El gran reto será lograr que el conjunto del sistema educativo aprenda a adaptarse mientras avanza por un camino de inestabilidad e incertidumbre. En este contexto, se hace imprescindible planificar el próximo año teniendo previstos todos los posibles escenarios para evitar tener que actuar de manera sobrevenida, como ha ocurrido en el tramo final de este curso.
Reforzar comités de Salud y Seguridad
Nos encontramos en un proceso excepcional en el que la participación sindical es más necesaria que nunca, y esto exige que las distintas administraciones autonómicas convoquen los comités de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Un problema con el que se encuentra la comunidad educativa es que hay muchas comunidades autónomas que aún no han constituido dichos comités y en otras estaban en ciernes en el momento de decretarse el estado de alarma, siendo una minoría las que los tienen constituidos y operativos. Por eso, en primer lugar, urgimos a las distintas administraciones a solventar dicha carencia.
A su vez, también es necesaria la cooperación con los institutos que cada comunidad autónoma tiene establecidos para la Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio o consejerías de Sanidad, Inspección de Trabajo, etc.
Preparación de centros con garantías
Por otro lado, cuando se abran los centros para su adecuada limpieza y desinfección, el personal encargado de estas tareas deberá contar también con dichas medidas de protección, desde el principio y en cantidad suficiente.
Una vez abiertas las instalaciones, las administraciones públicas y las empresas de los centros privados y concertados deben asegurar la adecuada limpieza y desinfección general, en profundidad y permanente, de dichas instalaciones. Se debe garantizar que tras el uso de cada una de las aulas, y antes de su nueva utilización, deben adoptarse unas medidas previas de higiene y desinfección. Para lograr todo esto, las autoridades educativas tienen la obligación de asegurar que haya el suficiente personal para las tareas de limpieza encomendadas en todos los centros educativos.
Esta importante tarea de salud pública, prevención e higiene, tendrá que sustentarse en un plan de acción integral con la coordinación eficiente ente las diferentes administraciones públicas: central, autonómica y local. Sin descartar la participación de las organizaciones no gubernamentales con mayor peso y experiencia en el trabajo de emergencia sobre terreno, que quedarían integradas en dicho plan de acción, y bajo el control y supervisión de la Administración pública.
Plan de continuidad de la actividad docente
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO exigimos la elaboración y aprobación del Plan de Continuidad de la actividad docente en las fases y condiciones que está determinando el Ministerio de Sanidad, así como el de Educación y las distintas autonomías.
Este plan supone la contemplación de, al menos, los siguientes puntos: evaluar los riesgos de contagio, medidas preventivas debatidas y acordadas con la representación legal de las y los trabajadores, identificación de los puestos necesarios e imprescindibles para una reincorporación escalonada de la plantilla, actuación ante situaciones de personas trabajadoras especialmente sensibles, estudio de escenarios de riesgo en las distintas fases, la identificación de los recursos humanos disponibles y necesarios para afrontar las distintas tareas y la ejecución de todas las sustituciones del personal para atender las tareas programadas (interinos/as…); estudio de actuaciones y creación de protocolos a poner en marcha en el caso de que una persona trabajadora o algún alumno o alumna presente síntomas de Covid-19, o que se tenga constancia de haber estado en contacto con personas infectadas; cálculo de aforos, garantizar el suministro del material de higiene necesario para todo el personal y alumnado asistente (mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos…), establecimiento de protocolos de gestión de los residuos de todo tipo, tanto los habituales como los que se generarán con las nuevas medidas de protección frente al coronavirus, y la verificación de las actuaciones y medidas a implementar decididas en dicha reunión para evitar el riesgo de contagio, y constatar si son suficientes y adecuadas.
Exigimos la elaboración y aprobación del Plan de Continuidad de la actividad docente en las fases y condiciones que está determinando el Ministerio de Sanidad
Intensificar las evaluaciones de riesgos
Así mismo, exigimos que se haga una adecuada evaluación de los riesgos en materia de salud laboral (ergonómicos, visuales, psicosociales, etc.) que conlleva el uso del teletrabajo y la teleformación, a la que se han incorporado las y los docentes y a la que probablemente habrá que recurrir en el supuesto de que se confirmen nuevas oleadas del virus, para minimizar sus efectos. A la vez se debe generar la normativa legal específica en caso de que no la hubiera. Además de esta evaluación, es necesario que se establezca y desarrolle un plan, coordinado y consensuado con la representación legal de las y los trabajadores para la formación e información de la existencia de estos riesgos, y la manera de resolverlos o minimizar su incidencia.
Evaluaciones permanentes
Tanto las medidas preventivas, como los trabajos necesarios y la eficiencia de la nueva normativa generada, serán objeto de una evaluación rigurosa para valorar el impacto que están teniendo en la salud pública, en la prevención y en la respuesta inmediata. Esta permitirá reconocer aquello que funciona, cambiar aquello que no, y abrir nuevas vías de trabajo sobre terreno y en el ámbito de la investigación.
