La larga sombra de Educación para la Ciudadanía

UNA RESPUESTA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN y FP, Isabel Celaá, reabrió la herida que la asignatura de Educación para la Ciudadanía había dejado abierta en la historia política reciente de España. En una entrevista con El País, la antigua consejera de Educación de Euskadi anunciaba la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de dejar nuevamente a Religión sin peso académico y crear una materia de valores cívicos y éticos que, según el anuncio, no será optativa para el alumnado y que podría estrenarse el curso 2019-2020.

En la comparecencia del pasado 11 de julio en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, Celaá volvió al tema de la creación “de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas”, resaltando además “que este contenido curricular no debe ser objeto de polémica alguna a estas alturas y menos cuando en toda Europa lleva años formando parte del currículo”.

Ya desde el primer anuncio de la nueva ministra sobre este asunto saltaron las alarmas en los sectores más conservadores y en las enseñanzas privada y concertada. Esto sin tener todavía ninguna pista sobre los contenidos de la nueva asignatura, aunque ya hay quien habla de la posible imposición de una “ética del Estado”.

Las intenciones de la titular de Educación son claras: buscar el consenso para realizar los cambios necesarios en la Lomce que permitan revertir las medidas y posiciones más dañinas de la ley y que han traído desigualdad, como las reválidas, los itinerarios tempranos que condicionan al alumnado, la Religión, entre otras. Pero también tiene puesta su mirada en los decretos que empeoraron la situación del profesorado y el ejercicio de su actividad profesional: ratios más elevadas, jornadas, etc. Todo ello, con la idea de alcanzar un pacto que permita dotar de estabilidad al sistema educativo.

Valores cívicos: a favor

Ha sido la propia Isabel Celaá quien ha dado la primera pista que se tiene sobre unos contenidos que, de momento, son pura especulación. “Obviamente el feminismo, estudiar el mundo desde los valores de la mujer, es algo que tiene que entrar en esos valores cívicos y éticos, y tendrá su ubicación”, afirmó frente a los medios de comunicación tras un acto en Casa de América.

La ministra añadió, además, que se incluirán todos los contenidos institucionales y que serían “patrimonio de todos”. Fuentes de Educación informaron que todavía no hay avances en este sentido y que pronto se reunirán con los agentes sociales para comenzar a trabajar en ellos.

En tanto, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CCOO) ve con buenos ojos la propuesta del Gobierno de introducir la asignatura, pero cree que es una medida más que se suma a la derogación de la LOMCE, la transversalidad de la educación en valores en el currículo, la supresión de Religión y la puesta en marcha de actuaciones educativas específicas para erradicar en las aulas la lgtbifobia y la discriminación contra las mujeres.

“Una sociedad cada vez más plural necesita valores compartidos que posibiliten la convivencia entre personas y colectivos. Esta tarea corresponde especialmente al sistema educativo: subsistema escolar, familiar y sociocultural”, explican desde FE-CCOO.

Valores cívicos: en contra

El punto inicial del desencuentro ante el anuncio de la ministra está en la indefinición actual de los contenidos de la nueva asignatura. Desde el Foro Español de la Familia se pide aclarar formalmente los contenidos que el Gobierno pretende incorporar y cómo afectará la medida a la neutralidad ideológica de los centros públicos y al ideario de la enseñanza privada y concertada.

La Conferencia Episcopal tampoco se ha quedado atrás y considera a la asignatura de valores cívicos como una posible imposición de una ética del Estado o del partido de gobierno, o una vulneración del artículo 27.3 de la Constitución, que establece que niñas y niños sean educados de acuerdo a la moral y la religión escogida por sus padres y madres.

Mientras, con una postura más abierta al diálogo, desde otras organizaciones se pide al Gobierno un consenso para evitar que la educación siga siendo un arma de confrontación política y la necesidad de que los contenidos de la nueva materia sean preparados por personas expertas y no desde las administraciones.

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