Llueve sobre mojado en el 0-3

CON EL FINAL DE LA CRISIS, Y TRAS AÑOS DE CONGELACIÓN SALARIAL, se presentó la oportunidad de dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector de Centros de Asistencia y Educación Infantil con la negociación del XII Convenio Colectivo, pero la sumisión y complicidad del resto de organizaciones sindicales con las patronales impidió la tan ansiada recuperación.

Ha pasado más de un año y medio desde que la movilización liderada por CCOO desembocara en una huelga general ampliamente respaldada en mayo de 2019. Y es ahora cuando, tras nuevas decepciones en la Mesa Negociadora, iniciamos una serie de actuaciones con el objetivo de paliar las carencias de un convenio que sigue perpetuando la situación de precariedad laboral de miles de trabajadoras, poniendo en valor, al mismo tiempo, la defensa de la dimensión educativa de las profesionales y la reivindicación de la inclusión real de esta etapa.

En la última reunión de noviembre, que tenía por objeto abordar la adecuación de las tablas de retribuciones de 2020 al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), anunciamos el inicio de acciones legales al considerar que estas no pueden reflejar importes por debajo de dicha retribución. Así, el 28 de diciembre se presentó ante la Audiencia Nacional la correspondiente demanda de impugnación por ilegalidad del XII Convenio Colectivo, en la que se solicitó que se declarasen nulos los importes establecidos en las tablas salariales para aquellas categorías cuyas retribuciones eran inferiores al SMI.

Nos encontramos ante una situación en la que no todas las trabajadoras tienen garantizada, por convenio, la retribución mínima legal, ya que para ello dependen de si les corresponde percibir el Complemento por Perfeccionamiento Profesional (CPP), el cual solo reciben quienes cumplen determinados requisitos. Por tanto, existen quienes, al no cobrar este ni ningún otro complemento y percibir un salario base mensual inferior a los 950€, se encuentran en una situación claramente ilegal.

Por otro lado, hemos interpuesto conflicto colectivo para que se reconozca, con efectos desde el 1 de enero del año pasado, el derecho de las trabajadoras a percibir durante 2020 un salario mínimo de 950€ mensuales en 14 pagas, sin tener en cuenta el CPP para llegar a esa cifra. Asimismo, reivindicamos el derecho de las educadoras a percibir un salario digno, equitativo y suficiente, acorde con el valor del trabajo que desarrollan, y por tanto superior al SMI, ya que actualmente no existe una correlación entre la formación y la responsabilidad de la labor que realizan con sus condiciones retributivas.

Subyace una discriminación hacía el colectivo por el mero hecho de ser mayoritariamente femenino. La idea, ampliamente extendida, de que el servicio que se presta en los centros de Educación Infantil es atencional o de guardería, no ayuda a paliar el problema. Y aquí ni las patronales ni las administraciones hacen nada por cambiar esa percepción. La lucha sigue.

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Pedro Ocaña

Secretario de Privada y Servicios Socioeducativos