Análisis y propuestas de CCOO para combatir la violencia de género

COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES debe considerarse una cuestión de Estado. Debe implicar al conjunto de la sociedad. CCOO reitera su compromiso permanente para la colaboración con las instituciones y organizaciones implicadas en el desarrollo de las medidas que permitan la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El sindicato presenta el lunes 21 un documento en el que se analizan los déficits en el tratamiento de la violencia de género y se recogen las propuestas de CCOO para avanzar en su resolución. Este análisis, cuya presentación será 11.30 en la calle Fernández de la Hoz 12 (sede de CCOO) ha sido elaborado conjuntamente por la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad y las Secretarías de Mujer de las Federaciones Estatales de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad de CCOO.

El documento «Análisis y propuestas de CCOO para combatir la violencia de Género» aborda los déficits en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Además, recoge las propuestas del sindicato para su resolución en todos los ámbitos: laboral y económico; publicidad y medios de comunicación; policial, jurídico y servicios judiciales; educativo y sanitario, y servicios sociales e intervención social. El documento será trasladado tanto al Gobierno, como a partidos políticos y organizaciones sociales.

CCOO considera que la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, pese a ser un instrumento legal decisivo para el reconocimiento de derechos y combatir la violencia contra las mujeres, no ha contado con voluntad política ni con las dotaciones presupuestarias necesarias para su desarrollo y aplicación efectiva. El gobierno del Partido Popular ha fracasado en la gestión de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Así lo constatan los permanentes asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas (un total 39 en 2016) y los déficits en el tratamiento y atención a las víctimas.

En la última legislatura se ha producido un retroceso importante de las políticas de igualdad, con un ejecutivo que no ha atendido las recomendaciones que realizó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en 2015. Este organismo señalaba la necesidad de aumentar los recursos para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres en mayor riesgo y vulnerabilidad, justamente en tiempos de crisis.

Tampoco existe voluntad política ni previsiones económicas para atender las obligaciones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul 2011), vigente desde 2014, y que señalan que la lucha y los recursos contra la violencia deben incluir todas las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas, y todas las violencias machistas.

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