Avanza la implantación del modelo de universidad neoliberal

EL CONTEXTO DE LA CRISIS FINANCIERA y económica que ha conllevado los más graves recortes sufridos por toda la sociedad en las últimas décadas está siendo utilizado por el Gobierno del PP y los gobiernos autonómicos más afines para desarrollar y consolidar el cambio hacia el modelo neoliberal de universidad pública.

Tras culminar la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las universidades españolas en 2010, con estudios de grado de cuatro años y másteres oficiales de un año en general, se han ido completando durante los tres últimos cursos académicos las renovaciones de las acreditaciones, sobre todo de las enseñanzas oficiales de grado ofertadas, mediante procesos de evaluaciones interna y externa. Pero antes de que el sistema universitario hubiera finalizado el proceso con la consolidación del sistema 4+1 (RD 1393/2007) y la realización de una valoración integral sobre su calidad, el Gobierno publicó el RD43/2015, que planteó de nuevo la reforma de las enseñanzas universitarias oficiales abriendo la puerta al 3+2, con la excusa de flexibilizar la oferta académica y facilitar la convergencia con otros grados y posgrados de países europeos, y empleando como subterfugio para su aprobación que sólo el 20 % de los estudiantes universitarios de grado realizaban estudios de másteres oficiales de carácter no profesionalizante.

 

Incremento desmesurado de las tasas

De modo concomitante, los gobiernos central y la mayoría de los autonómicos han autorizado que, en los momentos más crudos de la crisis, el precio de las enseñanzas oficiales universitarias experimentaran un incremento desmesurado. Alcanzaron así las más altas cotas en enseñanzas de másteres oficiales y adquirieron su máxima expresión en Madrid y Cataluña, comunidades tradicionales receptoras de estudiantes nacionales e internacionales. Y establecieron, además, una clara diferenciación de precios públicos para alumnado del espacio europeo y para los procedentes de países extracomunitarios.

Al mismo tiempo, en el curso académico 2012/13 el Gobierno modificó sustancialmente, al alza, los requisitos académicos y cambió considerablemente los conceptos susceptibles de financiación para ser beneficiario de una ayuda en la convocatoria general de becas del Ministerio de Educación; eliminó las convocatorias de becas que facilitaban la movilidad nacional (programa Séneca); y disminuyó sustancialmente (50 %) la duración de las becas de movilidad europea, programa Erasmus y Erasmus plus. La modificación de las sucesivas convocatorias de las becas generales ha dado lugar a una disminución de la cuantía individual y un considerable retraso en la percepción de la parte variable, fracción más importante del importe.

 

Fuente de desigualdad

Las consecuencias han sido un incremento significativo de la desigualdad en el acceso a los estudios universitarios y en la permanencia en los mismos, que ha alcanzado su máxima manifestación en los estudios más costosos, los de máster oficial; una disminución de la movilidad en general y de la nacional en particular; y una menor capacidad de atracción de estudiantes internacionales. En definitiva, el acceso a la enseñanza superior ha dejado de ser un derecho que ha contribuido a la cohesión social, para convertirse en un elemento diferenciador, fuente de desigualdad en función de los ingresos y la riqueza de las familias.

Otro de los polos sobre los que se asienta el cambio de modelo de universidad ha sido, según los gobiernos del PP, la necesidad de aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público. La publicación del RD Ley 14/2012 de racionalización del gasto público puso en marcha un abanico de medidas urgentes, que parece han venido para quedarse, puesto que en ningún momento se ha iniciado su derogación tras el inicio de la recuperación de la crisis.

Por otro lado, durante los últimos años se ha producido una disminución de las plantillas estables de personal y un incremento considerable de la temporalidad y precarización, una pérdida notoria de derechos laborales y una importante disminución de los salarios, que ha coincidido con una política de mayor exigencia, dedicación y compromiso con menor remuneración. Mención especial merece la exclusión que ha sufrido el personal de administración y servicios del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público que busca reducir la temporalidad, algo que debe ser enmendado lo antes posible.

La situación para el personal docente e investigador (PDI) se ha visto agravada con el cambio brusco del sistema de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios o programa ACADEMIA (RD 415/2015), que ha dado lugar a un incremento desproporcionado en los niveles de exigencia de los requisitos necesarios para obtener una acreditación positiva. Además, aún no se ha puesto en marcha el nuevo sistema por la falta de publicación de los criterios definitivos de acreditación, paralizando todo el proceso de acceso a los cuerpos docentes universitarios durante dos años (2016 y 2017).

 

Acreditación del PDI

CCOO ha expresado su rechazo al RD de Acreditación, porque contribuirá de modo importante al bloqueo de las aspiraciones legítimas de crecimiento y promoción del profesorado universitarios con trayectoria académica y del personal docente que está en el inicio de su carrera docente e investigadora, y porque, además, puede desincentivar a docentes de buen nivel académico y de intenso compromiso con la universidad.

En definitiva, lo que se ha hecho desde las administraciones durante estos últimos años y que se incardina en el modelo de universidad neoliberal, es obviar los marcos de negociación colectiva y fomentar la fragmentación y precarización, abusando de la contratación temporal o incrementando bruscamente y de modo significativo los requisitos necesarios para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, sin que exista ningún interés en configurar ni desarrollar un modelo negociado y consensuado de carrera profesional para el PAS y para el PDI de la universidades públicas, excepto para devaluar la docencia en detrimento de la investigación. ·

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Encina González

Secretaría de Universidad e Investigación FECCOO