Otra mirada al acoso escolar: el caso de Costa Rica

EN COSTA RICA, AL IGUAL QUE EN OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS, la realidad del acoso escolar o bullying viene reconociéndose como una problemática desde hace décadas, poniendo ahora el foco también en el ciberacoso.

María Martha Durán hizo un análisis sobre las políticas de atención y prevención del bullying en el país (2016), señalando que una de las dificultades tiene que ver con la conceptualización del fenómeno, donde se dan muchos nombres para comportamientos diferentes; otra es la cultura del silencio, que perpetúa la falta de denuncia, como también la visión enfocada en la díada persona agresora-víctima, que deja de lado otros componentes y sus roles.

Según un estudio de Lentini, García y Borbón (2013), la violencia, en sus diversas modalidades, es parte de la convivencia diaria en los centros educativos (39% del alumnado ha sufrido algún acto violento y 9% son víctimas frecuentes). Además, en mayor o menor medida, tanto docentes como estudiantes participan de ella. Los malos tratos verbales son más frecuentes que los físicos, los hombres son más propensos a ser víctimas de violencia que las mujeres, y sus reacciones principales son no hacer nada o hablar con alguien al respecto, y es mínima la respuesta a la denuncia.

La investigación ponía en evidencia una clara tendencia a considerar solamente las conductas de agresión física como indicadoras de violencia. Además, señalaba que el tamaño del centro en cuanto a la cantidad de estudiantes y la relación con el espacio físico es un factor influyente, así como que la ausencia de apoyo docente y de los equipos directivos aumentan el riesgo de aparición de situaciones de acoso.

El narcotráfico como factor

Los análisis recientes del Informe del Estado de la Educación en Costa Rica no se han abocado a examinar el tema del acoso escolar. Sin embargo, en la edición de 2019 se reconoció que el narcotráfico ha impactado en los lugares en los cuales se ubican los centros educativos, donde se identifica cómo la exposición al narcotráfico incide en bajos niveles de rendimiento académico y en la generación de brotes de violencia.

Abordaje legal, institucional y estatal

A raíz de los casos presentados, han surgido pronunciamientos de la Sala Constitucional en favor del resguardo de la integridad de las y los estudiantes, además de sentencias contra el Estado por negligencia a la hora de atender el bullying en espacios educativos, incluidas medidas de rehabilitación para personas víctimas y victimarias.

Desde 2009 se establece en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes medidas para prevenir y atender el maltrato escolar, así como la estipulación de las sanciones y medidas a partir de la presencia de faltas relacionadas con violencia escolar.

En 2011 nació el Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos (Convivir), que en 2012 dio a conocer el Protocolo integrado para la atención de situaciones de violencia en los centros educativos de secundaria, consistente en una serie de orientaciones para toda la comunidad educativa que se han ido ajustando a las realidades, pero que lleva sin actualizarse desde 2016.

Algunas consideraciones finales

Costa Rica ha vivenciado el incremento del acoso escolar como una problemática de violencia que se instala dentro de las principales situaciones sociales en el sistema educativo.

El país cuenta con un marco legal y normativo importante para la defensa de ambientes libres de violencia para la niñez y la adolescencia. Además, diferentes instancias rectoras como el Ministerio de Educación, el Patronato Nacional de la Infancia y otras han desarrollado mecanismos de respuesta y atención institucional. Sin embargo, esto no ha generado el debido respaldo de la población.

Con la llegada de la pandemia se han propiciado diversas iniciativas de reforzamiento de medidas de ciberseguridad y control parental por sobreexposición a la tecnología en tiempos de COVID-19, pero aún sigue siendo muy necesaria la capacitación y sensibilización en la identificación y atención por parte de la comunidad familiar y docente.

Recae en las personas docentes una gran culpabilización social como origen del acoso, sin considerarse que, como fenómeno social, este es multifactorial y, aunque se presenta en contextos educativos, su origen trasciende a realidades muy diversas de la crianza y estilos de interacción social.

Se requiere una mirada atenta de previsión y revisión de las prácticas formativas y pedagógicas, pero también un señalamiento de las condiciones del personal educativo, donde la sobrecarga laboral y el poco tiempo de espacio pedagógico inciden en la imposibilidad de desarrollar medidas integrales.

Es tarea de los sindicatos docentes, y de toda la ciudadanía, la defensa y el reconocimiento de la responsabilidad de todos los actores intervinientes, especialmente de los Estados y gobiernos, que, con sus orientaciones de políticas públicas y socioeconómicas regresivas, afectan el tejido social, produciéndose condiciones de vulnerabilización, discriminación y violencia que impactan en prácticas como el acoso escolar.

Es imperativo que las organizaciones sociales y los sindicatos identifiquen la relación entre la presencia del acoso y sus factores multicausales para propiciar recursos de formación, denuncia y acción, e identificar la amplia relación que existe con un modelo de vida que favorece la competencia, el rechazo y el individualismo social, que es parte de la fisura que causa tanta distorsión y daño en los modos de convivencia de las infancias y adolescencias.

Referencias

  • Bullying, Políticas de atención y prevención en Costa Rica. María Martha Durán. Volumen 14, Número 1. 2016.
  • Revista Posgrado y Sociedad. Universidad Estatal a Distancia.
  • Adonde vayan las clases va el Bullying. Pronunciamiento Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. 02/05/2020.
  • Informe Estado de la Educación. Programa Estado de la Educación, 2019. Consejo Nacional de Rectores.
  • Informe Estado de la Educación. Programa Estado de la Educación, 2021. Consejo Nacional de Rectores.
  • Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública.

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Marianela Román Solano

Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE). Costa Rica