Autonomía y libertad para el ejercicio de la profesión docente

LA DOCENCIA ES UNA PROFESIÓN ALTAMENTE CREATIVA en la que hay que utilizar todos los recursos, personales y profesionales, para resolver y gestionar todas y cada una de las situaciones de conflictos que se derivan de la convivencia entre colectivos dispares y, en ocasiones, con intereses contrapuestos que coinciden en el subsistema escolar del sistema educativo.

El término conflicto está formulado en un sentido positivo de normalidad, y se refiere a los retos de educar simultáneamente a una diversidad de personas, con características y circunstancias variadas y diferentes, así como a la toma de decisiones ad hoc.

Para poder ejercer una actividad tan compleja, es necesario contar con el apoyo y la confianza de la sociedad, y con un alto grado de autonomía y libertad en el ejercicio de la profesión. Sin estas premisas, el colectivo docente se ve restringido y encasillado, abocado a seguir una serie de pautas y normas generales que muchas veces no responden a la situación específica con que se encuentra, pues ninguna norma puede describir todos los casos particulares que pueden suceder dentro del aula o en un grupo humano.

La docencia se encuentra en una paradoja. Por un lado, son muchas las investigaciones que indican que la calidad de la educación depende, en buena parte, de la calidad del profesorado. Por otro, se toman decisiones políticas, se aplican medidas y se hacen manifestaciones públicas desde las administraciones que provocan la precariedad laboral, desmoralizan al colectivo –intensificando un corporativismo negativo– y debilitan los saberes profesionales.

En este sentido, identificamos, al menos, cuatro problemas importantes respecto a la profesión docente:

  • La desconfianza social hacia el personal docente, a menudo fomentada por las administraciones educativas, que, en un intento de sacudirse su propia responsabilidad por la implementación de políticas educativas erróneas y poco fiables y acortar la inversión, cargan las tintas sobre el último eslabón, el profesorado, con veladas alusiones a que es su falta de idoneidad o preparación la causante de los problemas del sistema educativo. Si algo se puede decir de los y las docentes en España es que han estado adecuadamente formados para un determinado modelo de institución escolar, ya que los requisitos para ejercer la docencia han pasado, y pasan, por diversos filtros: titulación universitaria, máster en educación, cursos de formación, superación de unas oposiciones, periodo de práctica, etc. Esa política de desacreditación de la profesión docente que han llevado a cabo una parte importante de nuestros representantes políticos –en que destacan los continuos ataques promovidos desde el gobierno del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid–, ha llegado a calar en ciertos sectores de la sociedad y es uno de los principales obstáculos con que se encuentra la escuela pública: un profesorado que no se siente valorado ni respaldado en sus decisiones, pero sí cuestionado y fiscalizado.
  • Una legislación educativa que en los últimos 25 años no ha hecho más que poner pautas a la labor docente, con unos currículos cada vez más rígidos y orientados (más aún con la LOMCE) a la adquisición de contenidos memorísticos, relegando otros aspectos educativos (valores, métodos de trabajo, socialización, sentido crítico y un largo etcétera de lo que nos hace ser personas). Le han impuesto una serie de normas y requisitos burocráticos que ocupan cada vez más el tiempo laboral, en la planificación, justificación y documentación de lo que hace el docente, más que en el bienestar y desarrollo del alumnado. Y juzgan la labor de sus profesionales por los resultados de pruebas externas puramente académicas (PISA, Pruebas de diagnóstico…), sin tener en cuenta factores como la realidad de cada persona y otros aspectos humanizantes de la educación, además de los diferentes puntos de partida del alumnado
  • Una inspección educativa centrada en los “papeles” (programaciones, informes, estadísticas…) y no en las personas. Lamentablemente, la deriva que ha ido tomando esta inspección en los últimos años se centra en fiscalizar la labor del profesorado a través de la documentación administrativista, y no en su faceta de asesoramiento y apoyo a la labor docente. Prácticamente, se queda en acreditar que “los papeles están en regla y se cumple con la norma”, sin analizar si los procesos que se llevan en el aula son lo que deberían ser. Rara vez se preguntan “¿son felices nuestras niñas y niños? ¿Existe un clima de cooperación y respeto en el aula?”. La inspección está cada vez más alejada de lo que es la educación y más cercana a lo que es la “administración”. Analiza lo que hacemos desde un punto de vista casi “economicista” y deshumanizado, y no desde la cercanía o la empatía con el sentido educador de la actividad docente.
  • Una enorme brecha entre los contenidos de la formación docente y la realidad del trabajo diario en las aulas y en los centros. Casi con toda seguridad la profesión docente es una de las profesiones en la que esta brecha es más significativa.

Estos problemas no resueltos han producido la enajenación y desilusión de los profesionales de la educación, cuyas buenas prácticas docentes son invisibles para los medios de comunicación; no así cualquier incidencia que le ponga en la picota como colectivo. Son juzgados por la sociedad, que no valora adecuadamente su trabajo; son culpados de los problemas de la educación a pesar de que ni se le escucha ni se atienden sus peticiones, y tampoco se presta atención a su opinión sobre cómo afrontar los retos educativos en una sociedad tan compleja y cambiante. Con pérdida de derechos laborales y salariales, desprestigiados socialmente, encorsetados en normas y leyes cada vez más restrictivas que no hacen sino limitar la libertad y autonomía del colectivo; fiscalizados por una Administración educativa y un servicio de inspección que solo busca el resultado estadístico, sin importarle las realidades personales y sociales con la que viven los docentes diariamente, sobrecargados hasta la extenuación con más tareas (sobre todo administrativas), más exigencias y menos personal, se ven privados en el tiempo, y del tiempo y capacidad necesarios para dedicarse al verdadero objetivo de su profesión: el éxito escolar de todo el alumnado.

Reconstruir

Reconstruir la profesión docente es una necesidad: reivindicarla y devolverle la valoración positiva, la confianza y el agradecimiento de esta sociedad, empezando por los poderes públicos, es una urgencia. Porque su compromiso social y profesional transciende el papel técnico, de mero instructor, que le asignan las políticas educativas neoliberales, impidiéndole elevarse a la figura de un intelectual crítico, que trabaja colaborativamente con sus compañeros y compañeras y el estudiantado para educar a una ciudadanía cada vez más activa, participativa y crítica. si el profesorado ha de fomentar la creatividad, la imaginación, el sentido crítico y la iniciativa, es necesario que la sociedad y la política les concedan el ejercicio de esas mismas facultades.

Por todo esto, entendemos que para una mejora de la educación en nuestro país es fundamental escuchar a sus profesionales. Que el colectivo docente se sienta partícipe de un proyecto común, construido de abajo arriba, desde la participación.

El profesorado es un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática. Para cumplir esta función social, debe estar en condiciones de ejercer un control colectivo sobre el sentido, los objetivos y los contenidos de su trabajo. Para esto son necesarios un buen diseño y una buena planificación de la formación inicial y permanente. En este último aspecto es importante destacar la importancia que tiene detectar las necesidades de forma eficaz e inmediata para dar una respuesta lo más adecuada posible.

El colectivo docente debe tener la posibilidad de innovar críticamente, siendo consciente de que cuanto dice y hace impacta directamente en la vida de los estudiantes y de sus familias. Su posicionamiento debe ser con la garantía del derecho a la educación de todos y todas sus estudiantes, y no ser meros peones a las órdenes de la ideología partidista del gobierno de turno.

Retos

La educación actual presenta nuevos retos a los que la sociedad debe dar respuesta con un mayor compromiso en la mejora de la formación del profesorado. El papel creciente de la economía basada en una sociedad del conocimiento; los cambios que se derivan del uso de las tecnologías por parte del alumnado, de sus familias y del propio profesorado; la diversidad de modelos de familia y de identidad del alumnado; la identificación de la educación a lo largo de la vida como elemento crucial de desarrollo individual y social, como un derecho garantizado por los gobiernos, que debe ser una realidad vivida por todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Todo ello debe ser atendido ya.

El oficio de educar está sometido a una constante reconversión. Un profesional implicado en la responsabilidad de garantizar una oportunidad real de aprendizaje y progreso a cualquier persona tiene que ser competente para conocer, comprender y afrontar la diversidad que presenta el alumnado, para relacionarse e integrar estratégicamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje todos los elementos y agentes educadores que tienen un impacto determinado; para saber identificar y dar prioridad, en cada momento, a lo que es realmente importante enseñar y aprender, y a las condiciones necesarias para ello; para dominar los instrumentos y las técnicas más eficaces y que conecten mejor con la realidad del alumnado. La competencia esencial es estar preparado constantemente, al menos, para todo eso y poderlo llevar a cabo en el marco de una organización escolar que lo facilite.

Hoy educar es una tarea muy cualificada, vocacional, que requiere de un alto compromiso emocional y moral, y donde la cooperación, la innovación y el liderazgo son variables constantes. ¿Cómo preparamos a las personas para que sean competentes para educar? ¿Qué recursos y condiciones son necesarios para que un profesional sea y pueda ser realmente competente? ¿Cómo las garantizamos? ¿Es hoy la profesión docente capaz de atraer a las personas más cualificadas? Obviamente no hay respuestas simples y avanzar en ellas no es tarea fácil, sobre todo en un contexto de recortes presupuestarios tan espectacularmente agresivos con la educación pública, que han sometido al sector a una espiral de precarización sin precedentes, y donde los esfuerzos se centran inevitablemente en recuperar lo injustificadamente perdido.

Tarea cooperativa

La docencia es una tarea cooperativa. La existencia de un espacio para que las y los docentes trabajen juntos por el mismo fin, como actividad compartida, reflexionen, compartan y preparen sus tareas, es una condición directamente relacionada con la calidad de la enseñanza. Nuestra organización escolar y universitaria no permite que se desarrollen ese tipo de experiencias eficaces, por lo que solo se dan de forma voluntaria y marginal, cuando debería ser una de las principales tareas profesionales, básicas para el desarrollo del proyecto de centro. Debería contar con una asignación horaria adecuada.

Los profesionales de la educación son trabajadores. Como en la mayor parte de las profesiones, sus condiciones laborales tienen una relación directa con la calidad del trabajo que desempeñan. Reivindicar que esas condiciones sean adecuadas es un derecho, pero también un importante factor de calidad de la enseñanza. Los recortes en el gasto público educativo se han basado fundamentalmente –además de recortar las inversiones– en reducir el salario del profesorado, aumentar fuertemente la carga lectiva y las tareas, congelar toda posibilidad de promoción e incentivo, reducir las plantillas, incrementar la ratio de alumnos por profesor, aumentar porcentualmente el empleo temporal, etc., sin valorar su incidencia en programas y medidas educativas. Todo lo cual ha sido posible mediante dos decretos esenciales. El R.D. Ley 20/2012 para los funcionarios docentes y las sucesivas reformas laborales han afectado negativamente a la propia negociación colectiva, facilitando la modificación sustancial de condiciones laborales, el despido, la precariedad y la inestabilidad laboral. Por su parte, el R.D. Ley 14/2012, cuya reforma hizo recientemente el Gobierno del PSOE, ha dejado al albur de las comunidades autónomas, y sin límite de tiempo, aquellas decisiones con mayor incidencia en las condiciones laborales y profesionales del profesorado.

El último Estudio Internacional sobre Enseñanza y el Aprendizaje, TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) llama la atención sobre la urgencia de crear condiciones laborales más propicias, que permitan al colectivo docente desarrollar su profesión dignamente y con dedicación plena. Por otra parte, la vigencia de la LOMCE, aún no derogada, sigue imposibilitando la creación de espacios para que, tanto la profesión docente como el éxito educativo del alumnado, tan ligados uno y otro, puedan mejorar y crecer.

Por tanto, la reconstrucción de la profesión docente también pasa por recuperar los derechos sociales perdidos en estos años de aplicación de políticas neoliberales; por una mejora sustancial de los derechos laborales y las condiciones de trabajo; por la recuperación del poder adquisitivo, que en los últimos años ha supuesto una pérdida de entre un 18% y un 21% del salario; y por el acceso a una formación continuada pública de calidad y gratuita, que garantice la actualización permanente de saberes, competencias y habilidades. Un estatuto docente podría ser el marco legal.

De igual modo que en el resto de otros sectores profesionales, urge recuperar el empleo y fortalecer de nuevo la negociación colectiva como instrumento básico de regulación de las condiciones de trabajo. Solo así será posible el ejercicio de la profesión docente con dignidad, y con la calidad y a la altura de la exigencia social que todos debemos tener con la educación pública.

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Pedro Badía

Secretario de Política Educativa de FECCOO