Cooperación entre las diferentes administraciones educativas y otras sociales generadoras de cambio y equidad

SE HACE CADA VEZ MÁS NECESARIA una coordinación adecuada entre las administraciones central, autonómica y local, así como entre las políticas sociales y las educativas.

El contexto social nos ayuda a entender mejor los problemas del sistema educativo a la hora de afrontar retos tan importantes como incrementar y sostener las políticas necesarias para garantizar la equidad y avanzar hacia una escuela inclusiva, reducir el abandono escolar temprano y mejorar el rendimiento de todo el alumnado.

Según los indicadores sociales de diferentes organizaciones tanto privadas –con y sin ánimo de lucro– como públicas, la desigualdad en la distribución de la renta, las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, y el trabajador empobrecido por unas condiciones laborales deficientes ha aumentado de manera sustancial en los últimos cinco años, y han tenido un gran impacto entre los menores, sin que la mejora de los datos macroeconómicos y la creación de empleo hayan supuesto ningún alivio para una población empobrecida que va en aumento. Por eso, son tan importantes las políticas sociales que acompañen y complementen a las políticas educativas: un tercio de nuestro alumnado (como afirma Save the Children) está afectado.

Datos del Observatorio Social de la Caixa, en el dossier 03 (septiembre de 2017) y el dossier 04 (enero de 2018), apuntan a que el aumento de la desigualdad ha sido especialmente importante en España, con un coeficiente Gini que ha pasado de un valor del 46 al 51 entre los años 2005 y 2015. Por su parte, si seguimos la evolución del indicador AROPE, observamos que, en 2016, un 5,8% de la población española sufría privación material severa, un 14,9% vivía en hogares con baja intensidad de trabajo y un 27,9% vivía en riesgo de pobreza y de exclusión social, cuatro puntos más que la media europea (UE-28: 23,7%).

El desempleo es otro factor clave en la situación de pobreza y de exclusión social que sufren las familias de más de tres millones de niños y de niñas. En 2016, la tasa de paro en España era del 19,6% (en la UE-28, de 8,5%). Y de un 44,4% la de los menores de 25 años (UE-28: 18,7%). Mientras que la tasa de paro de larga duración, 9,5%, superaba en más del doble a la media europea (UE-28: 4%). En este escenario, hay que destacar dos datos importantes: a) que la diferencia entre la tasa de empleo de hombres y de mujeres, entre 20 y 64 años, era de 11,5 puntos; b) que la diferencia salarial entre hombres y mujeres, salario bruto por hora, era casi de 15 puntos.

El empleo precario, de mala calidad y mal pagado ha aumentado considerablemente en España, emergiendo con fuerza la figura del trabajador pobre que viene a ensombrecer, aún más, el debilitado escenario social español.

En cuanto a las condiciones demográficas, España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea en número de inmigrantes. Considerando el envejecimiento de nuestra población, es obvio que necesitamos de esta población, para que, en igualdad de derechos y obligaciones, siga contribuyendo al crecimiento económico del país.

 

La sociedad española es cada vez más desigual

La desigualdad creció en España con la “crisis” y ha seguido haciéndolo en los años de recuperación. Esto se debe a la forma en la que el anterior gobierno del Partido Popular (PP) ha gestionado la economía durante dos legislaturas. La economía se ha ido recuperando a costa de la desigualdad, aumentando de forma inaceptable la pobreza y la exclusión.

Las políticas económicas, sociales y laborales del gobierno del Partido Popular (PP), aún vigentes, han empobrecido a grandes capas de la población en España. En este momento, la economía sigue creciendo sobre las espaldas de los más débiles. La derecha económica y política nos ha devuelto a la senda del crecimiento, pero sin modificar la exclusión social, los recortes sociales, la reforma laboral ni una devaluación salarial brutal.

El recorte del gasto público y la ausencia de políticas sociales han sido decisivos para la polarización social extrema que existe en España y que está afectando de manera especialmente virulenta a los niños y las niñas en edad escolar: a la pobreza le gusta el fracaso y el abandono escolar.

A lo largo del último trimestre de 2017 y primer semestre de 2108, diferentes organizaciones sociales, tanto públicas como privadas, de gran prestigio, con un objetivo común en la educación, han elaborado diferentes informes sobre el impacto que los recortes de los gobiernos de las dos últimas legislaturas están teniendo en las políticas sociales que afectan a la infancia. Todos ellos tienen algunos elementos comunes a resaltar:

  • Un duro recorte en la inversión en becas y ayudas, que son fundamentales para el ejercicio del derecho a la educación y esenciales para hablar de equidad educativa, inclusión y disfrute de derechos.
  • Un mayor esfuerzo económico de las familias ante la inhibición del Gobierno que ha fracturado los conceptos de gratuidad y de equidad.
  • Disparidad territorial en la inversión de becas y ayudas al estudio.
  • Exclusión de los y las menores socialmente desfavorecidos.
  • Poca integración entre educación formal y no formal. Déficits de recursos tan importantes como comedores, bibliotecas o transportes.
  • La falta de coordinación entre las administraciones central, autonómica y local.
  • El funcionamiento anómalo de los protocolos de acceso a las becas y ayudas, que obliga a las familias a adelantar el dinero.
  • Opacidad de datos, que en ocasiones se convierten en una barrera para la medición del impacto y la evaluación de las políticas de infancia, entre las que destacan con nombre propio la educación.

Como recoge el Informe de Educo y Ayuda en Acción, cada vez más “la gratuidad real de la educación es un mantra con pies de barro”. “Los derechos dependen. Lo que no depende, ni es gratuito ni lo será, es el coste que tiene y tendrá para la sociedad española mantener ese discurso público de pies de barro que supone la gratuidad y con ello la equidad de la educación en España”.

El Informe de Save the Children España Iluminando el futuro. Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil, titula el apartado 2.5: “Las cuentas no salen si al multiplicarse la pobreza se resta inversión”, una visión profética de la evolución de las inversiones en educación producto de las políticas neoliberales. Es un resumen clarificador de lo que sindicatos como CCOO u organizaciones sociales como las apuntadas anteriormente están trasladando a la sociedad desde sus diferentes informes: menos gasto público en educación se traduce en más niños y niñas con necesidades; menos becas y ayudas acarrean más gasto medio de las familias en educación.

 

Superar la pobreza

Para conseguir dar un salto cualitativo con el objetivo de superar la pobreza educativa que afecta a millones de niños y niñas en España, es importante que se desarrollen inversiones que propicien las políticas de protección social necesarias para que las familias en situación de precariedad y pobreza tengan unas expectativas de futuro para sus hijos e hijas, que vayan más allá del aula y del curso escolar. Inversiones y políticas sociales que implican una coordinación adecuada entre las administraciones local, autonómica y central.

Necesitamos inversión en educación, pero también inversión en aquellas políticas sociales que hagan posible una atención educativa de calidad: “La gratuidad de la educación en España no garantiza el ejercicio real del derecho de los niños y niñas en situación de exclusión social ¿De qué sirve que un niño disponga de un aula y un profesor si no cuenta con libros, material escolar o la posibilidad de una alimentación adecuada?” (Save the Children).

CCOO considera que se deben desarrollar políticas sociales que complementen y refuercen las políticas educativas, y que deben estar encaminadas a combatir la pobreza:

  • Recuperar el gasto público. Revertir los recortes en educación. sanidad, prestaciones sociales, atención a la dependencia, es clave para recuperar lo perdido y sentar las bases para construir una sociedad más democrática, justa y equitativa.
  • El fortalecimiento de la negociación colectiva, su autonomía y su carácter vinculante. La negociación colectiva debe asegurar un aumento real de los salarios.
  • Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros con sendos aumentos del 11%, con el fin de lograr que, a medio plazo, se aproxime al objetivo del 60% que marca la Carta Social Europea.
  • Un ambicioso plan de choque contra el desempleo que aborde la lucha contra el paro en todas sus expresiones, poniendo a su servicio el conjunto de los recursos disponibles.
  • Reconstruir el sistema de protección al desempleo.
  • El diseño de un plan integral contra la pobreza que actúe en todos los ámbitos en los que interviene esta lacra: empleo, sanidad, servicios sociales, medio ambiente, pobreza energética, vivienda, etc.
  • Establecer una prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima, con un importe de 426 euros/mes, destinadas a proteger a las personas que se encuentran en edad laboral y, queriendo trabajar, carecen de empleo.
  • Una reforma fiscal que sirva para crear empleo y mejorar la protección social a los colectivos más vulnerables.
  • Convertir el IRPF en un impuesto sobre las rentas de la ciudadanía, especialmente las rentas de capital, en vez de sobre los rendimientos del trabajo y las pensiones.
  • Combatir el fraude fiscal y la economía sumergida.

Después de dos legislaturas de gobierno del Partido Popular (PP) y diez meses de gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ahora en funciones, el tránsito hacia una sociedad inclusiva, sostenible y basada en la educación y el conocimiento, tal y como recoge la estrategia Europa 2020, sigue siendo un objetivo difícilmente alcanzable.

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Pedro Badía

Secretario de Política Educativa de FECCOO