La Universidad pública que queremos

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, DIVERSAS VOCES LIDERADAS POR LOS PRESIDENTES Y SECRETARIOS de los consejos sociales en el entorno universitario han expuesto pública y reiteradamente la necesidad de impulsar importantes reformas sobre todo a nivel de gobierno de las universidades públicas, dando la falsa impresión de que su modernización y eficiencia descansa exclusivamente en el cambio de modelo de dirección para que se produzca la transformación del modelo académico actual en un modelo gerencial.

La Conferencia de Consejos Sociales, constituida desde 2005, aglutina tanto a los consejos sociales de las universidades públicas como a los consejos y patronatos de las privadas, y tiene entre sus funciones principales la supervisión y aprobación de los presupuestos y de la oferta académica de las entidades públicas de educación superior. Sin embargo esos mismos consejos sociales no realizaron ninguna manifestación ante los graves recortes que las mantienen en una situación dramática ni tampoco han cumplido con otra importante misión: la promoción de la colaboración de entidades sociales y económicas en la financiación universitaria.

De hecho, las empresas han sido las primeras en disminuir su participación en cuanto estalló la crisis financiera y no han respondido positivamente cuando esta se ha empezado a superar. Lo que ha quedado demostrado es que la financiación privada que ha representado una inversión de más del 13% del presupuesto de las universidades públicas es la procedente de las familias, por lo que CCOO entiende que una de las reformas que debe acometerse con profundidad es la relativa a la naturaleza, fines y composición de los consejos sociales, puesto que no han respondido a la principal función encomendada de órgano de cooperación con el gobierno de las universidades.

Desafíos

El primer debate que se debe abordar es la redefinición de los fines y misión de la Universidad teniendo en cuenta las recomendaciones de la Unesco que indican que la educación superior constituye un servicio público fundamental cuyo papel central es la responsabilidad social.

Así, CCOO entiende que la Universidad está al servicio de la sociedad para impulsar su mejora a través de todas sus funciones o actividades, que deben favorecer la cohesión social y territorial, disminuir las brechas de desigualdad y contribuir a conformar una ciudadanía más libre, democrática y crítica, favoreciendo la implementación de la sociedad del conocimiento, además de participar en la reforma del modelo productivo.

Para ello es primordial que las universidades públicas dispongan de una financiación adecuada y no pueden seguir en la fase crítica de contracción, con una disminución global de la financiación de más del 20% en relación con 2008. La modernización de la educación superior no será posible sin el establecimiento de una financiación básica estable que asegure su funcionamiento de calidad. Además, se debe plantear la financiación adicional plurianual basada en diversos indicadores, que abarcan desde planes estratégicos, proyectos cooperativos y cumplimiento de objetivos hasta la cuantificación del papel que desempeñan las universidades en el desarrollo, sostenibilidad y riqueza de su entorno territorial.

El establecimiento del modelo de universidad está absolutamente condicionado por la financiación. La plantilla de personal, la ratio PDI/PAS/estudiantes, la financiación basal de la investigación, así como las políticas de precios públicos junto con el sistema de infraestructuras universitarias han de ser determinantes para establecer un marco básico de financiación que debe ser actualizado anualmente.

¿Cómo establecer una financiación básica?

CCOO exige la disminución de la precariedad con la configuración de plantillas estables de personal, con una proporción de PDI indefinido preferentemente funcionarial igual o superior al 70% y del 90% en el ámbito del PAS. Y es imprescindible por tanto eliminar la tasa de reposición. Es urgente establecer y desarrollar el Estatuto del PDI como tienen otros colectivos profesionales (Sanidad, Justicia), donde se establezca la carrera académica vertical y horizontal, los derechos y deberes, y donde se actualicen la retribución y las tareas. Es también indispensable que se favorezca el desarrollo en el PAS de la carrera horizontal prevista en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), y el Gobierno debe derogar inmediatamente el decreto 14/2012 en los aspectos pertinentes al ámbito de la Universidad.

Además, el sindicato ha reiterado su solicitud de disminución de los precios públicos de los estudios oficiales universitarios y que este se armonice entre las CC. AA. para favorecer el acceso universal a la Educación Superior y la cohesión social. Reivindicamos también el carácter subjetivo de las becas para disminuir la brecha de desigualdad, para lo que tendrá que contemplar otros componentes como el PIB de la región donde se localice la universidad pública receptora del estudiante becado.

Si queremos seguir manteniendo nuestra posición en cuanto a producción investigadora, es necesario que se incremente la financiación de I+D+i tanto a nivel estatal como autonómico. Es obligatorio implementar una política estratégica territorial de cooperación para la transferencia e innovación donde la Universidad se convierta en uno de los pilares estratégicos para la transformación de su entorno.

Respecto a la internacionalización, independientemente de las alianzas y sinergias europeas, CCOO cree que se debe potenciar nuestra relación con América Latina y los países del Mediterráneo. Se deben establecer programas estratégicos que lleven a acuerdos de cooperación que permitan desarrollar el potencial de cada país y aprovechar sus recursos tanto materiales como humanos. Frente a unas relaciones internacionales en términos neoliberales, donde el interés último es el beneficio o impacto económico que se deriva, apostamos por unas relaciones más horizontales e igualitarias en las que no se pierden de vista otros factores culturales y de justicia e impacto social.

CCOO quiere frenar la implantación del modelo neoliberal, donde las empresas señalan que su problema es que la Universidad no forma a las y los profesionales que demandan, y, a la vez, que están sobrecualificados para el empleo que desarrollan.

En general, la relación de las empresas con la Universidad se basa exclusivamente en la subcontratación de servicios con fines investigadores o para el desarrollo de algunas actividades corporativas que las beneficien económicamente. Y no podemos obviar que la educación constituye un negocio. De hecho, estamos viendo que fondos de especulación están comprando algunas universidades privadas, por lo que la escasa contribución de las empresas a la financiación de las entidades públicas se puede entender más como una amenaza que como una oportunidad de crear vínculos estables, duraderos y beneficiosos para ambas partes.

Para mantener la autonomía y las funciones entrelazadas de docencia e investigación, CCOO cree que la Universidad debe profundizar necesariamente en la democratización de sus estructuras y considera que el modelo de gobierno debe ser el académico, con la participación de toda la comunidad universitaria.

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Encina González

Secretaría de Universidad e Investigación FECCOO

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