Sobre el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas: una azarosa trayectoria de quince años

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE 2006 PUSO EN MARCHA EL CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS como “órgano consultivo del Estado y de participación en relación con las enseñanzas artísticas”. Su creación estuvo impulsada por un influyente grupo de equipos directivos de centros de enseñanzas artísticas superiores que querían contar con algo parecido al Consejo de Universidades y con una interlocución directa con el Ministerio. Tal vez por eso, el Consejo se centró desde su origen en cuestiones referidas a las enseñanzas artísticas superiores, postergando los otros niveles de enseñanzas, profesionales y elementales, de sus debates.

Como advertí personalmente en la sesión constituyente, el 3 de octubre del 2007, el “Consejo-Superior” de Enseñanzas Artísticas no debía confundirse con un Consejo de Enseñanzas “Artísticas-Superiores”, como ha ocurrido de hecho. Si bien es cierto que la misma Ley otorga al organismo una participación significativa en la definición de la estructura y contenidos básicos de las enseñanzas superiores, cosa que no hace respecto a los otros niveles, entre sus funciones está la de informar sobre toda norma relativa a las enseñanzas artísticas (sin limitación respecto al nivel o sector), así como presentar propuestas y elaborar informes anuales sobre el estado y situación de ellas en su conjunto. Pero el sesgo hacia las alturas ha sido, hasta el día de hoy, invencible.

Composición

El Consejo ha contribuido a que las enseñanzas artísticas hayan estado en el horizonte del Ministerio y sus cabecillas, aunque los repartos de competencias con otras carteras, administraciones, enseñanzas y universidades generan espacios fronterizos difíciles de manejar. El Consejo pretendía ser un “órgano de participación”, cosa que ha conseguido parcialmente, pues cuenta con una exagerada proporción de cargos administrativos (comunidades autónomas y personalidades o directores y directoras a propuesta de aquellas: principalmente convidados de piedra) frente a las organizaciones sindicales, profesionales o estudiantiles, cuya presencia es testimonial. Sin embargo, estas últimas han sido las más activas e informadas en las reuniones, junto con el personal técnico (justo es reconocerlo) del Ministerio y algunas administraciones.  Es urgente modificar la composición del Consejo a favor de una verdadera participación social, dejando al margen los cargos oficiales. Para la coordinación entre administraciones existen otros órganos y foros perfectamente definidos. Cabe interpretar este desequilibrio como el recelo de sus fundadores hacía una participación verdaderamente abierta a la sociedad.

Funcionamiento

A lo largo de estos años, el Pleno del Consejo se ha reunido únicamente seis veces. No lo ha vuelto a hacer desde 2015, aunque el reglamento exige al menos una convocatoria cada año. Las tareas principales se han encomendado a la Comisión Permanente, reunida casi siempre con precipitación, para abordar informes y trámites preceptivos. El Consejo nunca ha contado con un plan de trabajo, agenda, objetivos, medios o recursos propios, como sí tienen otros órganos análogos. A pesar del entusiasmo que algunas consejeras y algunos consejeros hemos puesto en el organismo, su funcionamiento ha sido precario y se ha ido deteriorando durante las últimas legislaturas. Para garantizar su buen funcionamiento, sería imprescindible crear una oficina permanente con recursos humanos y materiales propios (¡y una buena página web!).

Asesoramiento o sordera

El Consejo es un órgano de asesoramiento, pero sus propuestas apenas han repercutido en las políticas educativas. El Ministerio le ha requerido para ratificar sus decisiones antes que para escuchar o encontrar ideas distintas. En enero de 2009 se aprobó ¡por unanimidad! un informe de Francisco Luis Lemes, argumentando cómo organizar los estudios superiores en tres niveles (grado, máster y doctorado) dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior. Lo que proponía aquel informe sigue esperando y teniendo validez doce años después. En 2011 se debatieron las especialidades de profesores y de catedráticos de música y artes escénicas, con aportaciones que tampoco tuvieron calado. En su momento hubo un fuerte rechazo a los temarios de cátedra, que tampoco fue tenido en cuenta. Había muchas prisas para su publicación debido a la presión de alguna Comunidad. El Consejo también ha pedido reiteradamente, sin resultado alguno, un marco propio y con autonomía para los centros, equiparable al universitario. Al mismo tiempo, ha reclamado sistemáticamente el desarrollo de las disposiciones pendientes, algunas desde hace veinte años, cuya ausencia genera retrasos, disfunciones y vacíos legales. Debería ser innecesario recordar al Ministerio sus obligaciones ejecutivas, pero está claro que carece de medios para desarrollar, con la debida agilidad (o al menos dentro del mandato), la normativa requerida. Tal vez debería dotarse de una Dirección General de Enseñanzas Artísticas, como se ha sugerido reiteradamente desde hace años. Las enseñanzas artísticas se suelen quedar en algún furgón de cola que descarrila al concluir cada legislatura. Los cambios sociales y las continuas reformas educativas han ido muy por delante de la capacidad reguladora, generando una creciente brecha. Los retrasos se alternan, en fatal alianza, con incongruencias, precipitaciones y sustos de último minuto.

Tareas realizadas

En su primera etapa, el Consejo informó sobre la estructura y el contenido básico de las distintas enseñanzas artísticas superiores. Fue un esfuerzo muy grande, que desembocó en un modelo continuista, obsoleto desde su origen y no exento de conflictos en su implantación. Últimamente el Consejo ha tramitado los numerosos títulos de másteres en enseñanzas artísticas superiores que han ido apareciendo. Han sido una novedad que está dando los resultados más satisfactorios. También corresponde al Consejo realizar informes anuales sobre el estado de las enseñanzas artísticas. Únicamente se publicaron los informes, disponibles en línea, de los años 2009 y 2011, dejándonos después a oscuras. Estos documentos son una herramienta diagnóstica fundamental para conocer la situación real y para diseñar políticas educativas efectivas. Tras aquella etapa constituyente, los trámites realizados han sido puros formalismos, sin mayor enjundia. La Permanente se ha limitado a revisar las posibles erratas de borradores entregados con poca antelación, sin entrar en mayores debates. En cualquier caso, sus reuniones han sido una estimulante ocasión de encuentro entre colegas procedentes de distintos puntos e intercambio de impresiones.

Futuro

Desde su creación, han pasado distintos gobiernos y reformas. Su razón de ser como órgano de participación sigue teniendo plena validez, pero lo cierto es que ha entrado en decadencia, con largos períodos de inactividad, coincidentes con la desaparición de las mayorías absolutas. Su intervención en el impulso de las enseñanzas artísticas de todos los niveles educativos podría ser muy útil, especialmente ante el escenario abierto por la última Ley educativa (LOMLOE, 30 de diciembre de 2020). En los próximos meses podría abordarse una Ley específica para el sector, como tantas veces reclamó el propio Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. Ello requiere revisar la estructura, objetivos, planes y recursos del organismo a la vista de la experiencia acumulada durante estos tres lustros. Hay un gran contingente profesional deseando contribuir a la mejora de las enseñanzas artísticas en nuestro país. Solo falta que el Gobierno quiera y sepa encauzar esta fuerza profundamente comprometida con su quehacer diario con la educación, las artes, la cultura, el bienestar y el desarrollo.


Víctor Pliego de Andrés ES Miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas desde 2007 como representante del profesorado a propuesta de FECCOO.

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Víctor Pliego de Andrés

Catedrático de Historia de la Música en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid