Apoyo mutuo y participación

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA viene garantizada en nuestra Constitución en dos textos muy claros. “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”; y “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

No se trata, pues, solo de un derecho vinculado a una suerte de supervisión a posteriori de la gestión de los centros. La intervención –que no la supervisión o la rendición de cuentas– es “en el control y en la gestión”. Y en todos los centros sostenidos con fondos públicos, y con los poderes públicos “en la programación general de la enseñanza”. Es un derecho y un deber moral y político, si se quiere cumplir con el mandato constitucional.

La anterior legislatura del PP ha apostado por un modelo neoliberal que externaliza el gobierno de los centros hacia unas direcciones cada vez más foráneas, despojando de competencias decisorias a los consejos escolares, como si participación y gestión fuesen conceptos antagónicos.

Los poderes públicos implicados en la garantía del ejercicio del derecho a la educación residen en las administraciones locales, autonómicas y del Gobierno; pero los órganos de participación, los consejos escolares de cada administración, aparecen con funciones y competencias muy desdibujadas.

A título de ejemplo: en el último informe del sistema educativo aprobado por el Consejo Escolar del Estado se aprueba recordar al entonces Ministerio aún dirigido por el Partido Popular que no ha cumplido las resoluciones aprobadas e incluidas en informes precedentes. Este mismo Ministerio de Educación del PP que incumplía las resoluciones legítimas de los órganos de participación, es el que al mismo tiempo pedía al Consejo Escolar del Estado un informe sobre el Pacto Social y Político: no hacía caso de las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado, no convocaba las mesas de negociación y no cumplía con sus obligaciones con el profesorado y sus representantes, pero pedía un informe sobre el Pacto Educativo.

Ha habido órganos de participación, como el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar, la Mesa Estatal de Enseñanza Concertada o el Consejo de Formación Profesional de alguna autonomía, que llevan años sin convocarse pese a las peticiones expresas y colectivas para hacerlo. La breve legislatura de gobierno socialista no ha supuesto una mejora en la práctica, aunque la única acción de gobierno palpable como es la LOMLOE, nueva ley de educación, sí recupera la participación como uno de los fundamentos importantes sobre los que debe construirse un sistema educativo de calidad.

Gobernabilidad

La gobernabilidad de los centros docentes exige una notable participación: la complejidad de la educación, de las tareas en que se plasma, requiere de la colaboración acordada de todos. Además, si los centros docentes deben gozar de autonomía para un mejor desarrollo de su tarea, adecuándola a las necesidades del entorno social y de su alumnado, la participación de la comunidad educativa es la otra cara de esta autonomía, la que garantiza su valor y su eficacia con la implicación de todos.

En este sentido, el consejo escolar del centro debe tener una participación decisiva tanto en la aprobación de los documentos institucionales (PGA, PEC, etc.), en los que se plasman los fines y objetivos propios del centro, como en la elección de los órganos unipersonales de gobierno, que son los que deben llevar adelante las tareas que se derivan de dichos documentos. En la actualidad, con el cambio introducido por la LOMCE, los consejos se han quedado relegados a órganos meramente consultivos y la participación ha decaído de manera importante.

Sin embargo, los retos a los que se enfrenta la educación requieren de una participación fuerte de la comunidad educativa. Las AMPA, por su responsabilidad en la educación de sus hijos; el alumnado, para aprender a implicarse con su propia participación activa en las primeras instituciones sociales en que está presente; el profesorado, para ser capaz de conformar colectivamente un proyecto en el que se plasme su libertad de cátedra en el marco de la autonomía pedagógica del centro.

Los centros educativos deben gozar de autonomía, lo que implica la toma colegiada de decisiones en los ámbitos de la pedagogía, de la organización, del funcionamiento y de la gestión de recursos humanos y materiales. De entre estos tres ámbitos destaca como primordial el de carácter pedagógico, al que deben subordinarse los otros dos, lo que significa atribuir capacidad de coordinación y liderazgo a quien, como equipo, dirija el centro docente. Para avanzar en este difícil terreno hace falta:

  • Por parte del profesorado, formación previa específica en cada uno de estos ámbitos, especialmente en el de elaboración de proyectos pedagógicos.
  • Fomento de la dirección como un trabajo en equipo.
  • Intercambio de buenas prácticas en la idea de un trabajo en red por parte de los distintos centros educativos del mismo nivel.
  • Vinculación del centro a las instituciones sociales, como ayuntamientos, asociaciones y ONG; y formativas, como Movimientos de Renovación Pedagógicas (MRP), universidades y aquellos centros de los que provienen los futuros estudiantes o a los que pueden ir, conformando una red interniveles.
  • Impulso a los movimientos asociativos de madres y padres y de alumnado, sumando sus aportaciones y proyectos a los del resto de la comunidad educativa.
  • Refuerzo del carácter formativo de la evaluación y rendición de cuentas al conjunto de la comunidad educativa para su mejora, y no una rendición de cuentas burocrática a la Administración.
  • Vinculación de la Administración educativa a los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de gobierno y participación.

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Pedro Badía

Secretario de Política Educativa de FECCOO