Entender los cuidados como un derecho fundamental

SI ALGO HA PUESTO DE MANIFIESTO ESTE ENCIERRO PROVOCADO POR LA PANDEMIA ha sido la tremenda urgencia de situar en el centro del debate los trabajos, sobre todo aquellos relacionados con los cuidados, que deben fundamentarse en la revitalización de un derecho legítimo a disponer de un sistema que proteja una relación laboral con garantías.

Cuando abordamos esto, nos referimos a la necesidad de ser cuidado y de cuidar como un derecho fundamental bien regulado y con la garantía de decisión libre para las mujeres, sin obligatoriedad y sin que reproduzca ese concepto que no cuestiona que esa debe ser tarea común, política y regulada con efectividad.

En el ámbito de la enseñanza tenemos el mismo problema de cómo educar y cuidar a la vez. Y no será posible resolverlo si no ponemos encima de la mesa un cambio estratégico en el que el alumnado más desfavorecido esté en el centro, junto con el compromiso de situar a la educación como garantía de futuro.

Esta problemática no puede reducirse a una cuestión meramente individual o de una familia concreta, pues compete a todas y cada una de las personas que componen la sociedad.

 

¿Qué es conciliar?

Si buscamos en la RAE el término conciliar, podemos encontrar tres acepciones de máxima importancia. La primera, “poner de acuerdo a dos o más personas”. La segunda, “hacer compatibles dos o más cosas”, como compaginar el trabajo laboral y el familiar. Por último, “granjear un ánimo o un sentimiento determinados”.

Aunque el diccionario no lo incluye, cuando se habla de conciliación siempre me queda la sensación de que se vincula con mujeres, como si fuese imposible separar la palabra de ellas, cuando realmente no debería ser así.

El reciente estudio de Bonal y González (2020), realizado a 35.937 familias y 59.167 niños y niñas de entre 3 y 18 años, indica que las mujeres siguen sustentando los cuidados. De hecho, la encuesta la contestan ellas en una abrumadora mayoría: el 86%.

Si bien es cierto que los hombres se han visto interpelados en atención y cuidado, por el solo hecho de tener que estar confinados en el hogar, no es menos cierto que el mayor número de personas todoterreno durante las 24 horas (obligaciones laborales, atención de personas dependientes, las tareas cotidianas…) han sido mujeres, y son ellas quienes han soportado y soportan en mayor medida esta tensión.

Mientras que el Ministerio de Educación y Formación Profesional intenta poner medidas para que las clases se reanuden paulatinamente, muchas familias ya están pensando en qué hacer con sus vástagos en el tiempo en el que no pueden acudir a los centros. Las medidas implantadas suelen conllevar un impacto directo en el salario y muchas mujeres no pueden prescindir de él para mantener la economía doméstica, lo que genera un problema familiar y, por supuesto, social.

 

Se profundiza la brecha

En la encuesta mencionada se puede comprobar que, antes del confinamiento, el 13% de las personas estaban en situación de desempleo y el 80% tenía contrato a tiempo completo. Cuando se contestó el cuestionario, ya llegaban al 23% las que han perdido el empleo (60% de ellas por un ERTE) y el 17% creían probable quedarse sin trabajo. Todo esto repercute en el ámbito de los cuidados y en la decisión, libre o no, de asumir tareas en su mayoría realizadas por mujeres, como las ayudas al estudio, donde ellas dominan en todos los niveles de enseñanza.

Según el estudio, cuando los niños son más pequeños hay una mayor falta de tiempo de atención adulta, sumado a que el 16% de madres con estudios obligatorios no ayuda a sus hijas e hijos porque no tiene conocimientos o no los recuerda, cifra que es apenas del 2% entre quienes tienen estudios universitarios, a lo que debemos añadir la brecha digital y la habitacional. Por eso es vital intervenir desde las primeras etapas.

Mucho tenemos que hacer para garantizar que la pandemia no aumente aún más el sesgo de género que tan recurrente es durante y después de una crisis. Por ello, es el momento de un plan estratégico de empleo y revitalización de la etapa de Infantil en su conjunto, con un marcado carácter educativo y no asistencial.

Según datos recogidos por FECCOO respecto a la afiliación a la Seguridad Social, la media de las altas en educación en enseñanza pública durante 2014 estaba en un 1,65%, mientras que en 2020 se sitúan en el 0,73%. Dicha tendencia demuestra que, si se siguen reduciendo las plantillas, será imposible conjugar el trinomio conformado por el derecho a la educación, la garantía de la enseñanza como servicio público y la seguridad y salud de docentes, alumnado y familias.

Así, la pregunta de cómo vamos a garantizar los cuidados si no se convierten en el centro de la estrategia general cobra gran relevancia, porque la cuestión fundamental no está en abrir o no los centros, sobre todo en Infantil, sino en cómo hacerlo.

Se requiere de un compromiso amplio y un gran consenso para revitalizar y mejorar las condiciones del 0-3 y de todos los demás niveles, y la forma de hacerlo es ampliar el número de plazas, darle el carácter educativo que requiere, aumentar las plantillas, invertir de manera conveniente y situar los cuidados como un derecho fundamental.

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Belén de la Rosa Rodríguez

Secretaría de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ de FECCOO