Diez años de lucha obrera para garantizar el derecho a la negociación colectiva

CORRÍA 2010 CUANDO LO MÁS DURO DE LA CRISIS COMENZÓ A HACER MELLA. El socialismo de Zapatero se batía en retirada y el conservadurismo comenzaba a asomar. El Gobierno de España y el del País Vasco metieron un zarpazo a los salarios de todas las administraciones públicas. Los recortes se extendieron a los módulos de financiación de los centros concertados, creando una situación inédita: las patronales se encontraron con una financiación pública recortada, pero unas tablas salariales que cumplir. Así que tomaron la peor decisión: imponer los recortes, saltándose la ley.

Los sindicatos interpusimos una demanda de conflicto colectivo para forzarlas a pagar lo que marcaba el convenio. Tiempo después, la Justicia nos dio la razón y exoneró a la Administración de financiar en función de las tablas salariales.

Ahí comenzó una desconfianza y una desafección entre la patronal y la Administración hacia la negociación colectiva, que abrió una enorme brecha que ni el acuerdo firmado el 9 de noviembre restañará completamente.

La escuela religiosa, con un sentimiento de “barco ajeno” ya muy extendido, comenzó a sufrir una muy errática, equivocada e impositiva política empresarial, situando los intereses y la protección de sus trabajadores y trabajadoras en el último lugar. La deuda salarial generada en 2010, 2011 y 2012, devuelta a regañadientes, generó un malestar entre el personal y una desconfianza hacia las titularidades de los centros que no hizo más que acentuarse cuando estas, aprovechando la reforma laboral de Rajoy, se levantaron de la mesa negociadora.

 

Huelga

El efecto fue demoledor: cinco huelgas y la amenaza de una sentencia en contrario fueron necesarias para que, en octubre de 2014, la patronal se viera forzada a firmar un acuerdo de paz, que garantiza la vigencia del convenio y la devolución de la deuda generada. Lejos de solucionarse el problema, se celebraron 35 nuevas mesas de negociación en dos años sin acercamiento por parte de la patronal, que prendió la mecha del estallido definitivo en noviembre de 2017. La negativa a la plataforma de mínimos, acordada por una unidad sindical impensable en otros sectores, inició un período de 29 jornadas de huelga que convirtieron un problema laboral en uno social de primer orden, especialmente por la fuerza de dos convocatorias concretas, primero de 10 días y, posteriormente, de un mes completo.

La valentía y tenacidad de las y los trabajadores del sector en reclamar su derecho a la negociación colectiva y la huelga garantizaron que los sindicatos fuéramos a la mediación, forzando una metodología basada en la negociación y un calendario que consiguió un acuerdo de fin de huelga que trae la solución definitiva a los problemas del sector. Un acuerdo histórico que, respondiendo a todas y cada una de las reivindicaciones de la plataforma intersindical, garantiza la estabilidad en las relaciones laborales y el mantenimiento, a través de un acuerdo de recolocación avalado por el Gobierno vasco, implicado al fin, de los puestos de trabajo en un sector gravemente afectado por el descenso de la natalidad.

Nuestro más hondo reconocimiento a los y las protagonistas de esta historia con final feliz: los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos privados concertados de iniciativa social de Euskadi.

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Julen Llanos

Responsable de Educación Privada de CCOO Irakaskuntza