un sistema educativo de calidad.

 

Centros especiales de empleo

Como ha ocurrido en otros ámbitos, en los centros especiales de empleo (CEE) la crisis económica ha servido de excusa para generar precariedad alarmante en los empleados y empleadas que allí trabajan.

No cabe duda de que muchas empresas constituidas como CEE están llevando a cabo una labor encomiable de integración en el mercado laboral ordinario de personas con diferentes grados y tipologías de discapacidad. De hecho, su objetivo principal es proporcionar a estos trabajadores y trabajadoras la realización de un trabajo remunerado, ajustado a sus características personales y que facilite su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. Y, por ello, debemos reconocer este tipo de iniciativas empresariales.

No obstante lo anterior, la deriva que está tomando el sector comienza a ser cada vez más preocupante. Al descubrir un nicho de mercado nada despreciable, algunas de estas entidades han puesto en práctica iniciativas empresariales inspiradas en un poderoso ánimo lucrativo. Concurren en el mercado de manera muy competitiva respecto a otras empresas que no son CEE, fruto de las condiciones tan ventajosas de que gozan por el simple hecho de emplear a personas con discapacidad.

No es casual que más de dos terceras partes de los contratos que se realizan a personas con discapacidad sean en Centros Especiales de Empleo

Y, desde esta perspectiva, es evidente que si estos CEE llevan a cabo las mismas tareas que desarrollan otro tipo de empresas, la labor de los trabajadores y trabajadoras que los integran es funcionalmente muy similar y/o de igual valor. A partir de esta idea, se podría realizar el siguiente planteamiento que generaría un intenso debate: podríamos afirmar que la equiparación de condiciones de trabajo, convertiría a estas empresas (CEE) en menos competitivas e, hipotéticamente, podría correrse el riesgo de que se diluyera o atenuara la labor de integración que desarrollan. Y, bajo esta visión, al no equipararse las condiciones, podría entenderse que se estaría asumiendo el mal menor, ya que se favorecería la integración. Y quedaría de esta manera justificada la aplicación de condiciones laborales inferiores a las de otras empresas que realizan tareas similares.

 

Mismas tareas, diferentes derechos

Pero no nos engañemos. A pesar de que este planteamiento de fondo podría generar ciertas contradicciones, no es menos cierto que, tratándose de este colectivo de personas, no nos podemos sentir cómodos con dicha conclusión, ya que la creciente actitud de desconsideración y desprecio hacia el personal de estos centros representa una falta de respeto a personas especialmente vulnerables. Además, el lucro que en algunos casos se está obteniendo es fruto de la explotación y la esclavitud laboral. No es casual que más de dos terceras partes de los contratos que se realizan a personas con discapacidad sean en Centros Especiales de Empleo y que casi el 80% de ellos sean temporales y asociados a tareas poco cualificadas. La consecuencia de todo ello es que los CEE están dejando de ser el punto de partida para acceder al mercado laboral para convertirse en un fin en sí mismos: la precariedad subvencionada en esencia pura. Hay que recordar que, aparte de recibir innumerables subvenciones y bonificaciones, tienen ventajas fiscales y cuentan con la complicidad de las administraciones públicas. Plenamente conscientes de la situación, no dudan en mirar hacia otro lado ante esta problemática.

 

Lucro inmoral

Este tipo de empresas, al verse favorecidas por un convenio colectivo que remunera por debajo de lo que lo hacen otros sectores productivos (por la tipología propia de esas entidades y por la finalidad con la que se crean), acaba por actuar en demasiadas ocasiones como empresa multiservicios.Ofrece mano de obra barata que les permite obtener un lucro inmoral, vulnerando de esta manera el principio de igualdad entre trabajadores y desvirtuando, por tanto, la esencia del CEE.

En virtud de todo ello, resultaría razonable que cuando coincidiesen en una misma empresa trabajadores procedentes de un CEE con los propios de ese centro, pudiesen extenderse las condiciones laborales del convenio colectivo de la empresa cliente a los primeros, de manera que quedasen integrados en su ámbito de aplicación. Sería el primer punto de partida para empezar a considerar a las personas con discapacidad por sus capacidades y no por sus carencias. Sería la manera de demostrarles el respeto y cariño que se merecen.

A lo largo de este dosier hablaremos de centros especiales de empleo, pero también de las restricciones del derecho a huelga que sufren las trabajadoras de las aulas matinales y los servicios privatizados con el objetivo de denunciar la precariedad creciente.

Últimos comentarios

  • Fernando del Marco Ostos

    El enfoque que se da al problema es parcial e insuficiente, le hace falta un mayor análisis y abundamiento y dar una visión de conjunto de la situación de la Enseñanza. Parece que este es solo un problema de la Enseñanza Privada, sin embargo, también en la Escuela Pública se privatizan servicios (la atención al alumnado de Educación Especial, la interpretación de la lengua de signos, los comedores escolares, las aulas matinales, la limpieza, las actividades extraescolares). En Andalucía, caso del que la Federación tiene conocimiento, los datos son contundentes: el volumen de empleos externalizados o privatizados supera al de empleadas y empleados públicos del personal de administración y de servicios educativos complementarios (terminología de la Ley de Educación de Andalucía); Mientras que los empleos generados por las licitaciones de esos servicios vinculados a la Enseñanza Pública (algunos de ellos dentro del aula) son alrededor de 17.500, las empleadas y empleados públicos de la Administración andaluza en los centros docentes de la Consejería de Educación son alrededor de 14.000. Eso sí, con una gran diferencia: los primeros son contrataciones precarias, a tiempo parcial (con jornadas semanales desde 4-5 horas hasta 30, según los casos; y discontinuidad durante entre 9-10 meses al año), con convenios aplicados pertenecientes a sectores de la enseñanza privada y con unas condiciones de trabajo y unos salarios que distan mucho de los de las empleadas y empleados públicos contratados para empleos iguales o similares. Para ello la Administración Educativa se ha dotado de un instrumento para la privatización: la Agencia Pública Andaluza de Educación. Que es la encargada de llevar adelante casi la totalidad de servicios externalizados.

    Sin querer extenderme demasiado, la organización del sector, la movilización de las trabajadoras y trabajadores, la exigencia de reversión de estos servicios externalizados a la empresa contratante (la Consejería de Educación) y las soluciones laborales a los trabajadores y trabajadoras afectados para el supuesto de la reversión, son alternativas que nuestra Federación en su conjunto debe llevar adelante en el futuro, más pronto que tarde. Y por ello también es preciso que se aborde el problema en su integridad y de manera global, para dar también esa sensación de federalidad ante un problema impuesto por las reformas laborales y otras normas, tal cual es la externalización creciente de servicios vinculados a la Educación.

    Adelante, que la tarea es ingente. Un fraternal saludo

  • Guillermo

    Yo estoy subrogado a una CEE y son unos estafadores profesionales: en el concurso engaño (ofrecieron 300 horas extras gratis, claro como no piensan pagarlas al trabajador); en la subrogación, engaño (nos cambiaron el número de horas por un porcentaje de jornada y picamos como memos); tuve que hacer el doble de mi jornada durante dos meses y aún estoy esperando que me lo paguen; de la paga extra de verano me dieron la mitad de lo que consta como prorrata y la invierno ya veremos que aún no ha llegado; ponen conceptos como “exceso de pago el mes anterior”; cuando he protestado con la gerente del Instituto contratante me han ingresado cien eurillos y a correr… En definitiva Centro Especial de Empleo, estafadores profesionales y negreros de minusválicos. Robando sistemáticamente a ver hasta donde pueden llegar, como para ir contra ellos a Magitratura, seguro que tienen allí toda su artillería.

    • Celestino

      Te doy toda la razón Guillermo, trabajé de conserje (que para CEE éramos peon de 2ª) para la administración pública y cobrabamos la mitad del suedo de los trabajadores que no eran CEE y trabajando 4 horas mas semanales; gracias a una denuncia a la inspeción de trabajo conseguimos que el salario se igualara, pero como pasa en estos casos a los pocos meses fuimos despedidos, han entrado otros discapacitados y lo mismo, pagandoles una miseria de salario (580€) y la administración mirando para otro lado.

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Pedro Ocaña

Secretario de Privada y Servicios Socioeducativos