Defienden otros intereses

ALGUNAS ORGANIZACIONES SINDICALES y administraciones educativas han estado sembrando todo tipo de dudas para confundir, interesadamente, a la comunidad educativa en cuanto al futuro cierre de los centros de Educación Especial. Un tema de gran impacto social que debería afrontarse desde el rigor, la seriedad y el respeto que exige la dignidad de cualquier persona.

No hay que olvidar que estas organizaciones y algunas de las consejerías de Educación del PP que las apoyan fueron las que cerraron filas en torno a la LOMCE y a las políticas educativas del anterior Gobierno del Partido Popular, que tan duramente han impactado sobre la calidad del sistema educativo y de los centros de Educación Especial en forma de recortes en la inversión, y medidas de exclusión y segregación que fomentaron “guetos” escolares y sociales. Algo muy contrario al modelo educativo inclusivo y de calidad que sigue reivindicando el conjunto de la comunidad educativa, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España y según se establece en la propia Constitución.

Referencias en la LOMLOE a los centros de Educación Especial

La nueva Ley de Educación aprobada en el último Consejo de ministros y ministras del Gobierno socialista, es clara al respecto. El punto 50 modifica el apartado 5 del artículo 74 de la LOMCE, quedando redactado en los siguientes términos:

“5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias; adaptar las condiciones de realización de las pruebas establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran; facilitar la disponibilidad de los recursos y apoyos complementarios necesarios y proporcionar las atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos de algún tipo durante el curso escolar”.

 Mientras que la Disposición adicional cuarta, sobre Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, es taxativa desmintiendo el bulo difundido, interesadamente, acerca del cierre de los centros de Educación Especial:
“Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Se defienden otros intereses

Más allá de la insistencia en falsificar la verdad, desde los intereses espurios de determinadas organizaciones y administraciones autonómicas se defienden otros objetivos que nada o poco tienen que ver con las necesidades de este colectivo, ni con la necesidad cada vez más urgente de dotar al sistema educativo de una escuela pública sin adjetivos, donde los niños y la niñas se vean, se escuchen, se hablen y se toquen desde sus primeros años, para conseguir una sociedad más inclusiva y justa, más solidaria y democrática, fundamentada en el apoyo mutuo. Para ello, es indispensable superar la funesta costumbre social y política que tienen los partidos neoconservadores, y las asociaciones y sindicatos que los apoyan, de segregar, excluir, recluir y clasificar. Fomentando el individualismo contra la colectividad, las formas más perversas de competencia contra el bien común, y el miedo contra la libertad, solo lograrán una sociedad más difícil para todos.

Es de justicia garantizar a todas las personas el derecho a una educación de calidad, en la que se respete su dignidad y su diversidad.

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Pedro Badía

Secretario de Política Educativa de FECCOO